INTRODUCCIÓN
La seguridad es un aspecto clave para el desarrollo de cualquier sociedad en el mundo. Esta es definida por el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) de 1994, como la "ausencia de temor y ausencia de carencias". Este enfoque integra tanto la protección frente a amenazas físicas como la garantía de un acceso adecuado a recursos esenciales para la vida digna. En este sentido, la seguridad se plantea como un derecho fundamental, cuyo déficit no solo impacta la calidad de vida de los individuos, sino que también altera las dinámicas sociales y económicas en contextos urbanos (PNUD, 1994).
Esta definición ha evolucionado hacia enfoques más complejos que incluyen la seguridad ontológica, entendida como la confianza en la continuidad de la vida cotidiana (Giddens, 1990). En una escala macro, el concepto de “securitización” analiza cómo las amenazas se construyen social y políticamente para legitimar medidas excepcionales (Buzan et al., 1998). Aunque formulado en contextos nacionales, este enfoque resulta útil para comprender, a nivel local, los discursos sobre el crimen y la inseguridad urbana. En este sentido, el análisis geográfico del crimen urbano permite revelar que patrones territoriales, relaciones sociales y estructuras ambientes-espaciales operan conjuntamente para construir tanto el delito como la experiencia de inseguridad (Herbert, 1982).
Precisamente, en el ámbito urbano, la seguridad se vincula también con la planificación territorial y la prevención del delito. El diseño del espacio construido adquiere así un papel estratégico, tal como lo plantea la noción de “espacio defendible” (Newman, 1972). Desde este enfoque, la configuración física de la ciudad incide directamente en la percepción de riesgo, la convivencia y la calidad de vida urbana.
Este marco conceptual resulta crucial para analizar el contexto latinoamericano, donde la violencia urbana se relaciona con factores estructurales como la debilidad institucional, la impunidad y la presencia de economías ilegales como el narcotráfico, a los que se suman la desigualdad de ingresos y la falta de acceso a educación y empleo formal (Briceño-León, 2007; Moser & McIlwaine, 2004).
Dentro de este panorama regional, el caso de Guayaquil manifiesta con particular intensidad esta problemática. La seguridad en Guayaquil se ha convertido en una preocupación central, dada su condición de principal puerto logístico de Ecuador (ver Fig. 1). Esta urgencia responde al alarmante aumento de la violencia que ha enfrentado la ciudad en el último lustro. Prueba de ello es que, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP AC) de México, Guayaquil escaló drásticamente en el ranking de ciudades más violentas, pasando del puesto 50 en 2021 al octavo en 2023, análisis basado en la tasa de homicidios en ciudades con más de 300,000 habitantes (CCSPJP AC, 2024). En este sentido, los homicidios intencionados constituyen el principal indicador para medir los niveles de inseguridad y violencia en un territorio (OECO, 2025).
En el contexto del marco legal ecuatoriano, el homicidio intencional se define como la acción de privar de la vida a otra persona actuando con dolo. Concretamente, el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que actúa con dolo "quien, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta" (ANE, 2014). Esta definición refleja la influencia de la corriente finalista del Derecho penal, desarrollada por Hans Welzel, la cual concibe el delito como una acción humana dirigida conscientemente hacia un fin. Desde esta perspectiva, el dolo integra los elementos de conciencia y voluntad, definiéndose como "aquella voluntad finalista de acción que está dirigida hacia la concreción de las características objetivas de un tipo de injusto" (Welzel, 1956).
Sin embargo, un análisis puramente legal resulta insuficiente. El homicidio es un fenómeno multifacético que refleja, ante todo, las tensiones sociales, económicas y culturales de una sociedad (Zimring & Hawkins, 1997).
Figura. 1 Ubicación de Guayaquil
Elaboración propia
La violencia homicida en Guayaquil está directamente relacionada con el tráfico de sustancias ilícitas, un fenómeno que agrava aún más las condiciones de seguridad en la ciudad, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad (Cabezas et al., 2024; Flores, 2017). A nivel territorial, los distritos del sur y noreste de la ciudad han sido identificados como los más afectados por la violencia, lo que requiere de una atención particular para la asignación de recursos y la implementación de políticas de seguridad efectivas (Bravo, 2024; López, 2023). En particular, el sur de Guayaquil se ha consolidado como una de las áreas más impactadas por los homicidios intencionados (Calderón, 2023). En 2018, esta zona concentró, el 6% de todos los homicidios intencionales reportados en Ecuador, con un total de 140 casos a nivel nacional (Bravo, 2024). Este aumento en la criminalidad no solo evidencia una crisis de seguridad pública, sino que también pone de manifiesto las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan especialmente a las zonas periféricas de la ciudad.
En Guayaquil, la urbanización acelerada ha generado periferias caracterizadas por asentamientos informales y una marcada desigualdad socioeconómica. En estos entornos de vulnerabilidad social, la confluencia de la exclusión, la falta de oportunidades laborales, la limitada inversión en servicios públicos y altos niveles de pobreza crea un caldo de cultivo para la criminalidad (Balladares-Valencia y Valencia-Balladares, 2022; Flores, 2017). Esta situación puede explicarse mediante la teoría de la desorganización social, que vincula la incapacidad de una comunidad para autorregularse con el aumento de la delincuencia (Durkheim, 1893). El fenómeno resultante es la concentración de homicidios en estas zonas, un patrón asociado a cómo las brechas económicas exacerban los conflictos sociales y promueven dinámicas de violencia (Bravo, 2024).
La marcada jerarquía socioeconómica en ciudades como Guayaquil (ver Fig. 2) genera una dinámica urbana excluyente. Mientras los estratos más altos disfrutan de una mejor infraestructura, mayor conectividad y acceso a servicios de calidad, las clases más bajas enfrentan carencias de servicios básicos, una menor integración a la ciudad y una vida cotidiana marcada por la inseguridad. Precisamente, esta segregación sustenta los postulados de la teoría de la ecología social del crimen (Shaw & McKay, 1942), la cual argumenta que las áreas con alta pobreza y movilidad residencial presentan mayores tasas de delincuencia debido a la desorganización social. En Guayaquil, esto se manifiesta en una frágil cohesión comunitaria y la proliferación de grupos delictivos en zonas marginadas.
Figura. 2 Niveles socioeconómicos de Guayaquil
Elaboración propia a partir de (dvargas-ec, 2024)
Teorías estructurales del estudio de la violencia y criminalidad
Teoría de la Anomia
Propuesta por Émile Durkheim y desarrollada posteriormente por Robert K. Merton, esta teoría explica cómo la falta de integración social y los conflictos entre las metas culturales y los medios disponibles generan comportamientos desviados, incluidos los actos violentos. En el contexto de una ciudad, las expectativas frustradas de movilidad social pueden contribuir al aumento de los homicidios. Merton identificó cinco adaptaciones posibles a la anomia: conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión. En el caso de la violencia urbana, la "innovación" es particularmente relevante, ya que los individuos que no pueden alcanzar sus metas a través de medios legítimos pueden recurrir a actividades ilegales, como el crimen organizado. Agnew amplió esta teoría con su enfoque de la "tensión general", que incluye no solo la frustración de metas económicas, sino también la pérdida de estatus y la exposición a entornos violentos (Merton, 1968; Agnew, 1992).
Teoría de la Exclusión Social
Esta teoría sostiene que las desigualdades económicas y sociales marginan a ciertos grupos, limitando su acceso a recursos y oportunidades. Tal exclusión no solo afecta la calidad de vida, sino que también fomenta la criminalidad como un medio de resistencia o supervivencia. Castel ha profundizado en este concepto, distinguiendo entre la exclusión social y la vulnerabilidad. Mientras que la exclusión implica una ruptura total con las redes sociales y económicas, la vulnerabilidad se refiere a un estado de precariedad que puede llevar a la exclusión si no se interviene. En el contexto urbano, la exclusión social se manifiesta en la formación de guetos y áreas marginadas, donde la violencia se convierte en una forma de afirmación identitaria y resistencia simbólica (Silver, 1994; Castel, 1995; Wacquant, 2008).
Enfoque de la Geografía Crítica y Producción del Espacio
Henri Lefebvre y David Harvey plantean que el espacio urbano es una construcción social, influenciada por relaciones de poder y desigualdad. En este marco, los homicidios no son solo eventos aislados, sino parte de un fenómeno más amplio donde las dinámicas espaciales, como la segregación urbana, refuerzan las desigualdades y las tensiones sociales. Lefebvre, en su obra La producción del espacio, argumenta que el espacio no es un mero contenedor de actividades sociales, sino un producto de las relaciones sociales y económicas. En este sentido, la violencia urbana puede ser entendida como una consecuencia de la lucha por el control del espacio en contextos de desigualdad. Soja, por su parte, introduce el concepto de "justicia espacial", que enfatiza la necesidad de redistribuir los recursos y oportunidades de manera equitativa en el espacio urbano para reducir las tensiones sociales (Harvey, 1973; Lefebvre, 1974; Soja, 1989).
En conjunto, estas teorías proporcionan una base sólida para analizar los homicidios en Guayaquil, destacando cómo la desigualdad socioeconómica, la exclusión social y las dinámicas espaciales están interconectadas con la violencia urbana. Este marco teórico permite interpretar de manera integral las complejas relaciones entre los factores sociales y territoriales en el contexto de la ciudad.
Figura. 3 Resumen de teorías estructurales claves
Elaboración propia.
En el caso de Guayaquil, este tipo de delito ha sido abordado principalmente en tesis de grado y maestría (Bravo, 2024; Calderón, 2023; Flores, 2017; López, 2023; Porras, 2023), mientras que los artículos científicos en revistas indexadas son escasos (Balladares-Valencia y Valencia-Balladares, 2022; Calderón, 2021; Cabezas et al., 2024). En general, estos trabajos analizan la violencia como fenómeno global o se concentran específicamente en los homicidios, adoptando perspectivas teóricas o descriptivas (Balladares-Valencia y Valencia-Balladares, 2022; Calderón, 2023; Flores, 2017). Además, la mayoría se basa en datos previos a 2023 (Balladares-Valencia y Valencia-Balladares, 2022; Calderón, 2021), lo que impide examinar la crisis más reciente de violencia urbana.
Otras investigaciones se han centrado en zonas o dimensiones específicas de la ciudad (Calderón, 2021, 2023; Bravo, 2024; Flores, 2017). Los estudios más recientes han incorporado herramientas de análisis espacial para examinar la distribución de homicidios intencionales (Bravo, 2024), mientras que otros mantienen un enfoque descriptivo (Porras, 2023; Cabezas et al., 2024) o se orientan hacia la gestión de la seguridad (López, 2023). Sin embargo, ninguno de ellos aborda en profundidad la relación entre los niveles socioeconómicos y la concentración territorial de los homicidios, aspecto que constituye el principal aporte de este estudio.
En este sentido, el presente estudio analiza la distribución espacial de los homicidios en Guayaquil durante 2023 y su relación con los niveles socioeconómicos de la ciudad. La hipótesis central plantea que los homicidios tienden a concentrarse en áreas con mayores niveles de desigualdad económica y social, lo que evidencia la influencia de factores estructurales en la distribución de la violencia urbana.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio utilizó herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para analizar la distribución espacial de los homicidios en Guayaquil durante 2023 y su relación con los niveles socioeconómicos de la ciudad. Los datos de homicidios fueron obtenidos de fuentes oficiales del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MTSI). El análisis aplicó el método de Densidad Kernel, con radios de búsqueda de 2 y 3 kilómetros, para identificar zonas de alta concentración de homicidios. Asimismo, se emplearon cubos espacio-tiempo y el análisis de puntos calientes emergentes (Emerging Hot Spot Analysis) para examinar la evolución temporal y territorial de la violencia, revelando la persistencia o intensificación de homicidios en determinadas áreas.
Para evaluar la existencia de patrones espaciales no aleatorios, se calculó el Índice de Moran Global. Los datos incluyeron homicidios intencionados georreferenciados y características sociodemográficas del territorio. Este enfoque metodológico se complementó con un marco teórico basado en la Teoría de la Anomia, la Teoría de la Exclusión Social y los aportes de la Geografía Crítica, perspectivas que permiten analizar la violencia como resultado de tensiones sociales, económicas y urbanas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados
A continuación, se presentan los principales hallazgos del análisis espacial de los homicidios intencionados en Guayaquil durante 2023. Los resultados ofrecen un panorama general de este delito que cuantifica su magnitud y características básicas, así como un análisis geoespacial integrado con factores socioeconómicos que revela patrones de distribución y concentración territorial del fenómeno.
Guayaquil panorama de homicidios
El deterioro de la seguridad en Guayaquil se evidencia en el incremento de los homicidios intencionados (ver Fig. 4), este ha aumentado un 884,3%[2] entre 2014 y 2023, periodo en el que se registró un total de 6296 homicidios intencionados (MTSI, 2024). Esta alarmante escalada de violencia llevó tanto al gobierno central a implementar diversas estrategias para frenar este tipo de violencia, aunque estas acciones no han logrado contener significativamente la criminalidad (CIDOB, 2021; Primicias, 2023).
Figura. 4 Homicidios intencionados de 2014 a 2023 en Guayaquil
Elaboración propia a partir de MTSI (2024)
El año 2023 fue muy crítico, se presentaron un total de 2382 homicidios intencionados en una población urbana de 2650288 (INEC, 2022) lo que se traduce en una tasa de homicidios de 89.87 por cada 100,000 habitantes, superando ampliamente el umbral de los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, “nivel considerado como epidémico” (PNUD, 2013).
Figura. 5 Homicidios intencionales por tipo de arma 2014-2023 (enero-diciembre)
Elaboración propia a partir de MTSI (2024)
Existe prevalencia de la utilización de armas de fuego para el cometimiento de homicidios intencionales (ver Fig. 5). En el 2023, se registraron 2149 homicidios perpetrados con armas de fuego, seguidos por 120 homicidios con armas blancas, y 56 con armas no identificadas por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Finalmente, le siguen los homicidios con armas contundentes 40 y constrictoras 17.
En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario (ver Fig. 6), la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 30 años, representando el 21,23 % del total de homicidios en el periodo estudiado. A esta población le siguen las víctimas entre 20 y 25 años con el (19,95 %), entre 30 y 35 (16,31%) y, entre 35 y 40 años (11,25 %). Cabe resaltar que se registran homicidios perpetrados contra niños, niñas y adolescentes entre 15 a 20 años del 10,47%.
Figura. 6 Homicidios intencionales por grupo etario 2023
Elaboración propia a partir de MTSI (2024)
En definitiva, Guayaquil enfrenta una crisis de seguridad, con una violencia homicida que constituye una epidemia y afecta predominantemente a la población adulta joven. La persistencia de esta fenómeno evidencia la insuficiencia de las estrategias aplicadas hasta el momento, demandando un abordaje integral que enfrente las causas estructurales de la criminalidad.
Concentración de homicidios
El análisis de densidad Kernel permitió medir la intensidad y concentración de homicidios en diferentes áreas de Guayaquil, utilizando radios de búsqueda de 2 y 3 kilómetros. Los resultados revelan que los homicidios tienden a concentrarse en zonas con niveles socioeconómicos correspondientes a clases media-baja y baja, con una especial incidencia en el norte y sur de la ciudad. En el sur de Guayaquil, la concentración es notablemente mayor, reflejando valores de intensidad significativamente altos. Estas áreas predominan por niveles socioeconómicos que abarcan desde la clase baja y medio-baja hasta la clase media (ver Fig. 7).
Figura. 7 Densidad Kernel homicidios intencionados Guayaquil 2023
Elaboración propia
Comparación de periodos
Se realizó una comparación de los cambios porcentuales en los homicidios entre los dos semestres del año 2023, de enero a junio (semestre I) y de julio a diciembre (semestre II). Los resultados indican que los homicidios intencionados crecieron más de un 5 % en el segundo semestre, concentrándose principalmente en las zonas del sur y centro de la ciudad, áreas caracterizadas por niveles socioeconómicos medio bajos, medios altos y altos. Por el contrario, hacia el norte y el oeste de la ciudad se muestra una disminución de los homicidios superior al 10 %, particularmente en zonas habitadas mayoritariamente por clases media baja, media y media alta (ver fig. 8).
Figura. 8 Cambios porcentuales de homicidios entre enero – junio a julio-diciembre 2023
Elaboración propia.
Zonas calientes
El análisis de zonas calientes indicó que los homicidios afectan a todos los niveles socioeconómicos de la ciudad, aunque el impacto es mayor en los niveles bajo, medio y medio bajo, esto es norte y sur de la ciudad. Por otro lado, las clases media alta y alta presentan una incidencia menor de homicidios, centro de la ciudad. (ver Fig. 9).
Figura. 9 Identificación de punto calientes de homicidios 2023
Elaboración propia.
Cubos espacio-tiempo
El análisis de cubos espacio-tiempo, mediante el Emerging Hot Spot Analysis, identificó patrones de concentración en áreas específicas. Se destacaron puntos calientes persistentes (persitent hot spot) en el norte y sur de la ciudad, puntos calientes consecutivos (conscutive hot spot), y un aumento de intensidad (intensifying hot spot) en el sur. Estas áreas corresponden principalmente a zonas de clases media y media baja, lo que sugiere una relación con factores socioeconómicos como la pobreza y la actividad delictiva organizada.
Adicionalmente, se observaron puntos fríos esporádicos (sporadic cold spot) en el centro de la ciudad, donde predominan niveles socioeconómicos medio altos y altos, con una menor incidencia de homicidios. Este análisis resalta la importancia de estudiar la distribución espacio-temporal para identificar patrones críticos y diseñar estrategias de seguridad basadas en evidencia (ver Fig. 10).
Figura. 10 Focos y patrones espacio temporales de homicidios 2023
Elaboración propia.
Autocorrelación espacial
El Índice de Moran Global (Moran's I = 0,304079; z-score = 2,557428; p-value = 0,010545) reveló una autocorrelación espacial positiva y estadísticamente significativa (p < 0,05) en la distribución de homicidios en Guayaquil, indicando que estos tienden a agruparse espacialmente. Esto sugiere que áreas con altos índices de homicidios están cercanas entre sí, mientras que áreas con bajos índices también se agrupan. La significancia estadística (z-score > 1,96) confirma que este patrón no es aleatorio, lo que podría estar asociado a factores sociales, económicos o geográficos subyacentes.
Estos resultados resaltan la necesidad de implementar estrategias de seguridad y políticas públicas focalizadas en las áreas con mayor concentración de homicidios para una intervención más efectiva (ver Fig. 11). Los resultados confirmaron la existencia de agrupaciones significativas de homicidios, lo que fundamentó la identificación de zonas críticas.
Figura. 11 Índice de Moran Global: Correlación espacial de homicidios en Guayaquil
Elaboración propia.
Discusión
Los resultados obtenidos confirman la hipótesis central de este estudio, que sostiene que los homicidios tienden a concentrarse en áreas con mayores niveles de desigualdad económica y social, principalmente en las zonas del sur y parte del norte de la ciudad, donde predominan las clases bajas y medias bajas.
La autocorrelación espacial positiva observada mediante el Índice de Moran y los análisis de densidad y clústeres evidencia que la violencia no se distribuye de forma aleatoria, sino que responde a patrones estructurales vinculados a condiciones socioeconómicas y territoriales. Este hallazgo se relaciona con la teoría de la exclusión social (Silver, 1994; Castel, 1995; Wacquant, 2008), que plantea que la marginalización económica y la falta de acceso a recursos y oportunidades generan entornos de vulnerabilidad donde la violencia puede emerger como forma de resistencia o supervivencia. El análisis espacial de los homicidios en Guayaquil durante 2023 arroja importantes hallazgos que confirman la interconexión entre violencia urbana, desigualdad socioeconómica y configuración espacial. Estos resultados no solo complementan las perspectivas teóricas previas, sino que también plantean nuevos desafíos para comprender y abordar este fenómeno.
Asimismo, los patrones espaciales identificados refuerzan los postulados de la geografía crítica y la teoría de la producción del espacio (Lefebvre, 1974; Harvey, 1973; Soja, 1989), al mostrar que la violencia urbana es una consecuencia directa de la producción desigual del espacio. La expansión desordenada, la segregación residencial y la precariedad en los barrios periféricos crean escenarios propicios para la criminalidad y el control territorial por parte de grupos ilegales. En este contexto, la violencia refleja no solo tensiones sociales, sino también la disputa por el uso y apropiación del territorio urbano.
El análisis de densidad Kernel y los cubos espacio-tiempo mostraron patrones claros: mientras que el sur de la ciudad emerge como una zona de alta intensidad en homicidios, el norte presenta una disminución significativa. Estos resultados son consistentes con los planteamientos de la geografía crítica, según la cual la violencia no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la producción y segregación del espacio (Lefebvre, 1974; Harvey, 1973). En este caso, la expansión urbana desordenada, combinada con la falta de cohesión comunitaria en áreas de exclusión, crea un terreno fértil para la criminalidad y el control territorial por parte de grupos delictivos (Soja, 1989).
Finalmente, la persistencia de focos de homicidios coincide con las explicaciones de la teoría de la desorganización social (Shaw & McKay, 1942) y la teoría de la anomia (Durkheim, 1893; Merton, 1968; Agnew, 1992). La fragmentación comunitaria y la falta de cohesión social favorecen la continuidad del crimen, mientras que las expectativas frustradas de movilidad social y la carencia de medios legítimos impulsan comportamientos desviados. En conjunto, los resultados muestran que la violencia homicida en Guayaquil es el producto de la interacción entre desigualdad socioeconómica, exclusión social y segregación espacial, lo que subraya la necesidad de políticas públicas integrales orientadas a reducir las brechas estructurales y promover una mayor justicia social y territorial.
CONCLUSIÓN
El estudio confirma una relación significativa entre los homicidios en Guayaquil y la desigualdad socioeconómica, evidenciada en la concentración de casos en zonas del sur y norte de la ciudad, caracterizadas por pobreza, exclusión y segregación urbana. Estos patrones respaldan los postulados de la teoría de la exclusión social, la anomia y la geografía crítica, al demostrar que la violencia urbana no es un fenómeno aislado, sino una expresión de las tensiones estructurales derivadas de la desigual producción del espacio y de la distribución inequitativa de los recursos.
La persistencia de focos de violencia y su correlación espacial positiva evidencian dinámicas delictivas consolidadas y una limitada capacidad institucional para intervenir en los territorios más afectados. Estos resultados destacan la necesidad de políticas públicas integrales que combinen seguridad ciudadana, planificación urbana e inclusión social, promoviendo la justicia espacial como principio para reducir las brechas estructurales que sustentan la violencia.
Si bien el análisis se centró únicamente en los homicidios y en un periodo anual, reconociendo así una limitación importante, los hallazgos constituyen una base sólida para futuras investigaciones multianuales y multivariables que integren otras tipologías delictivas y factores sociales. Ello permitirá comprender con mayor profundidad la complejidad de la violencia urbana y fortalecer la formulación de estrategias de prevención basadas en evidencia.
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