INTRODUCCIÓN
En el ámbito del derecho internacional, se ha evidenciado un progreso significativo, especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados de asegurar, respetar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos dentro de sus fronteras (Albán, 2020). Para cumplir con esta obligación, se han establecido entidades gubernamentales destinadas a llevar a cabo esta labor, que reciben distintas denominaciones. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina, se les reconoce comúnmente como la Defensoría del Pueblo. Este avance señala un enfoque creciente en la protección y promoción de los derechos fundamentales a nivel internacional y nacional.
Esta institución ha sido reconocida dentro de la región, como uno de “eventos más destacados en los últimos años en las naciones del área" (Maiorano, 2001, págs. 191-192), convirtiéndose en un punto de referencia esencial para garantizar y honrar los derechos humanos de los habitantes de América Latina.
Según Maiorano, (2001) se observa que la motivación subyacente para buscar una mayor seguridad y respuesta a la cada vez más creciente demanda de protección integral de los derechos humanos, fue un factor determinante en la creación de una institución que poseía renombre y respeto a nivel global, particularmente en el contexto europeo. Sin embargo, a pesar de esta influencia, esta institución fue adaptada con características únicas y particulares (Rivera, 2019).
Esto se realizó en concordancia con los principios de protección y resguardo de los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas, los cuales se basan en la identificación e investigación de vulneración de derechos fundamentales, el enjuiciamiento de aquellos que cometan violaciones y la provisión de recursos y reparación a las víctimas. (Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, 2006) De esta manera, la Defensoría del Pueblo representa una alternativa de solución frente a la inapropiada aplicación de la legislación.
Desde la posición jurídica, la Defensoría del Pueblo es una entidad de derecho público con alcance nacional, dotada de personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su función principal consiste en salvaguardar y promover los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados por el país. Asimismo, tiene la facultad de intervenir en la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, así como en la defensa de los ecuatorianos en el extranjero, mediante la interposición de recursos legales y la realización de acciones encaminadas a prevenir y remediar posibles violaciones de los derechos humanos (Quesada et al. 2005).
Los deberes inherentes a la Defensoría del Pueblo se relacionan con la indagación y resolución de quejas, generalmente a través de recomendaciones o mediación (Pérez, 2008), con el objetivo de brindar las garantías necesarias para la protección de aquellos que buscan su ayuda y evitar que queden en una situación de indefensión. Además, su labor consiste en identificar problemas recurrentes que resultan en un servicio deficiente o vulneración de los derechos ciudadanos.
En los países que reconocen la figura del Defensor del Pueblo, esta institución ha emergido como uno de los primordiales tutores de los derechos humanos y la institución que la dirige, conocida como Defensoría, es considerada una institución nacional. Con el paso del tiempo, esta se ha extendido a la mayoría de los Estados, incluso en organizaciones como la Unión Europea, lo que ha ampliado su área de acción. De esta manera, la Defensoría del Pueblo no solo cumple el mandato para abordar la actuación del sector público, sino que también tiene la capacidad de intervenir en los sectores privados que ofrecen servicios básicos, debido a su nivel de representatividad.
No obstante, a pesar de que esta institución se ha consolida dentro de la región, como una figura trascendental en el desarrollo de una democracia igualitaria y equitativa, cuyas funciones se han direccionado hacia el resguardo, tutela y difusión de los derechos fundamentales de todo ciudadano, se siguen presentando notables retos en el ejercicio de las acciones de esta institución, en la legitimación social y procesal, en relación a sus competencias, en la resolución de conflictos, protección de víctimas de la violencia, entre otros aspectos.
Ante este nuevo fenómeno, Ecuador no ha sido la excepción, y a partir de 1994, al igual que el resto de Latinoamérica, surge la necesidad de garantizar los derechos de las personas ante una justicia carente de respuestas acertadas.
Es por esto, que la Carta Magna Nacional en el artículo 215, inciso primero, señala que: La principal responsabilidad de la Defensoría del Pueblo es garantizar y preservar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es importante resaltar que, en su labor cotidiana, esta entidad se dedica a fomentar y salvaguardar los derechos de la población, poniendo un énfasis especial en los grupos que requieren atención prioritaria. Uno de los temas que despierta un gran interés dentro de la institución es aquel relacionado con los derechos de los usuarios y consumidores, y gran parte de su enfoque está dirigido hacia este ámbito. (p. 76)
En este sentido, el Estado ecuatoriano ha conformado a la institución de la Defensoría del Pueblo con una gran cantidad de delegados que actúan dentro de todas las provincias e incluso en el exterior.
Es así como la Constitución destaca en su Art. 215 que son facultades de la Defensoría del Pueblo:
1. Posee la autorización para representar, de manera automática o a petición de una parte, procedimientos legales como la protección de derechos, hábeas corpus, acceso a información pública, hábeas data, situaciones de incumplimiento, acciones ciudadanas y quejas referentes a la calidad deficiente o prestación inadecuada de servicios, tanto del sector público como privado.
2. Además, tiene la capacidad de emitir órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento en el ámbito de la defensa de derechos; si se presenta desobediencia, puede requerir la evaluación y aplicación de sanciones correspondientes ante la entidad competente.
3. La entidad también ostenta la tarea de indagar y resolver, en consonancia con su conjunto de atribuciones, situaciones de acción u omisión llevadas a cabo por individuos o entidades legales que provean servicios públicos, asegurando su adecuado cumplimiento.
4. De igual modo, está encargada de ejercer y promover la supervisión del proceso legal adecuado, así como prevenir y detener de manera inmediata cualquier forma de violencia todas sus manifestaciones. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 76)
Sin embargo, diferentes investigaciones han revelado que a nivel nacional hay poca participación ciudadana en la presentación de denuncias ante la Defensoría del Pueblo principalmente debido a que muchos ciudadanos desconocen la existencia de este organismo oficial y sus funciones (Rosas & Pila, 2023). Además, se ha evidenciado la falta de una planificación estratégica a nivel nacional que permita mejorar la efectividad de su trabajo. Estas deficiencias en definitiva afectan a los ecuatorianos, quienes prefieren no acudir a esta institución a presentar sus reclamos cuando sus derechos no son resguardados. Por otro lado, también se observa una escasez de personal que dificulta la agilidad en el procesamiento de los trámites (Marcos & Saldaña, 2022).
Bajo estas consideraciones, este artículo científico se ha enfocado en analizar el rol de la defensoría del pueblo en la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos fundamentales en el Ecuador, con la finalidad de establecer si las funciones desarrolladas por esta institución favorecen los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Para esto, se realizará un análisis de una serie de investigaciones que han abordado esta temática durante los últimos años y así determinar la efectividad de las funciones ejercidas por este organismo.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada en esta investigación se fundamenta en un análisis jurídico doctrinal sobre el rol de la Defensoría del Pueblo en la promoción, práctica y difusión de los derechos fundamentales en el Ecuador.
Se utiliza un estudio transversal, bajo un diseño de tipo descriptivo y el método de análisis bibliográfico, ya analizando, sintetizado y examinado un grupo de investigaciones desarrolladas en relación al rol de la Defensoría del Pueblo en diversas índoles de la realidad ecuatoriana, para comprobar la efectividad de las funciones ejercidas por esta institución en la resolución de conflictos. Además, se revisaron y analizaron datos estadísticos relacionados al total de casos recibidos y resueltos por la Defensoría del pueblo, durante el periodo 2016-2021
La técnica a utilizar fue la observación directa y el análisis documental de los datos, investigaciones y fundamentos doctrinales y jurídicos que han sido abordados en este artículo científico. Por lo tanto, se seleccionaron cuatro (4) investigaciones relacionados al rol y las funciones ejercidas por la Defensoría del Pueblo dentro del contexto ecuatoriano y tres (3) informes Mundiales sobre los Derechos Humanos en Ecuador, periodo 2016-2021, a partir de los cuales se establecer un análisis comparativo, una revisión sistemática y una síntesis completa.
Tabla 1: Fuentes relacionadas con el rol y las funciones ejercidas por la Defensoría del Pueblo dentro del Ecuador
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Fuente |
Autor |
Año |
Área |
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La Defensoría del Pueblo como institución garantista de los derechos de las personas consumidoras, en la legislación nacional |
Ramiro Ramírez |
2016 |
· Derechos de las personas consumidoras |
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Función conciliadora de la Defensoría del Pueblo del Ecuador |
Miller Marín |
2017 |
· Acción conciliadora en la garantía de los derechos humanos |
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Rol de la Defensoría del Pueblo en la solución de conflictos de Babahoyo, Ecuador 2018 |
Walter Guamán |
2019 |
· Solución de conflictos |
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La fuerza jurídica coercitiva y los informes motivados emitidos por la Defensoría del Pueblo del Ecuador |
Verónica Tixi |
2019 |
· Fuerza jurídica coercitiva |
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Informe Mundial de Derechos Humanos: Ecuador |
Human Rights Watch |
2020 2021 2022 |
· Derechos Humanos |
Fuente: Rodríguez, 2020
DESARROLLO
El rol de la Defensoría del pueblo en el resguardo de los derechos fundamentales
La Defensoría del Pueblo desempeña un papel crucial en la protección y resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un Estado. Su función principal es actuar como un órgano independiente que vela por los derechos humanos y asegura que las instituciones gubernamentales cumplan con sus responsabilidades en este ámbito.
En muchos países, esta institución actúa como un puente entre el ciudadano común y el sistema estatal, ofreciendo un mecanismo accesible para abordar quejas relacionadas con violaciones de derechos fundamentales. Su independencia es esencial para garantizar que pueda llevar a cabo investigaciones objetivas y presentar recomendaciones sin interferencias políticas.
El rol de la Defensoría del Pueblo incluye la supervisión de la administración pública para asegurar que las políticas y prácticas gubernamentales estén alineadas con los principios fundamentales de derechos humanos. Además, puede intervenir en casos individuales o sistémicos para corregir violaciones de derechos, abogando por la justicia y la equidad. También juega un papel educativo, informando a la población sobre sus derechos y ofreciendo orientación sobre cómo ejercerlos. Esto contribuye a empoderar a los ciudadanos y fortalece la cultura de respeto a los derechos fundamentales.
Es importante destacar que la efectividad de la Defensoría del Pueblo depende en gran medida de su autonomía, recursos y autoridad. La capacidad de investigar, emitir recomendaciones vinculantes y colaborar con otras instituciones son factores que influyen en su capacidad para influir positivamente en la protección de los derechos fundamentales.
La Defensoría del pueblo desde un enfoque jurídico
Desde una perspectiva jurídica, la Defensoría del Pueblo en Ecuador constituye una institución clave para la protección de los derechos fundamentales. Su legitimidad y funciones se encuentran respaldadas por disposiciones legales y constitucionales que establecen claramente su autonomía y mandato. Este marco legal debe garantizar su independencia respecto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, permitiéndole actuar de manera imparcial y neutral en la defensa de los derechos humanos.
Su capacidad para llevar a cabo investigaciones imparciales y efectivas es fundamental desde el punto de vista jurídico. Este aspecto implica no solo la iniciación de procesos de investigación, sino también la habilidad para recopilar pruebas y datos pertinentes en casos de presuntas violaciones de derechos fundamentales.
En el ámbito del acceso a la justicia, desempeña un papel crucial al facilitar la resolución directa de casos o al promover acciones que favorezcan la entrada de los ciudadanos al sistema judicial. Su intervención debería contribuir a cerrar la brecha entre los ciudadanos y la justicia, asegurando que las violaciones de derechos no queden impunes.
Es esencial que la Defensoría cumpla con estándares internacionales de derechos humanos, incorporando en su labor los principios establecidos en tratados y convenciones ratificados por el país. Este enfoque garantiza que sus acciones estén alineadas con las normas internacionales y refuercen la protección efectiva de los derechos fundamentales.
De esta manera, la efectividad de las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo es otro punto de análisis jurídico relevante. Se espera que estas recomendaciones no solo sean pertinentes y justas, sino que también influyan de manera significativa en la corrección de violaciones de derechos fundamentales. La capacidad de seguimiento y la implementación efectiva de estas recomendaciones son aspectos cruciales para evaluar su influencia en la protección de los derechos.
El rol de la Defensoría del pueblo en el resguardo de los derechos fundamentales en Ecuador
La Defensoría del Pueblo en Ecuador desempeña una función primordial en la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su misión central consiste en actuar como un defensor independiente frente a posibles abusos estatales, recibiendo quejas y denuncias para luego investigar casos de presuntas violaciones de derechos fundamentales. Este organismo también se encarga de supervisar las actuaciones de las autoridades y entidades gubernamentales, asegurando que estas estén en consonancia con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Además de su papel de defensor, cumple una función educativa esencial, informando a la población sobre sus derechos y proporcionando orientación sobre cómo ejercerlos. Este componente educativo contribuye significativamente al empoderamiento ciudadano y fomenta la participación informada en la sociedad.
Sin embargo, a pesar de su importancia, enfrenta diversas deficiencias que pueden afectar su eficacia. Una de estas limitaciones notables es la escasez de recursos, tanto financieros como humanos, que podría dificultar su capacidad para abordar de manera eficiente todas las quejas y casos de violaciones de derechos fundamentales.
Otro desafío significativo radica en la falta de independencia absoluta. Aunque concebida como un organismo independiente, la Defensoría del Pueblo puede experimentar presiones políticas que limitan su autonomía y, en consecuencia, su capacidad para abordar ciertos casos de manera imparcial.
Adicionalmente, las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo, a veces, carecen de fuerza vinculante, lo que limita su impacto y efectividad en la corrección de violaciones de derechos fundamentales. Este aspecto plantea preguntas sobre la implementación real de sus sugerencias y la capacidad de generar cambios tangibles.
También, existe la posibilidad de desafíos en la accesibilidad, especialmente para ciertos grupos de la población, como aquellos en zonas rurales o con barreras socioeconómicas. Esto podría afectar la capacidad de la Defensoría del Pueblo para llegar a todas las capas de la sociedad y brindar asistencia de manera equitativa.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo podría enfrentar desafíos en cuanto a su visibilidad y comprensión por parte de la población en general. La falta de conocimiento sobre sus funciones y recursos podría reducir su eficacia como un recurso accesible para la ciudadanía.
RESULTADOS
Al indagar sobre el rol de la defensoría del pueblo en el resguardo de los derechos humanos en el Ecuador, es importante señalar que la eficacia de esta institución se puede evaluar en función de su capacidad para recibir, investigar y atender las acusaciones de violaciones de derechos presentadas por los ciudadanos. En este sentido, es importante analizar si la institución cuenta con mecanismos eficientes y transparentes para recibir y dar seguimiento a las denuncias, así como si brinda respuestas adecuadas y oportunas a los afectados.
Ante estas afirmaciones, se requiere un análisis riguroso que considere múltiples fuentes de información, que permitan obtener una imagen completa y precisa de su desempeño dentro del contexto ecuatoriano y permita vislumbrar su funcionamiento.
Es por esto, que, a través del análisis planteado en este estudio, se han revisado una serie de investigaciones que abordan el rol y las funciones de la Defensoría del Pueblo en diferentes áreas, con la finalidad de establecer si efectivamente las intervenciones de esta institución garantizan los derechos humanos de la ciudadanía ecuatoriana.
Desde estos preceptos, se presenta el estudio llevado a cabo por Ramiro Ramírez (2016) que se centra en examinar el papel de la Defensoría del Pueblo como entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores en la legislación nacional. Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron métodos y técnicas como el enfoque histórico-lógico, el enfoque inductivo-deductivo y el enfoque analítico-sintético. Además, se aplicaron técnicas como la observación directa, encuestas y entrevistas, utilizando cuestionarios y guías aplicadas para la obtención de información.
Los resultados alcanzados a través de este trabajo, comprobaron que durante el periodo analizado se evidenció poco conocimiento de los consumidores en relación a sus derechos, esto los deja más vulnerable ante comerciantes que ofertan bienes o servicios de mala calidad y a precios altos, causando daños económicos e incluso a su integridad.
De la misma manera, Ramírez afirma, que a pesar de la presencia de la Ley de Defensa del Consumidor en el año 2000 y ratificada en la Constitución del año 2008, su aplicación no se ha realizado de manera efectiva, persisten vacíos en su texto que limitan las acciones de la Defensoría del Pueblo, para garantizar los derechos de las personas consumidoras.
Así mismo, se demostró la falta de servidores públicos para brindar una atención oportuna, donde el presupuesto otorgado para esta institución incidió en la capacitación y preparación del personal que integra la defensoría y que no puedan cumplir apropiadamente con sus funciones, lo que refleja claramente, que al momento en que Ramírez recolectó la información, los datos permitieron comprobar que las funciones de este organismos no permitieron garantizar los derechos de los consumidores en el Ecuador.
Además, se analizó el estudio realizado por Miller Marín en el año 2017, que se centró en el papel conciliador desempeñado por la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Utilizando el enfoque deductivo, el autor pudo constatar que el proceso para darle resolución a las solicitudes presentadas ante la Defensoría del Pueblo es excesivamente prolongado, lo que causa agotamiento y perjuicio a las víctimas que deben enfrentar los efectos de la demora en el amparo efectivo de sus derechos. “La responsabilidad ineludible de proporcionar resarcimiento a las víctimas de violaciones de los derechos humanos encuentra sus raíces en un principio fundamental del derecho, que establece que aquel que ocasione un perjuicio debe enmendarlo o restituirlo”. (pp. 65-66)
Los resultados obtenidos por Marín revelan que, durante ese periodo, la población ecuatoriana tenía un conocimiento limitado sobre las acciones ejercidas por la Defensoría del Pueblo. En su opinión, la falta de poder coercitivo y el hecho de no ser una instancia judicial limitó la capacidad de la Defensoría hacer cumplir sus decisiones y resoluciones.
No obstante, se afirmó que la labor desempeñada por esta institución tiene un impacto significativo tanto a nivel moral como jurídico-social, debido a su influencia en el impulso del respeto a los Derechos Humanos. Es importante destacar que, por ley, la Defensoría del Pueblo se encarga de salvaguardar y proteger estos derechos, habiendo sido creada específicamente con ese propósito. (p. 67)
Por otro lado, Walter Guamán (2019) realizó un análisis sobre el papel de la Defensoría del Pueblo en la resolución de problemas en la ciudad de Babahoyo, Ecuador, en el año 2018. Utilizando un enfoque positivista y un enfoque cuantitativo, llevó a cabo una investigación descriptiva correlacional y transversal.
Las conclusiones a las que llegó permitieron conocer lo siguiente que, en la Defensoría del Pueblo de Babahoyo, Ecuador, en el año 2018, no se implementó un plan estratégico que permitiera la gestión eficiente. Esta carencia ha originado dificultades que repercuten en la población, evidenciándose en una disminución de solicitudes de asistencia. Asimismo, “esta situación desanima a los empleados y restringe su capacidad para ejecutar sus funciones de manera eficiente y efectiva·. (p. 8)
De la misma manera, se pudo conocer que ha predominado una relación positiva entre el papel desempeñado por la Defensoría del Pueblo y la resolución de conflictos. Cuanto mejor sea el desempeño de la Defensoría del Pueblo, mayor será la percepción de una solución efectiva de los conflictos por parte de la muestra evaluada. Por lo tanto, cuando las funciones de esta institución se ejecutan de manera ineficiente, no se obtienen resultados satisfactorios en la resolución de los conflictos, tal como se evidenció en este estudio (p. 40).
Otra de las investigaciones revisada fue la llevada a cabo por Verónica Tixi (2019), que se centró en analizar el poder legal coercitivo y los informes justificados generados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Este estudio se basó en una metodología descriptiva, utilizando el enfoque deductivo, análisis de casos y la revisión documental como herramientas de investigación.
Los resultados de este estudio, cuya fundamentación se sustentó de manera jurídica y a partir de los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo, demostraron la presencia de inconsistencias por parte de las acciones emprendidas por esta institución, que lamentablemente vulneran los derechos constitucionales.
En cuanto a la revisión de los casos prácticos estudiados por Veronica Tixi, se evidenció que se presentan problemas que reflejan la transgresión de los fundamentos de la administración de la justicia. Mediante la elaboración de un documento de análisis jurídico, se ha evidenciado cómo la aplicación de los informes originados desde la Defensoría del Pueblo vulnera el principio de supremacía constitucional y otros principios constitucionales, como la celeridad, eficacia, inmediatez y economía procesal. Esto se debe a que los informes motivados carecen de fuerza jurídica coercitiva, lo que limita su capacidad para garantizar una resolución efectiva de los casos y el cumplimiento de los derechos involucrados (Tixi, 2019).
Ahora bien, es importante mencionar que, a pesar de los esfuerzos y funciones ejercidas por la Defensoría del Pueblo durante el 2020, año golpeado por la pandemia de Covid-19, se presentaron un sin número de denuncias que incluían no solo el área de salubridad, sino también denuncias relacionadas al área laboral, educación e incluso denuncias penales, entre otras. Denuncias, que, en su mayoría, no han recibido la respuesta oportuna según el Informe Mundial Human Rihts Watch Ecuador (2020-2021), Durante este período, Ecuador ha reflejado problemas crónicos en relación a los derechos humanos, que abarcan instituciones frágiles, condiciones deficientes y normativas que les entregan a las autoridades la capacidad de restringir la autonomía judicial. Asimismo, se han documentado incidentes de violencia dirigida hacia los derechos de los pueblos indígenas (Vargas et al, 2017) y a las mujeres en general, restricciones significativas en el acceso a servicios de atención de salud reproductiva para mujeres y niñas.
Seguidamente, Rubén Gallardo (2021) realizó un estudio cuyo objetivo principal fue analizar el rol de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en la Administración Pública, Ecuador. Este se realizó bajo el paradigma positivista y de tipo cualitativo, utilizando como técnica el análisis documental.
Este estudio se centró en describir y analizar el conflicto contínuo y evidente que existe entre las competencias constitucionales, legales y de facto, que afectan el pleno ejercicio de sus funciones jurídico-administrativas de la Defensoría del Pueblo en Ecuador. (Gallardo, 2021).
A través de una reseña cronológica del desarrollo de esta institución en el Ecuador y el análisis y profundización de las actividades, funciones y el rol que ejerce este organismo, y la revisión de dos sentencias que fueron seleccionadas por el autor, Gallardo afirma que, a diferencia de otras instituciones administrativas públicas, esta se basa en las autoridades competentes. Su objeto principal radica en la reputación y prestigio del encargado como Defensor del Pueblo, así como en la calidad, razón y pertinencia de sus declaraciones y acciones. No posee poder para ejercer coerción ni imponer sanciones. (p. 5)
Las conclusiones del trabajo de Gallardo (2021) develan que los informes emitidos por esta institución solo reflejan un simple acto administrativo, además sostiene que este hecho no genera ningún efecto jurídico que propicie la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos.
Para finalizar la revisión documental, se menciona el Informe Mundial de Human Rights Watch sobre Ecuador emitido entre 2020 y 2022 destaca una preocupante situación referida a la violación de los derechos humanos. El informe aborda diversos aspectos problemáticos, como la falta de independencia judicial, la aplicación excesiva de la fuerza, la privacidad, la libertad de expresión y los derechos de mujeres, niña y niña, entre otros, por parte de las naturalidades de seguridad. Estos documentos revelan numerosos desafíos relacionados con la insuficiencia de políticas estatales y la corrupción arraigada en muchas instituciones públicas. En Ecuador, persisten las demoras en los procesos judiciales y las presiones indebidas sobre los tribunales, además de una carencia de garantías de debido proceso en casos de alto perfil vinculados con la corrupción. La problemática de las malas condiciones y la violencia en los centros de detención continúa siendo motivo de inquietud. Asimismo, se observa el uso indiscriminado por parte de los miembros de seguridad nacional. Además, se imponen restricciones en el acceso a la atención de la salud reproductiva para mujeres y niñas, y los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas refugiadas no cuentan con una protección adecuada.
Queda de manifiesto, que los informes emitidos por Human Rihts Watch en el Ecuador, no reflejan un cambio significativo en relación al resguardo de los derechos humanos (esto debería ser la función principal de la Defensoría del Pueblo), por el contrario, persiste la violencia y la vulneración de los derechos, en definitiva, un sistema legislativo que, a pesar de sus cambios, no ha sido efectivo.
Por otra parte, se hace relevante realizar un análisis de las estadísticas sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador y así determinar su efectividad en la solución de denuncias, para lo cual se seleccionó el último informe disponible de esta institución, el cual corresponde al año 2021. Se presentan los datos correspondientes a los casos recibidos y los resueltos en este periodo (Figura 1).
Figura 1. Relación de casos recibidos vs casos resueltos por la Defensoría del Pueblo en Ecuador.
Fuente: Rodríguez (2023), a partir de los datos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (2021)
Los datos presentados por el Informe de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en el 2021, muestran que, de los 11898 casos recibidos, el 86% fueron finalizados. Sin embargo, al profundizar sobre este comportamiento, la misma institución señala que no todos corresponden a casos ingresados en el 2021, es decir, durante el actual período de gestión defensoría, se han resuelto tramites rezagados desde el 2013 y solo el 32% corresponde a los casos que fueron ingresados en el 2021, tal y como se ilustra en la figura 2:
Figura 2. Casos por la Defensoría del Pueblo en Ecuador, 2013-2021.
Fuente: Rodríguez, (2023), a partir de los datos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (2021)
En este sentido, los resultados obtenidos a través de cada una estas investigaciones e informes, dejan en duda la efectividad de las funciones desempeñadas por la Defensoría del Pueblo en el Ecuador al no prestar un servicio oportuno, eficiente y eficaz, tal y como o expresa la Carta Magna en su artículo 191 y el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Es por esto, que la vulneración de los derechos de los ecuatorianos sigue siendo un tema de gran preocupación para la comunidad internacional, donde se presentan constantes denuncias que, en su mayoría, no se les otorga una respuesta satisfactoria.
Efectivamente, la Constitución Nacional de Ecuador, en sus artículos 214 y 215, señala que la Defensoría del Pueblo es un organismo público a nivel nacional, dotado de carácter jurídico e independencia en su gestión administrativa y financiera. La estructura de la Defensoría será descentralizada, con representantes provinciales y fuera del país. Su función primordial será efectivizar las garantías de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos dentro del país, así como velar por los ecuatorianos que en el exterior (Constitución del Ecuador, 2008, p. 76)
De la misma manera, la Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo señala en su Art. 2 que es potestad de este organismo: Suscitar o respaldar los recursos legales de Hábeas Corpus, Hábeas Data y Amparo para aquellas personas que lo requieran. Además, estará encargada de defender y fomentar, de oficio o a petición de parte, el respeto de los derechos fundamentales individuales o colectivos garantizados por la Carta Magna, las leyes, y los convenios y tratados internacionales ratificados por Ecuador. Asimismo, ejercerá otras funciones que la Ley le asigne. (Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo, 2001, p. 1)
No obstante, los resultados plasmados a través de esta investigación y obtenidos de las fuentes documentales revisadas, denotan un comportamiento constante de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador en los últimos seis años.
Se evidenció que desde el 2016 hasta la actualidad, periodo seleccionado para el estudio, los investigadores y descriptores internacionales, coinciden en que persiste la vulneración de los derechos humanos en el Ecuador (Zaruma, 2020). Las técnicas de recolección de información y los instrumentos aplicados por los autores consultados, permitieron conocer que siguen ciertas falencias en el rol asumido por la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos ecuatorianos no tienen suficiente información o no conocen las funciones de esta institución. Otras de las deficiencias que se presentan es que, aunque se realizan las denuncias ante este organismo, la mayoría no reciben el tratamiento adecuado para dar una respuesta oportuna y efectiva para solucionar algún conflicto, entre otras inconsistencias, que demuestran acciones inefectivas emprendidas por esta institución y que lamentablemente, no permiten la garantía y protección de los derechos constitucionales.
Ante tales hallazgos, la evaluación de la efectividad de la Defensoría del Pueblo en Ecuador, a través de diversos estudios e investigaciones, revela una serie de desafíos sistemáticos que han afectado su capacidad para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos. El análisis interpretativo de estos resultados permite comprender mejor el panorama integral y las complejidades inherentes a la actuación de esta institución en el contexto ecuatoriano.
La falta de conocimiento generalizado sobre los derechos de los consumidores, evidenciada por Ramírez (2016), establece un punto de partida crucial. Este hallazgo sugiere que, a pesar de las leyes y regulaciones existentes, la Defensoría del Pueblo enfrenta un desafío fundamental: la falta de conciencia ciudadana. Si los ciudadanos no comprenden sus propios derechos, se crean condiciones propicias para abusos por parte de comerciantes y empresas. La ineficacia en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, como señala Ramírez, subraya la necesidad de medidas más proactivas y educativas por parte de la Defensoría para cerrar esta brecha de conocimiento.
En relación a la prolongación excesiva de los procesos y la limitación en el poder coercitivo de la Defensoría del Pueblo, el estudio de Marín (2017) destaca una tensión inherente en su función. La falta de capacidad para imponer sanciones directas puede resultar en una ejecución deficiente de sus decisiones y resoluciones. Sin embargo, la relevancia moral y jurídico-social de su labor, destaca la importancia simbólica de la Defensoría en la promoción de los derechos humanos. Este aspecto plantea preguntas sobre cómo equilibrar la autoridad moral con la capacidad práctica para garantizar el cumplimiento de las decisiones.
Asimismo, se comprobó que la falta de un plan estratégico eficiente se asocia directamente con una disminución en las solicitudes de asistencia. En concordancia con la investigación de Guamán (2019) la relación positiva identificada entre un buen desempeño de la Defensoría y la percepción de soluciones efectivas destaca la necesidad de una gestión estratégica sólida. Esto plantea preguntas sobre la capacidad de la Defensoría para adaptarse y mejorar sus procesos internos para abordar las necesidades cambiantes de la sociedad.
Por otra parte, los resultados del estudio de Tixi (2019) y la revisión estadística reflejan las inconsistencias jurídicas y la falta de poder coercitivo en los informes de la Defensoría del Pueblo. La carencia de fuerza jurídica limita su capacidad para garantizar una resolución efectiva de los casos y el cumplimiento de los derechos. Esto plantea la cuestión fundamental de cómo la Defensoría puede fortalecer sus informes y dotarlos de un mayor peso legal para mejorar la ejecución de sus decisiones.
De esta forma, la inclusión de los datos analizados, en correspondencia con el Informe Mundial de Human Rights Watch, destaca la persistencia de problemas crónicos en Ecuador. La falta de independencia judicial, restricciones a la libertad de expresión y violencia hacia diversos grupos evidencian desafíos sistémicos en el entorno legal y social. Esta perspectiva subraya la necesidad de que la Defensoría del Pueblo aborde no solo sus desafíos internos, sino también las deficiencias en el sistema legal y de derechos humanos del país.
Desde estas perspectivas, el análisis interpretativo destaca que, aunque la Defensoría del Pueblo en Ecuador enfrenta una serie de desafíos, su papel sigue siendo crucial. La falta de conocimiento ciudadano, los procesos prolongados, la gestión estratégica deficiente y las limitaciones en el poder coercitivo son áreas críticas que requieren atención. Sin embargo, la relevancia moral y social de la Defensoría, así como su contribución al respeto de los derechos humanos, subrayan su importancia en la sociedad ecuatoriana.
Las deficiencias observadas en el desempeño de la Defensoría del Pueblo en Ecuador, en cuanto a la promoción, práctica y difusión de los derechos fundamentales, se derivan de una serie de factores interconectados. En primer lugar, es crucial destacar las posibles limitaciones legales y normativas que pueden estar obstaculizando la capacidad de la institución para intervenir de manera efectiva. La existencia de vacíos legales o restricciones en la normativa que regula su funcionamiento podría estar socavando su eficacia, al carecer de herramientas jurídicas contundentes o actualizaciones normativas que respalden su labor.
En última instancia, este artículo destaca la necesidad de enfoques integrales y estratégicos. La Defensoría del Pueblo debe abordar la conciencia ciudadana, mejorar la eficiencia en la gestión de casos, fortalecer sus informes con más peso jurídico y abogar por cambios sistémicos más amplios en el ámbito legal y de derechos humanos. La intersección de estos desafíos ofrece una oportunidad para la Defensoría de evolucionar y mejorar su impacto en la protección de los derechos humanos en Ecuador.
Por lo tanto, se hace necesario desarrollar acciones que permitan fortalecer la actuación de la Defensoría del Pueblo en Ecuador para garantizar los derechos ciudadanos:
1. Reforma Legal y Normativa: Es esencial revisar y actualizar la legislación que rige la Defensoría del Pueblo, asegurando que esta tenga herramientas jurídicas sólidas y esté alineada con los estándares internacionales de derechos humanos. Identificar y subsanar los vacíos legales permitirá fortalecer su capacidad de intervención.
2. Asignación de Recursos Adecuados: Garantizar una asignación presupuestaria adecuada es fundamental. Dotar a la Defensoría de los recursos financieros necesarios permitirá contratar personal calificado, implementar tecnologías eficientes y realizar campañas educativas para promover la conciencia sobre los derechos ciudadanos.
3. Capacitación Continua del Personal: Establecer programas de capacitación continua para el personal de la Defensoría es crucial. Esto incluye formación en áreas específicas de derechos humanos, procedimientos legales y técnicas de resolución de conflictos. Un equipo altamente capacitado mejora la calidad de la atención y la efectividad de las intervenciones.
4. Optimización de Procesos Internos: Revisar y optimizar los procesos internos de la Defensoría del Pueblo contribuirá a agilizar la atención y resolución de denuncias. La implementación de tecnologías de gestión eficientes y la reducción de la burocracia mejorarán la velocidad y eficacia en la respuesta a los ciudadanos.
5. Campañas Educativas: Desarrollar campañas educativas a nivel nacional para informar a la ciudadanía sobre los servicios y recursos proporcionados por la Defensoría. Esto puede incluir material educativo, seminarios, talleres y colaboraciones con medios de comunicación para difundir información sobre derechos y cómo acceder a la institución.
6. Integración de Mecanismos Coercitivos: Evaluar la posibilidad de otorgar a la Defensoría del Pueblo ciertos mecanismos coercitivos, como la capacidad de imponer sanciones administrativas. Esto fortalecerá su autoridad y facilitará el cumplimiento de sus recomendaciones, garantizando consecuencias para aquellos que violan los derechos fundamentales.
7. Participación Activa en Políticas Públicas: Fomentar la participación activa de la Defensoría en la formulación y revisión de políticas públicas relacionadas con derechos humanos. Esto garantizará que la institución tenga un papel influyente en la protección y promoción de los derechos ciudadanos desde el nivel gubernamental.
8. Evaluación Periódica y Rendición de Cuentas: Implementar mecanismos efectivos de evaluación interna y externa para medir el desempeño de la Defensoría. Esto permitirá identificar áreas de mejora, corregir deficiencias y asegurar la transparencia en las acciones de la institución.
9. Adopción de Tecnologías Innovadoras: Integrar tecnologías innovadoras, como plataformas digitales y sistemas de gestión de casos, para mejorar la eficiencia operativa y la rapidez en la atención de denuncias. Esto facilitará la recopilación de datos, seguimiento de casos y análisis de tendencias.
10. Promoción de Alianzas y Colaboraciones: Establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otras entidades relevantes. La colaboración con estos actores puede enriquecer la perspectiva de la Defensoría, fortalecer sus capacidades y ampliar su alcance en la defensa de los derechos ciudadanos.
En conjunto, la implementación de estas acciones contribuirá reforzar la Defensoría del Pueblo en Ecuador, permitiéndole desempeñar un papel más efectivo y proactivo en la garantía de los derechos fundamentales de la población.
CONCLUSIONES
El análisis exhaustivo de los resultados de diversas investigaciones sobre el papel de la Defensoría del Pueblo en Ecuador revela una serie de desafíos persistentes y preocupaciones sustanciales. A pesar de su mandato constitucional y la legislación que la respalda, la institución parece enfrentar dificultades sustanciales para cumplir efectivamente con su objetivo de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos.
Una de las problemáticas identificadas se relaciona directamente con el conocimiento ciudadano sobre la Defensoría del Pueblo y sus funciones. Los estudios revisados resaltan la falta de conciencia y comprensión por parte de la población sobre los derechos y recursos disponibles a través de esta institución. Esta falta de conocimiento podría estar contribuyendo a la subutilización de los servicios de la Defensoría y, por ende, limitando su impacto en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Adicionalmente, la insuficiencia de recursos humanos, plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de la Defensoría. La carencia de servidores públicos y la falta de un plan estratégico eficiente pueden estar contribuyendo a la disminución de la eficiencia y la capacidad de respuesta de la institución. Esto sugiere la necesidad de una revisión a fondo de la gestión interna y la asignación de recursos para fortalecer la capacidad operativa de la Defensoría.
De la misma manera, la prolongación de los procesos, es otra área de preocupación. Los ciudadanos que buscan la intervención de la Defensoría del Pueblo a menudo se encuentran enfrentando procesos excesivamente largos, lo que genera agotamiento y perjuicio. Esta demora en la resolución de los casos plantea dudas sobre la eficacia de la institución para proporcionar un amparo efectivo de los derechos.
Otro aspecto crítico destacado es la falta de fuerza coercitiva en los informes generados por la Defensoría. La ausencia de impacto jurídico significativo limita la capacidad de la institución para garantizar una resolución efectiva de los casos y el cumplimiento de los derechos involucrados. Esta limitación sugiere la necesidad de una revisión de los procedimientos de elaboración de informes para dotarlos de mayor autoridad y eficacia.
Por último, las conclusiones de estas investigaciones y análisis sugieren que la Defensoría del Pueblo en Ecuador se enfrenta a una serie de desafíos multifacéticos. Mejorar el conocimiento ciudadano, fortalecer los recursos humanos y la gestión interna, abordar la prolongación de los procesos y dotar a los informes de mayor fuerza coercitiva son pasos esenciales para fortalecer la institución.
Además, la Defensoría del Pueblo debe considerar acciones y estrategias amplias y colaborativas para abordar los problemas sistémicos identificados. La colaboración con organizaciones nacionales e internacionales podría ser crucial para impulsar cambios significativos en el panorama de derechos humanos en Ecuador.
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CONFLICTOS DE INTERESES
Los autores no refieren conflictos de intereses