Viabilidad ambiental en las áreas protegidas del Ecuador: análisis del Acuerdo Ministerial Nro. MAATE-2022-079
DOI:
https://doi.org/10.53591/revug.v140i2.3211Palabras clave:
viabilidad ambiental, áreas protegidas, prevención de impactos, gestión ambiental, conservaciónResumen
El Acuerdo Ministerial Nro. MAATE-2022-079 constituye un instrumento de alta utilidad en el proceso de regularización ambiental, referente a la viabilidad ambiental de proyectos, obras o actividades que se desarrollan o intersecan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador. Este sistema cuenta actualmente con 81 áreas protegidas distribuidas en las regiones Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, protegiendo ecosistemas estratégicos, especies endémicas y una amplia diversidad biológica, elementos fundamentales para la conservación del patrimonio natural del país. El análisis considera el alcance técnico, operativo y jurídico del Acuerdo Ministerial y resalta su rol como instrumento normativo que dirige las intervenciones antrópicas dentro de áreas protegidas, en concordancia con los principios constitucionales de prevención, sostenibilidad, protección y remediación de la biodiversidad.
El trabajo se sustenta en un enfoque cualitativo centrado en el análisis jurídico y la interpretación del contenido normativo, mediante un diseño documental de carácter jurídico. Incluye la revisión de normativa ambiental, el análisis del contenido técnico del instrumento y la evaluación de su consistencia normativa, su alineación con el marco jurídico vigente y su pertinencia en la gestión ambiental. El Acuerdo Ministerial establece procedimientos administrativos y criterios técnicos que fortalecen la gestión preventiva de impactos ambientales; se identifican vacíos operativos en la delimitación de roles institucionales, la integración de los planes de manejo, la diferenciación según categorías de manejo y la ausencia de mecanismos claros de seguimiento y control. Se evidencia, además, una limitada participación de actores locales y comunidades en los procesos asociados a la viabilidad ambiental.
En la práctica, su aplicación muestra avances en la regularización ambiental del SNAP, aunque su efectividad depende del fortalecimiento de la articulación interinstitucional, la clarificación de responsabilidades y la implementación de mecanismos operativos que garanticen la protección del patrimonio natural en el Ecuador.
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