ABSTRACT
The main objective of this research has focused on determining the classification
of femicide in Ecuador, considering
the relevance of international conventions on women's rights in 2020, which allows proposing new reforms for the prevention and eradication of this type of crime. It also sought to identify the constitutive dimensions
that intervene in the Ecuadorian legislation on femicide, including
the legal and political controversies whose classification has generated, from social constructivism, determining if judicial
processes for femicide developed in Ecuador are consistent with the proposals and commitments
included in the international conventions on the rights of women.
Each of the aspects included
in this study was based on the paradigm of social constructivism, based on the legal
construction that encompasses national legislation, analyzing the opinion of
various experts in this area, which
allowed us to delve into the problem of femicide from its classification and penalization. The results allowed to
conclude that despite the classification of this crime in Ecuadorian legislation and the provisions
established by international treaties, the issue of femicide in Ecuador
continues to be a problem
that results in effective State action.
Keywords: Femicide, Ecuadorian Criminal
Legislation, International Conventions.
INTRODUCCIÓN
A
lo largo de los años, el Derecho Internacional ha enfocado grandes esfuerzos en
reconocer la violencia contra las
mujeres como uno de los problemas crecientes en la sociedad actual, el cual se ha convertido en una barrera
de desarrollo social
que trae consigo
consecuencias en distintos
ámbitos de la realidad mundial (Nieves Rico, 1996, p. 5).
Ante este escenario, el femicidio representa “la expresión más extrema de violencia contra
la mujer” (Diana Russel. 2008, p. 27), abarcando
cualquier homicidio de mujeres cometido basándose en la discriminación de género. Este tipo de violencia ha generado
consecuencias que se reflejan en altas tasas
de femicidio, lo cual ha producido transformaciones en el contenido de la
convencionalidad internacional con la
finalidad de desarrollar mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, adoptando nuevas medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar este delito.
De
acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2020) las cifras relacionadas
con este delito han ido en aumento en los últimos años, destacando además que en el 2019 se registraron más de 4.600
casos, situación que se agudizo durante el 2020, por lo que la denominó
“pandemia en la sombra”.
Ecuador,
no ha sido ajeno a esta situación, según datos ofrecidos por la Asociación
Latinoamericana para el Desarrollo
Alternativo (2021) los casos de femicidio durante el 2020 fueron de 118, lo que supone una muerte
cada 72 horas, y una problemática que sin
duda alguna va en ascenso.
El Femicidio
desde los convenios internacionales sobre los derechos de la mujer, a partir la perspectiva de la teoría del constructivismo social
La
figura del femicidio se ha constituido en una gran problemática que afecta la
sociedad de manera transcendental.
Este se ha planteado desde una visión social que permite aseverar que la
violencia o los comportamientos violentos no son innatos,
sino que son aptitudes aprendidas.
Esta problemática que sigue latente
actualmente ha sido abordada por diversas corrientes y principios para su análisis.
Desde esta vertiente
se estudia el femicidio a partir de la perspectiva del constructivismo
social, teoría propuesta por Nicholas Onuf (1989), quien parte desde un proceso recíproco de la construcción de los
actores y la sociedad, donde, para su opinión, los seres sociales construyen la sociedad y la sociedad
les construye a ellos. Él mismo plantea
que se dan comportamientos
establecidos como patrones repetitivos que deben ser realizados dentro de una sociedad,
por lo que el autor
manifiesta que para asegurar su cumplimiento deben existir reglas
dichas y no dichas
que, además, cuentan con sanciones dichas y no dichas (María Parreño,
2017, p. 12).
Al
referir a la violencia social, como parte fundamental en el origen del
femicidio y entendida como un proceso
social, también podría
ser explicada a través
de la teoría constructivista. En concordancia con la visión de Nicholas Onuf (1989) las
prácticas sociales reflejan la réplica de los significados intersubjetivos que forman a la estructura social y sus actores. En este caso las normas
(lo estructural) se dirigen a definir un comportamiento y
fijan significados a la conducta (visible, directa). Este tipo de situaciones nunca se ha construido específicamente, sino que es el resultado
de un proceso circular donde las prácticas sociales se forman
simultáneamente en relación a las estructuras y los agentes sociales.
“Así, las prácticas
sociales no solamente
reproducen la identidad
(lo cultural) de los agentes,
sino que su identidad es reproducida por la estructura social que opera
a través de la práctica social” (María Parreño, 2017, p. 45).
Por
lo tanto, para dar respuesta y establecer soluciones a este tipo de violencia
femenina, diversos países han
intervenido a través de la incorporación, no solo de nuevas regulaciones a
nivel nacional, sino participando en diversos convenios
internacionales sobre los derechos de la mujer,
donde a través de la normativa interestatal se busca fortalecer la protección de la misma.
Estos convenios son vistos desde la visión constructivista como
“instrumentos mediadores entre realidad y sujeto, que permiten caminar en un mundo coherente, que
depende de la activación de mecanismos de estructuración y ordenación de la realidad,
de forma tal que ésta acontezca comprensible y se pueda actuar sobre
ella” (Silvia López, 2011, p. 12).
Es
por esto, que los Estados han destinado esfuerzos en darle al femicidio un
tratamiento integral al campo del derecho y que se oriente a la ejecución de políticas públicas
en diversos ámbitos,
que vaya más allá de lo que es el derecho penal,
concentrando todas las acciones para ubicar la problemática y darle solución únicamente desde esta esfera.
Marco histórico
del femicidio en Latinoamérica desde la perspectiva de la teoría del constructivismo social.
Durante
los últimos años el ordenamiento penal, en diferentes países del orbe, ha
sufrido una gran diversidad de
cambios que se han desprendido de la necesidad de dar respuesta a las
implicaciones de diversas acciones
delictivas. A través del marco legislativo desarrollado en diversas naciones,
se ha estructurado una base para enfrentar los delitos constituidos contra la mujer.
Tal y como lo plantea
la teoría constructivista, que realza la importancia de mantener un
ideal donde existen reglas dentro la
sociedad y sanciones que buscan asegurar su cumplimiento desde el mismo
enfoque. “Aquellas sanciones tácitas,
son las que se podrían referir al rechazo social por un comportamiento
inadecuado o por la omisión de un
comportamiento esperado” (Parreño,
2017, p. 14).
De
acuerdo con la información obtenido del Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe (2021),
dicho organismo cuenta con más de 380 cuerpos normativos, clasificados por país, de 38 países de América Latina y el
Caribe, además de legislación de España y Portugal en la materia. Su contenido abarca desde las leyes sobre violencia
doméstica o intrafamiliar y contra del femicidio, conocidas como leyes de primera generación.
Una de las más recientes normativas desarrolladas por este organismo, se refiere a protección integral
frente a la violencia por razón de género contra
las mujeres (VGCM).
Así mismo, se ha encargado
de desarrollar diversas
leyes que tipifican el delito de feminicidio en 17 países de América Latina; además de normativas sobre delitos
sexuales como acoso laboral; leyes específicas sobre el acoso callejero y la difusión de imágenes
intimas por medios electrónicos. (Observatorio de Igualdad de Género
de América Latina
y el Caribe, 2021).
Sin
embargo, a pesar de la evolución que ha experimentado el marco legislativo
internacional, el femicidio sigue
siendo una problemática que se ha agudizado a lo largo de los años. Para muchos especialistas y juristas la normativa en
esta área no avanza, los casos siguen en incremento, y no se da efectivamente el acompañamiento de las
instituciones públicas, resaltando que la ley no es suficiente para combatir este tipo de violencia al no
permitir el adecuado acceso a
la justicia.
Indudablemente,
que la trayectoria del proceso de construcción de los homicidios de mujeres
como un problema social ha tenido un tratamiento especial
para demostrar que se trata de un tipo de crimen, pero no se han obtenido los resultados
esperados. De esta forman, se siguen presentando factores de riesgo y vulnerabilidad en la población
femenina, entre las que destacan mayormente la habitual ausencia de empleo y recursos económicos, la baja participación
social, el aislamiento comunitario, la
soledad, la inadecuación de los servicios públicos que atienden situaciones de
violencia a sus necesidades, la falta
de recursos propios para defenderse, la carencia de autonomía, la dependencia de otras
personas, la menor autoestima, entre otros (Página web de Mujer y Salud mental, 2021).
Esto
muestra que se ha dado una ruptura del Estado de derecho en relación a los
casos de femicidio, es decir, ha
predominado la corrupción, la falta de medidas regulatorias claras y la
violencia, los cuales se han
convertido en los principales factores que debilitan la existencia de
condiciones plenas de legalidad en
el país, ya que, a pesar de que existe la tipificación y las diversas
normativas internacionales, en la
mayoría de los casos, no prevalece la justicia ni se cumplen efectivamente las normativas que regulan este delito y que, consecuentemente, protejan los derechos
fundamentales de las mujeres.
El Femicidio
desde su inclusión en la legislación penal del Ecuador desde la perspectiva de
la teoría del constructivismo social
En
concordancia con los planteamientos anteriores, Ecuador no ha sido la excepción
en la lucha contra la violencia
femenina. En los últimos años, se han propuesto diversos instrumentos jurídicos dirigidos a propiciar un ambiente que
garantice la seguridad social y que, desde la perspectiva constructivista, generen mayores
conocimientos sobre la importancia de reflexionar acerca de esta problemática. Los mismos han sido
desarrollados a partir de los principios garantistas de la carta magna ecuatoriana y de diversos
accionantes a nivel internacional.
Así,
al estudiar la realidad ecuatoriana, se denotan una serie de factores que
incidieron en la tipificación del
femicidio. Queda claro, que la nación ha dado pasos gigantescos en relación a
esta temática, por lo que es
importante mencionar que el impulso de su tipificación se debió al aumento progresivo de los casos de asesinatos de mujeres, que reflejan la existencia de relaciones inequitativas, desiguales y
basadas en el poder, por lo cual se
introdujo esta figura innovadora.
Es así que, la Constitución de la República del Ecuador (2008)
en su artículo 11, reconoce
a todas las personas iguales
derechos, deberes y oportunidades y establece que nadie podrá
ser discriminado por razones
de identidad de género, sexo, orientación sexual, entre otras. En el Título II
“Derechos”, en el capítulo
sexto sobre los Derechos de Libertad, reconoce
y asegura el derecho a vivir sin violencia, en tanto
establece que:
Se reconoce
y garantiza a las personas
el derecho a la integridad personal, que incluye:
a. la integridad física,
psíquica y moral y sexual; b. una vida libre de violencia en el ámbito público
y privado. El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas
con discapacidad y contra
toda persona en situación de desventaja
o vulnerabilidad; idénticas
medidas se tomarán
contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c. la prohibición de la tortura,
la desaparición forzada
y los tratos y penas
crueles inhumanos o degradantes (Art.
66, Núm. 3).
Además, en el capítulo referido
a los Derechos de
Protección, dispone que:
“la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos
de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se
cometan contra niñas, niños, adolescente, jóvenes…” (Art. 81).
Por otra parte, también
se cuenta con la Ley Orgánica Integral
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, aprobada el 26 de
noviembre de 2017, la cual establece en su artículo 1 que el objeto
principal de esta ley es:
Prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra
las mujeres: niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas
y adultas mayores, en toda su
diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples situaciones de
vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención,
protección y reparación
de las víctimas; así como a través de la
reeducación
de la persona agresora y el trabajo en masculinidades (Ley Orgánica Integral
para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las mujeres, 2017).
De la misma manera,
la tipificación del delito estudiado se encuentra en el Código
Orgánico Integral Penal
(2014) de la siguiente manera:
Art.141.-Femicidio.
- La
persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada
con pena privativa de libertad
de veintidós a veintiséis años.
Sus gravantes se encuentran tipificados en el Artículo 142:
Circunstancias agravantes del femicidio: cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias, se impondrá el máximo de la pena prevista en el Artículo
anterior: 1) Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad
con la víctima. 2) Exista
o haya existido, entre el
sujeto activo y la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia,
intimidad, noviazgo, amistad,
compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 3) Si el
delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar
de la víctima. 4) El cuerpo de la víctima
sea expuesto o arrojado en un lugar público (Código
Orgánico Integral Penal, 2014).
Partiendo de este vértice,
Ana Carcedo (2011,
p. 6) señala que a partir de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el 28 de
enero de 2014 se incorporó el concepto de femicidio en la legislación ecuatoriana, tipificando el
delito. En la misma línea, Kevin Orellana (2020, p. 24) establece que en el 2019 se dio una reforma
a la normativa penal ecuatoriana, las cuales se encuentran textualizadas en el Registro Oficial Nro.
107, esto es la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, misma
que fue aplicada a partir
del 21 de junio del año 2020.
Convenciones Internacionales sobre los Derechos
de la Mujer
De
manera explícita se presentan los diversos aspectos relacionados a la
formulación legislativa que se ha planteado dentro
del contexto penal ecuatoriano en relación con los enunciados y compromisos incluidos en las Convenciones
internacionales sobre los derechos de la mujer, partiendo de los planteamientos de autores como María Luna
(2020) y Leonor Fernández quienes han realizado una revisión de los contenidos de diversas normas tanto nacionales
como internacionales que penalizan este delito.
Construcción legislativa del Femicidio
Durante
los últimos años el problema del femicidio se ha acentuado proporcionalmente a
nivel mundial, por lo que los Estados,
en la búsqueda de soluciones ante tal delito,
han incorporado en sus normativas la tipificación del mismo a través de la promulgación de diversas legislaciones. En el caso ecuatoriano, se reconoce la muerte violenta
de mujeres causadas
por su género, como una problemática
social y pública, relacionada a las relaciones desiguales de poder entre
hombres y mujeres (María
Luna, 2020, p. 5).
Para
la configuración de este delito desde la normativa penal ecuatoriana, se
consideraron una serie de lineamientos principales para su formulación legislativa, considerándose inicialmente, la importancia
de regular esta situación como respuesta a la lucha de las mujeres por sus
derechos. De este modo, su estructura
se fundamenta en su tipificación, antijuridicidad y culpabilidad, como elementos
esenciales en la discusión de
los procesos penales.
De
la misma manera, en Ecuador se diseñó el “Plan para la erradicación de la
Violencia Contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres”, con el propósito
de crear políticas públicas y programas para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos
de las víctimas. Igualmente, en relación a este delito y la violencia que lo
genera, en el Estado ecuatoriano se establece la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación
de la Violencia de Género contra las Mujeres, aportando valiosas proposiciones en cuanto a medidas de protección administrativas
regionales (María Luna, 2020, p. 30).
No
obstante, y a pesar de las disposiciones legales y normativas que se han
desarrollado sobre esta temática, se
suelen presentar controversias jurídicas y políticas que no han permitido
alcanzar los resultados esperados
para hacer frente a esta situación que día a día afecta a más mujeres, ya que muchas veces no se le da el tratamiento
que deberían recibir en cuanto a la prevención, control, protección, penalización y reparación. Así, desde el contexto político,
Patsilí Toledo (2009, p. 6) establece
que se han presentado debates relacionados directamente a las desigualdades
políticas, a través de estereotipos,
esencialismos y las tendencias en las reacciones del sistema en general, incidiendo negativamente en la
garantía de los derechos de las
mujeres.
En relación a las controversias jurídicas, Patsilí Toledo (2009,
p. 79), precisa
que:
Estas pueden concentrarse en dos grandes
grupos o tendencias: aquellas relativas a la justificación de una figura penal
nueva y aquellas relativas a las principales objeciones
penales-constitucionales. Dentro del
primer grupo se incluyen las cuestiones relativas a la necesidad de una nueva
figura, la posibilidad de configurar
una agravante genérica en vez de un tipo específico, y la justificación precisa que éste debe tener desde la
perspectiva penal. Dentro del segundo grupo, se examinan los aspectos relativos a la neutralidad de
género y las afirmaciones en materia penal, así como las eventuales amenazas a los principios
penales-constitucionales de culpabilidad
y tipicidad.
Derechos de protección
Sin
duda alguna, al revisar los avances que se han desarrollado dentro de la
legislación ecuatoriana, se evidencia
a través de diversas investigaciones realizadas recientemente, como por ejemplo
la de María Luna (2020), que el
tratamiento de los derechos de las mujeres, específicamente desde el ámbito penal, han experimentado una
ampliación en cuanto a los mecanismos de protección y por ende de acceso a
la justicia.
De
esta manera, la autora menciona una serie de medidas de protección que tutelen
los derechos de las mujeres
que van más allá de los aspectos
penales, pues se invocan medidas
administrativas como: boleta
de auxilio, tenientes
políticos en las parroquias, la implementación de la hiper protección de la mujer (referida a la incitación pública
al odio, desprecio o cualquier otra forma de violencia), incluyendo a la vez medidas
de reparación integral
(indemnización económica, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantía de no repetición), todo
esto sujeto a la dogmática constitucional del
Estado ecuatoriano y en armonía con su artículo 66 sobre los derechos
fundamentales de los ecuatorianos (María Luna, 2020, pp.29-31).
Así también,
entre los derechos
de protección, el marco normativo
ecuatoriano contempla el derecho al acceso a la justicia, a la tutela
efectiva imparcial y expedita con sujeción a los principios de inmediación y celeridad (Art. 75) y en
concordancia con los tratados internacionales (Arts. 424, 425 y 426),
sobre las garantías al debido proceso (Leonor Fernández, 2015,
p. 21).
De
esta manera el artículo 424 destaca la supremacía constitucional como eje
fundamental jurídico del Estado ecuatoriano, señalando que:
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas
y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán
de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos
más favorables a los
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica
o acto del poder público (Constitución del Ecuador, 2008, p. 126).
De
la misma manera, el artículo 425 destaca el orden en que las normas deben ser
aplicadas, estableciendo que:
El
orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La
Constitución; los tratados y convenios
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas
regionales y las ordenanzas
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demás actos y
decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de
distinta jerarquía, la Corte
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma
jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que
corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los
gobiernos autónomos descentralizados (Constitución del Ecuador, 2008, p.
126).
Es
importante mencionar, en complemento a estas acciones, el Estado ecuatoriano ha
diseñado igualmente diversas
políticas públicas que han sido implementadas como mecanismo de orientación para mejorar las condiciones de vida de
las mujeres, es por eso, que el gobierno nacional, ha puesto en acción un conjunto de estrategias
dirigidas a la prevención del femicidio, con el propósito de generar oportunidades para que la sociedad
sea más equitativa, incluyente y próspera (Mechelsen Plazas, 2012).
Todas
estas medidas se han formulado en función de los derechos internacionales de la
mujer, sobre la implementación de
medidas adecuadas y legislativas, la protección jurídica de sus derechos, sanciones correspondientes, reformas
legislativas que prohíban toda forma de discriminación, así como disposiciones dirigidas
a modificar los patrones socioculturales con la finalidad de eliminar los perjuicios y las prácticas consuetudinarias (Leonor Fernández, 2015, p. 25).
Sin embargo,
la lucha contra
este delito continúa
dejando a luz grandes debilidades aun en el sistema penal ecuatoriano, ya que a pesar de
contener en sus normas lineamientos que van en concordancia con los planteamientos y compromisos
incluidos en las convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, se siguen presentando deficiencias en el
sistema judicial desde todas los aspectos del análisis, es decir, el Estado sigue
contrayendo responsabilidad en el aumento
de los casos de femicidio
en el país, ya que como lo establece la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos (2009), mientras
el estado no adopte las medidas de prevención, control
y penalización efectivas
para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas,
no podrán impedir
los hechos de femicidio
que se siguen presentando en
la nación.
