Revista de la Facultad de Ciencias Económicas
ISSN: 1390-7492 e-ISSN: 2806-5980
Volumen 6 | Número 8 | 2024
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BREVE DESCRIPCIÓN CONTEMPORÁNEA DE LAS
POLÍTICAS SOCIALES DE INCLUSIÓN E INSERCIÓN
LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL ECUADOR, PERIODO 2000-2021
A brief contemporary description of the social policies of inclusion
and labor insertion of people with disabilities in Ecuador, period
2000-2021
Tatiana Poaquiza-Cornejo
1
, Karina García Reyes
2
, Mabel Sánchez Morales
3
, Daniela
Alejandro Villarroel
4
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución de las políticas sociales e inclusión laboral
de personas con discapacidad en Ecuador desde el año 2000 hasta 2021, evaluando su impacto
en el bienestar de este grupo vulnerable. Se emplea un enfoque teórico que combina el Estado
de bienestar, el neoinstitucionalismo y el constructivismo para examinar la efectividad de las
políticas implementadas. Se analizan datos cuantitativos sobre la inserción laboral y los ingresos
de personas con discapacidad, así como la evolución de la legislación y programas sociales a lo
largo de las dos últimas décadas. El estudio se fundamenta en la premisa de que las políticas
públicas deben ser inclusivas y efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad. Se discute la importancia de un marco institucional sólido y la necesidad de un
enfoque integral que aborde no solo la inclusión laboral, sino también el acceso a la educación y
la salud. A pesar de los avances en la inclusión laboral y la mejora de los ingresos de las personas
con discapacidad, persisten desafíos significativos en la implementación de políticas efectivas. La
1
Máster en Planificación, Gestión y Evaluación de la I+D+I, Magister en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio
Exterior, Universidad de Guayaquil, Ecuador, tatiana.poaquizac@ug.edu.ec.
2 Economista, Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior, Universidad de Guayaquil, Ecuador,
karina.garciar@ug.edu.ec
3 Economista, Universidad de Guayaquil, Ecuador.
4 Economista, Universidad de Guayaquil, Ecuador, Master Universitario en Economía, Finanzas y Computación, Universidad
Internacional de Andalucía.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
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investigación subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la estructura institucional
para garantizar una inclusión real y sostenible en la sociedad ecuatoriana.
Palabras clave: Desigualdad, Políticas Públicas, Políticas laborales y empleo, Economía de la
Familia.
Códigos JEL: I31, I38, J14, J71, J78.
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the evolution of social policies and labor inclusion of
people with disabilities in Ecuador from 2000 to 2021, evaluating their impact on the well-being
of this vulnerable group. A theoretical approach combining the welfare state, neoinstitutionalism,
and constructivism is employed to examine the effectiveness of the implemented policies.
Quantitative data on the labor insertion and income of people with disabilities are analyzed, as
well as the evolution of legislation and social programs over the past two decades. The study is
based on the premise that public policies must be inclusive and effective to improve the quality
of life of people with disabilities. The importance of a solid institutional framework and the need
for a comprehensive approach that addresses not only labor inclusion but also access to
education and health are discussed. Despite the advances in labor inclusion and the improvement
of income for people with disabilities, significant challenges persist in the implementation of
effective policies. The research underlines the need to strengthen public policies and the
institutional structure to ensure real and sustainable inclusion in Ecuadorian society.
Keywords: Inequality, Public Policies, Labor Policies and Employment, Family Economics.
Fecha de recepción: Abril 20, 2024.
Fecha de aceptación: Diciembre 19, 2024.
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
86
INTRODUCCIÓN
La evolución humana, la historia económica y los diferentes eventos que son hitos de las
transformaciones sociales desembocaron a mitad del siglo XX en el replanteamiento de las
políticas sociales y su impacto en las sociedades menos desarrolladas.
Ecuador es un país con indicadores de desarrollo económico mejorados en la segunda década del
siglo XXI, sin embargo, esta mejoría fue el resultado de la ausencia de bienestar y eficiencia de
las políticas públicas sociales anteriores. Como economía subdesarrollada los estragos de las crisis
internacionales del siglo pasado consiguieron una abrupta transformación que permitió que inicie
el siglo en medio del neoliberalismo y con una divisa como moneda de circulación nacional. Este
estudio procura en un primer momento describir la evolución de la política pública social del
Ecuador de los últimos 70 años, un breve recorrido de las medidas adoptadas y los resultados
alcanzados haciendo énfasis en lo que en la actualidad se denominan grupos vulnerables,
especialmente en las personas con discapacidad que teóricamente forman parte de la Población
económicamente activa, pero que por la falta de normativas y atención no lograban insertarse de
manera idónea en el aparato productivo. Tomando la teoría del Bienestar como base, se
analizarán las reformas propuestas en el gobierno de Rafael Correa, así como el marco que le
antecede y continúa en gobiernos ideológicamente diferentes. Este análisis descriptivo y
cualitativo pretende trazar una línea de tiempo hasta la actualidad y esbozar los resultados más
generales.
DESARROLLO
Según CONADIS (2024) en el Ecuador existen 487.542 personas registradas con discapacidad,
las mismas se clasifican en diferentes grupos etarios, género, tipo y grado de discapacidad.
Espinoza (2016) indica que en el Ecuador. “Las personas con discapacidad han luchado con un
sin número de obstáculos como son: la pobreza, el desempleo, la falta de accesibilidad y de
recursos económicos, perjuicios sociales, exclusión y la dependencia” (pág. 10). Es por esta razón
que se vuelve prioridad analizar las medidas adoptadas sobre inclusión social para observar la
evolución sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
87
En la tabla 1 se observa las medidas adoptadas durante los últimos 70 años por el Estado
ecuatoriano para beneficiar y proteger a este grupo humano que según la Constitución 2008
forman parte de los grupos vulnerables.
Tabla 1. Línea de tiempo de las políticas públicas sociales en el Ecuador desde 1950 para las personas
con discapacidad
Periodos
Descripción
Resultados
Referencias
1950
El Estado crea
centros públicos
de bienestar
social pero no
logran
efectivizar las
intervenciones.
Se producen
escasos resultados
de bajo impacto
(MIES, 2013)
Años 80 ´s y
90´s
Se presenta el
programa a
nivel nacional y
se inician
campañas para
la
sensibilización
comunitaria.
La constitución
política de 1998
reconoce a los
discapacitados
como un grupo
vulnerable.
CONADIS
(2015)
1996 - 1998
El país atraviesa
una crisis
económica,
política y social
del país como
consecuencia
del manejo
ineficiente de la
deuda externa.
No se lograron
efectos positivos
en la inversión
pública y el gasto
social.
(Rivera, 2003)
Dolarización
Surge la
importancia a
los programas
de transferencia
y asistencia
social
Aplicación del
Bono Solidario,
Alimentación y
Becas escolares
Vásconez,
Córdoba, &
Muñoz
(2005)
2000 - 2003
El objetivo
principal era
mitigar la crisis
económica y
social
Nutrición básica
para niños;
Atención materno
infantil; Becas
Escolares;
creación del
Fondo nacional
de participación
Vásconez,
Córdoba, &
Muñoz
(2005)
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
88
social; Empleo
emergente.
2003 - 2006
Crecen las
inversiones en
programas
relacionados
con los
Objetivos del
Milenio, pero
no se logran
mayores
resultados.
El gasto social se
ve afectado por
una asignación,
distribución y
ejecución
ineficiente de las
instituciones hacia
donde son
dirigidos los
fondos.
Cabrera &
Morocho
(2011)
2007 - 2017
Prioridad en la
inversión social
Aumento del
Bono de
Desarrollo
Humano (BDH)
destinados a
personas mayores
y madres solteras
sin ningún
ingreso
Macias &
Peñaherrera
(2018)
2007 - 2017
Aumenta el
gasto en
educación, salud
y bienestar
social
Se invierte en el
programa BDH;
Desarrollo
Infantil;
Desarrollo
Urbano y
Vivienda;
Educación y
Trabajo;
Autopistas y
carreteras
Macias &
Peñaherrera
(2018)
Elaboración propia.
MÉTODO
La metodología utilizada es de investigación exploratoria, descriptiva e histórica. Método
inductivo. El periodo de análisis es 2000 – 2017, sin embargo, se hace referencia a recursos
históricos de hitos previos sobre este tipo de políticas sociales laborales para personas con
discapacidad; así como una referencia al primer periodo post correista 2018-2021. Se revisaron
plataformas de información oficial del sector público como el Consejo Nacional de Igualdad y
Discapacidades (CONADIS), el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC); la Encuesta Nacional
de Empleo, Desempleo y subempleo (ENEMDU), el Sistema Estadístico Nacional (SEN), el
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89
Ministerio de Trabajo, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SICES). Además, de
una revisión bibliográfica, documentaria y normativa compuesta por libros, artículos científicos,
papers, tesis de grado, informes, boletines, revistas, etc.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El papel del Estado en el avance de políticas públicas es trascendental para alcanzar el desarrollo
económico a través de metas claras y papeles establecidos para todos los agentes que intervienen
en la sociedad. Sin embargo, las sociedades latinoamericanas no han tenido un desarrollo
homogéneo ya que cada una cuenta con su propia historia marcadas por la pobreza, la desigualdad
y los diversos problemas sociales.
En este contexto, se acude a varios autores y teorías que permiten sentar las bases del desarrollo
económico y sus principales causas. El más influyente aporte teórico de la economía del siglo XX
fue el pensamiento keynesiano con la concepción de que el libre mercado no conducía al
equilibrio de la economía, consolidó la puesta en marcha de políticas orientadas a mejorar la
calidad de vida de la población, sumado a esto como afirma Petit (2013), las consecuencias que
trajo consigo la Gran depresión de los años treinta y por la Segunda Guerra Mundial modificaron
radicalmente el pensamiento social de la época.
Las sociedades latinoamericanas son marcadas por la presencia de las fallas de mercado, las cuales
producen efectos negativos en la economía siendo su misma naturaleza incapaz de solucionar
dichos problemas. En este mismo sentido, Tanzi (2000), en su artículo llamado El papel del Estado
y la calidad del sector público sostiene que a “medida que las sociedades se vuelven más complejas, y
los grupos que las integran se hacen más grandes y menos homogéneos, el Estado debe ir
asumiendo nuevas responsabilidades si desea promover plenamente el bienestar de los individuos
que las componen” (pág. 8). A partir de estas consideraciones es necesario que el Estado regule
los mercados y proporcione un mínimo de información esencial a la población. Por tanto, a
continuación, se expone el Estado de bienestar cuya base teórica fue el pensamiento keynesiano,
además de la teoría del neo institucionalismo y el constructivismo.
Enfoques económicos
La concepción de “Estado de bienestar” o “Estado benefactor” nace a partir de la teoría
keynesiana y su interés por atribuir una mayor participación del Estado en recesiones o crisis que
atraviesan las economías. Collazos (2007), define a esta teoría como “una serie de disposiciones
legales que dan derecho a los ciudadanos a percibir prestaciones de seguridad social obligatoria y
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
90
a contar con servicios estatales organizados” (pág. 48). Es decir, el Estado garantiza el
cumplimiento de los servicios y derechos sociales de la población a través del desarrollo de
políticas y programas de carácter redistributivo que permitan alcanzar el bienestar social.
Por tanto, el Estado adquiere un papel de agente intermediador y complementario al sector
privado, en la provisión de bienes y servicios necesarios para la población más vulnerable, a través
de los recursos canalizados en el gasto público, en este punto resulta pertinente los argumentos
expresados por Moreno (2003), quien sostiene que, “la ciudadanía social asociada al desarrollo
del Estado del Bienestar ha garantizado una mayor igualdad de oportunidades vitales y de
redistribución de recursos materiales, legitimando en tal proceso la desigualdad intrínseca al
modo de acumulación capitalista” (pág. 2). Esto se traduce en la pérdida de efectividad del sistema
capitalista en la provisión de bienestar para la sociedad.
En Economía, existe el enfoque Neo-institucionalista que consiste en combinar la teoría
económica con las instituciones para examinar las interrelaciones entre ellas con el objetivo de
estudiar el comportamiento social y el desempeño económico. Otro enfoque es la teoría del
Constructivismo, partiendo de la comprensión de las políticas públicas consideradas como eje de
acción del Estado y a la institucionalidad como ente de aplicación de esta.
A partir de estas teorías, surge el interés por estudiar y exponer la incidencia de las políticas
sociales en la inclusión e inserción laboral de las personas con discapacidad, sobre esto, Vargas
(2008) que afirma que el neo-institucionalismo engloba un alto espectro de enfoques que
contribuye a:
Determinar los procesos de la reforma institucional a partir de los marcos de incentivos y
restricciones impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes y actores económicos,
sociales y políticos para la formulación e implantación de políticas públicas y que tienen un
impacto en los resultados medidos en términos de crecimiento y desarrollo. (pág. 11)
Otra de las teorías planteadas es el Constructivismo, Finnermore & Sikkink (2001) la definen
como “un enfoque de análisis social que trata sobre el papel de la conciencia humana en la vida
social” (pág. 391). Es decir, este enfoque otorga una gran importancia a las acciones realizadas
por las personas, además, permite entender el comportamiento colectivo de un sector en
específico con el fin de crear las bases para la elaboración de políticas ajustadas a su contexto. El
constructivismo hace mención “a un conjunto de elaboraciones teóricas, concepciones,
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91
interpretaciones y prácticas que, junto con poseer un cierto acuerdo entre sí, poseen también una
gama de perspectivas, interpretaciones y prácticas bastante diversas y que hacen difícil el
considerarlas como una sola” (Ayala, Alfaro, & Andonegui, 2007, pág. 85). Es decir, en el marco
de la elaboración de políticas públicas representa un factor muy relevante dado que permite
abordar los diferentes elementos que intervienen en una problemática y simplificarla hasta
encontrar una solución eficiente.
Desde esta perspectiva, la teoría constructivista puede ser usada para explicar la concepción
general del proceso de construcción de políticas, asimismo, como sostiene Cejudo (2008)
contribuir “a comprender los procesos específicos que lo componen: la definición de problemas
y la formación de agenda pública, la toma de decisiones y su justificación, la implementación de
dichas decisiones y, al final del ciclo, su evaluación” (pág. 5). En efecto, desde este enfoque se
especifica el proceso que engloba la toma de decisión y su materialización a través de las
herramientas de política económica.
Análisis de las políticas sociales en materia de inclusión laboral
Periodo 2000-2006. La adopción del dólar estadounidense como moneda de circulación local
fue una medida para frenar la galopante inflación y depreciación del sucre significando la perdida
de la política monetaria y atribuyendo mayor relevancia a la política fiscal como mecanismo de
estabilización de la economía (Acosta, 2006) No obstante, esta última aseveración permite
entender los mecanismos que regulan a un sistema dolarizado y los principales desafíos a los que
se enfrenta dicho país. Por otro lado, Narváez (2015) asevera que, desde la perspectiva política,
el Ecuador durante esos años se caracterizó por la inestabilidad que tenían los gobernantes de
turno en el poder. Lo cual trajo consigo que las diferentes problemáticas en términos económicos
y sociales, no sea solucionada debido a la falta de continuidad y ejecución de los programas y
proyectos; además los gobernantes no otorgaban un grado considerable de importancia a los
temas sociales del país. De acuerdo con Larrea (2004), las inversiones sociales y de asistencia no
se realizaron de forma pertinente debido a la falta de financiamiento, considerando que el país se
estaba recuperando de la crisis e impacto económico que representó el cambio de régimen
dolarizado. Mientras que se debe resaltar que las inversiones que obtenga el Ecuador deben tener
una relación con el financiamiento, ya que el manejo ineficiente de las inversiones ocasionaría
una crisis en los egresos del Estado, por ende:
En Ecuador, durante 2000-2006, fue destinado en promedio, 20 centavos de cada dólar de gasto
público a la inversión social, lo cual representa cuantiosos recursos para las arcas fiscales. Sin
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sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
92
embargo, en términos de bienestar e integración social, la inversión no se ha reflejado en cambios
importantes en el bienestar de la población. (Naranjo , 2008, pág. 7)
No obstante, el cumplimiento de los objetivos y programas sociales mantiene una relación directa
con los recursos asignados; es por esta razón, resulta relevante destacar el monto y peso que
tuvieron estas asignaciones respecto al Presupuesto General del Estado (PGE), como
antecedente para comprender el nivel de prioridad que les otorga el Estado a estos rubros. En la
Figura 1 se observa el presupuesto del sector social (devengado) como porcentaje del PGE para
el periodo 2000-2006, en donde se evidencia que los recursos destinados al sector social
representan entre 20 % y 21 % del PGE, esto se explica debido a que el Estado priorizó la
inversión social en áreas como la Educación con un promedio de alrededor de 10,8 %, seguido
de salud (4,5 %) y bienestar social (3,6 %), siendo el año 2002 el que presentó el mayor monto
asignado en el ámbito social con un 22,5 %.
Figura 1. Presupuesto sector social (devengado) como % del Presupuesto General del Estado. Años 2000-2006.
Información adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.
La Tabla 2 pone en manifiesto las inversiones sociales en programas relacionados con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como educación, salud, bienestar social y desarrollo
urbano y vivienda, las cuales presentan una tendencia creciente durante los periodos 2000-2006,
sin embargo, si se analiza el mismo rubro en relación al total de inversiones sociales, los resultados
demuestran que en el año 2000 alcanza una participación del 40,9 %, a partir del siguiente año
experimenta una caída hasta el año 2005 en donde se ubica en 28,5 %, mientras que para el 2006
se evidencia una leve recuperación igual a 31,7 %. Este comportamiento es similar si se evalúa en
8.4% 9.0%
12.6% 10.9% 11.7% 12.0% 11.3%
1.6%
5.1% 4.1% 4.5% 3.6% 3.3% 3.0%
13.9%
20.1%
22.5% 21.5% 21.5% 21.8% 20.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Educación Bienestar Social
Salud Desarrollo Urbano y Vivienda
Trabajo Total sector social
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
93
términos del PIB. Esta situación se justifica debido a que no se ejecutan en su totalidad los valores
asignados.
Tabla 2. Inversiones sociales totales e inversiones en los principales programas sociales relacionados
con los ODM (millones de dólares corrientes. Gastos devengados)
Inversiones públicas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total de inversiones sociales globales
644,4
954,5
1159,5
1231,5
1403,3
1747,7
1989
Total inversiones en programas específicos
258,3
312,3
363,8
377,8
443,9
497,3
629,5
Total inversiones sociales (porcentaje del
PIB)
4,2
5,2
5
4,5
4,6
5
5,1
Total inversiones de Programas (% del
PIB)
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,5
Inversión programa/Inversiones sociales
(%)
40,9
32,7
31,4
30,7
31,6
28,5
31,7
Gasto social total per cápita
52,4
76,5
91,6
95,9
107,7
132,2
147,4
Información proporcionada en base a estadísticas oficiales del Ministerio de Economía y fianzas -
Banco Central. Elaborado por Naranjo (2008).
La ideología neoliberal predominó en los temas económicos y políticos en este periodo; los
gobiernos de turno dieron mayor prioridad a el comportamiento del mercado dejando en un
segundo plano los aspectos sociales, lo que influyó en la calidad de vida de la población.
Periodo 2007-2017. El periodo posdolarización estuvo caracterizado por una constante
inestabilidad política impulsada por los frecuentes cambios de gobierno. Sin embargo, las
ideologías del Econ. Rafael Correa prometían romper los esquemas impuestos por el mercado
en cuanto al ámbito económico, político y social, a través de una mayor participación del Estado
en la vida económica y política del Ecuador, el principal objetivo era beneficiar a los grupos de
la población que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad (Mayoral, 2009). Durante este
periodo se potenció la canalización de los recursos fiscales a los sectores que requerían de una
intervención prioritaria debido a que no contaban con las mismas oportunidades.
En la Figura 2 se presenta el gasto social para los años 2007-2017 cuya tendencia mantiene
periodos cíclicos de mayor y menor asignación de recursos para el sector social, el análisis parte
del año 2007 en donde el gasto social como porcentaje del PGE se ubica en 26,9 %, sin embargo,
para los años posteriores se observa una leve reducción hasta el 2012 en donde el gasto en este
rubro se incrementa justificado por el “monto del Bono de Desarrollo Humano, ya que el número
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
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de beneficiarios aumentaba cada vez más, destinados específicamente a personas mayores,
madres solteras que no tenían ningún ingreso” (Macias & Peñaherrera, 2018, pág. 41). El aumento
al número de beneficiario se incrementó, debido a que se consideraron las personas que han sido
marginadas por varios años y recibieron la asistencia por parte del Estado. Por otro lado, en el
año 2014 se presenta una menor asignación de recursos para atender programas sociales, lo cual
se refleja en un 24,4 % respecto al PGE.
Figura 2. Gasto en el sector social como porcentaje del Presupuesto General del Estado. Años 2007-
2017. Información adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.
Características de las políticas sociales para las personas con discapacidad
El rubro de bienestar social “esta direccionado a dar prioridad a la seguridad ciudadana, mediante
las actividades que conforman los programas para proporcionar beneficios y prestar servicios a
los ciudadanos que están estrechamente relacionados con la incapacidad, enfermedad, jubilación
y desempleo, entre otros” (Macias & Peñaherrera, 2018, pág. 35). En efecto, se tratan las políticas
sociales orientadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y demuestra a la vez la
priorización de las políticas.
De acuerdo con la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013) resulta oportuno
destacar los principales hitos que se dieron a partir de la década de los 60 en materia de
discapacidad en el Ecuador:
26.9%
27.5%
25.8%
26.5%
25.6%
26.3%
27.1%
24.4%
27.1%
28.1% 27.8%
22.0%
23.0%
24.0%
25.0%
26.0%
27.0%
28.0%
29.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
95
Tabla 3. Hitos en materia de discapacidad en el Ecuador
Años
Hito
1965
Se aprueba la primera “Ley de ciegos”
1973
Creación del consejo Nacional de
Rehabilitación Profesional – CONAREP.
Institución que se encargó en la inserción
laboral y formación y ocupación de las
personas con discapacidad. Se decretó el
beneficio de exoneración de impuestos para
la importación de vehículos ortopédicos
para las personas con discapacidad física.
1977
Expedición de la “Ley General de
Educación”, su mayor preocupación era la
cobertura y atención a las personas con
discapacidad.
1979
Fundación de la Unidad de Educación
Especial
1980
Creación de la División Nacional de
Rehabilitación del Ministerio de Salud
Pública
1982
Expedición de la “Ley de Protección del
Minusválido”, donde se crea la Dirección
Nacional de Rehabilitación Integral del
Minusválido – DINARM. La ley contenía la
prevención y la atención de las personas con
discapacidad, y establecía la desaparición del
CONAREP
Durante los años 80 se dio la creación de la “Comisión Interinstitucional de análisis de la
Discapacidad en el Ecuador”; a su vez se emprendió un trabajo del Estado en conjunto
con organizaciones privadas.
1989
Se conformó la Comisión Interinstitucional
de Análisis de la Situación de las
Discapacidades en el Ecuador - CIASDE
1991
Expedición del “I Plan Nacional de
Discapacidades”
1992
Se remitió la “Ley 180 sobre Discapacidad”,
nace el consejo Nacional de Discapacidades
– CONADIS, institución encargada de
dictar políticas, coordinar acciones e
impulsar investigación
1998
Expedición de la “Constitución del
Ecuador”, donde puso atención a las
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
96
personas con discapacidad
Información adaptada de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013). Elaboración
propia.
Tabla 4. Continuación de los hitos en materia de discapacidad en el Ecuador
Hitos
Años
Durante la década de los 90, el CONADIS, promocionó y fortaleció las organizaciones de
personas con discapacidad a través de cinco federaciones nacionales: FENEDIF (Federación
Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física), FENCE (Federación Nacional de Ciegos
del Ecuador), FENASEC (Federación Nacional de Sordos del Ecuador), FEPAPDEM
(Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual, Parálisis
Cerebral, Autismo y Síndrome de Down), y FENODIS (Federación Nacional de ONG para la
Atención de las Discapacidades)
2001
Naciones Unidas otorga al país el premio
internacional Franklin Delano Roosevelt, por
haber realizado un trabajo destacado, de
carácter intersectorial e interinstitucional en
materia de políticas de discapacidad.
2005
Se reforma el Código del Trabajo, y se incluye
el porcentaje de trabajadores discapacitados
con los debe contar una empresa: 2006 el 1 %;
2007 el 2 %; 2008 el 3 %; 2009 el 4 %.
2007
Suscripción de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y
su protocolo facultativo
2011
La Vicepresidencia de la República determinó
que únicamente el 23,5 % de 3.640 empresas
cumplían con la inserción del 4 % de personas
con discapacidad
2012
Publicación de la “Ley Orgánica de
discapacidad en el Registro Oficial Nº796”
2013
Conformación de la Secretaria Técnica de
Discapacidades, adscrita a la Vicepresidencia
2017
El Ecuador asume la Vicepresidencia de la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (COSP10).
Información adaptada de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013). Elaboración
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
97
propia.
La cronología en materia de discapacidad en el Ecuador comienza en el año 1965 con la
aprobación de la primera “Ley de ciegos” siendo la primera legislación latinoamericana sobre
discapacidad. No obstante, en los años posteriores, los esfuerzos por insertar a este grupo en la
sociedad presentaban poca efectividad en su aplicación ya que las instituciones carecían de datos
sobre las características de estas personas. Posterior a esto, en la década de los 80 se creó la
“Comisión Interinstitucional de análisis de la Discapacidad en el Ecuador” gracias al trabajo entre
el Estado y las organizaciones privadas. En 1991 tuvo lugar la expedición del “I Plan Nacional
de Discapacidades” cuyo objetivo principal era satisfacer las necesidades y garantizar la
protección de cada uno de los involucrados, no obstante, su puesta en marcha no fue la esperada
por lo que se abandonó el plan. Un año después nace el Consejo Nacional de Discapacidad
(CONADIS), organismo encargado de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar las
investigaciones sobre esta realidad en el país. En 1998 se aprueba una nueva Constitución, en
donde se estipula la importancia de la inclusión e inserción de las personas con discapacidad. La
inclusión de las personas con discapacidad poco a poco ha ido adquiriendo mayor relevancia
tanto en el sector público como en el privado buscando una sociedad justa y equitativa con
igualdad de oportunidades para todos. Es por esta razón que en el 2005 se reformó el Código del
Trabajo en el que se estipulaba que cada empresa del sector público y privado debía cumplir con
la inserción del 4% de personas con discapacidad. Sin embargo, en el 2012 la Vicepresidencia de
la República determinó que solo el 23,5 % de 3.640 empresas cumplían con la reforma, lo que
trajo consigo un mayor seguimiento en esta área. Es por esta razón que desde la Vicepresidencia
se impulsó la creación de un marco normativo orientado a desarrollar políticas, programas y
proyectos con el fin de mejorar la cobertura, calidad y accesos de las personas con discapacidad.
Según CONADIS (2016) “en el año 2007 se suscribió en el Ecuador la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y firmó el Protocolo Facultativo en el 2008, de esta
manera se volvió un instrumento de aplicación obligatoria para el Ecuador” (CONADIS, 2016,
pág. 2). Desde esta perspectiva, durante los primeros años de gobierno se diseñaron políticas y
proyectos que garanticen los derechos de las personas con discapacidad e incluirlas en el marco
de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Uno de los programas que más importantes ha sido la Misión Solidaria Manuela Espejo. “El
objetivo principal de la Misión para diseñar políticas de discapacidad efectivas era obtener un
acercamiento a las personas con discapacidad en el país y conocer sus necesidades de asistencia
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
98
sanitaria, ayudas técnicas, rehabilitación y apoyo socioeconómico” (Banco Mundial, 2013, pág.
30). En efecto, el logro del objetivo es a través de las encuestas que se realizaban a las personas
con discapacidad para tener conocimiento de las condiciones en las que están viviendo en el país.
Con el propósito de asegurar el apoyo necesario para el cumplimiento de la inserción e inclusión
de las personas con discapacidad, en el año 2009, se firmó un convenio interinstitucional entre la
Vicepresidencia de la Republica y varias instituciones públicas y ministerios.
Es evidente que durante el periodo 2000-2006, el marco normativo creado en beneficio de las
personas con discapacidad ha trazado el camino hacia una sociedad más inclusiva, sin embargo,
se ha considerado poco sobre políticas públicas de inserción laboral. La falta de asignación de
recursos, la estructura institucional relativamente débil son algunas de los factores que no han
garantizado una buena ejecución de programas y proyectos para la inserción en el ámbito laboral.
En el 2007, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se
dio una mayor prioridad a las políticas de inclusión en educación, salud y trabajo. La preocupación
del Estado por atender a este grupo de personas se ve reflejado en la implementación de
capacitaciones, es decir que la ideología política favorece también a las personas necesitadas.
En la Figura 3 se presenta información proporcionada por el Censo de Población y Vivienda en
el que se indica el nivel de instrucción en porcentaje de las personas con discapacidad.
Figura 3. Porcentaje de personas con discapacidad según el nivel de instrucción. Información adaptada
del Censo de
Población y Vivienda 2010. Elaboración propia.
El nivel de instrucción más alto alcanzado es la educación primaria que representa el 40.8%,
seguido del 14.6% de la educación secundaria, y solo apenas el 6.3% contaba con un nivel de
instrucción superior. Los datos del 2010, demuestran la falta de preocupación por este segmento
de población, ya que el nivel de educación primaria no es suficiente para incorporarse en el
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
99
mundo laboral. La Tabla 5 presenta las principales políticas públicas y lineamientos en materia
laboral establecidas en los planes nacionales de desarrollo, las cuales hacen énfasis en la inserción
del 4% de personas con discapacidad respecto al total de trabajadores en las empresas públicas y
privadas, además de los programas de capacitaciones y fomento de microemprendimientos.
Tabla 5. Políticas públicas y lineamientos en materia de inserción laboral para personas con
discapacidad 2007 – 2017
Fuente
Política Pública
Lineamientos
Plan Nacional
de Desarrollo
2007-2010
Incentivar la inserción
laboral de personas con
discapacidad.
Capacitación permanente a personas
discapacitadas y sus familias, en especial
a las madres de familia.
Fomento y estimulación de la capacidad
emprendedora de familias (en especial
madres) de discapacitados, mediante la
inclusión de ellas en programas actuales
de microemprendimiento.
Fomento a la inserción laboral de
personas discapacitadas en empresas
públicas y privadas a través de
incentivos generados por el Estado para
las empresas.
Impulso a la creación de un centro de
entrenamiento para la producción para
personas con necesidades especiales
(personas con discapacidad).
Plan Nacional
del Buen Vivir
2009-2013
Valorar todas las formas
de trabajo, generar
condiciones dignas para
el trabajo y velar por el
cumplimiento de los
derechos laborales.
Promover el conocimiento y plena
aplicación de los derechos laborales.
Reformar la legislación laboral y
fortalecer los mecanismos de control,
sensibles a las diversidades, para
eliminar el trabajo precario, la
tercerización laboral y asegurar
relaciones laborales directas y
bilaterales.
Apoyar iniciativas de trabajo autónomo
preexistente mejorando sus condiciones
de infraestructura, organización y el
acceso al crédito en condiciones de
equidad.
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
100
Proveer prestaciones de seguridad
social eficiente, transparente, oportuna
y de calidad para todas las personas
trabajadoras, cualesquiera sean las
formas de trabajo que desempeñen.
Impulsar procesos de
capacitación y formación
para el trabajo.
Fortalecer la capacidad pública instalada
de capacitación y formación
considerando la amplitud y diversidad
de las formas de trabajo.
Estimular la formación en los centros
de trabajo.
Promover condiciones y
entornos de trabajo
seguro, saludable,
incluyente, no
discriminatorio y
ambientalmente
amigable.
Sancionar los actos de discriminación y
acoso laboral por concepto de género,
etnia, edad, opción sexual, discapacidad,
maternidad u otros motivos.
Promover entornos laborales accesibles
y que ofrezcan condiciones saludables,
seguras y que prevengan y minimicen
los riesgos del trabajo.
Aplicar procesos de selección,
contratación y promoción laboral en
base a las habilidades, destrezas,
formación, méritos y capacidades.
Impulsar actividades
económicas que
conserven empleos y
fomenten la generación
de nuevas plazas, así
como la disminución
progresiva del
subempleo y desempleo.
Fortalecer los bancos de información
de fuentes de empleo y servicios de
colocaciones, y articularlos al sistema de
contratación y compras públicas.
Adoptar programas y proyectos
públicos de infraestructura intensivos
en la generación de empleo que
prioricen la contratación de mano de
obra local, calificada y registrada en
bolsas de empleo públicas o privadas.
Fomentar la
asociatividad como base
para mejorar las
condiciones de trabajo,
así como para crear
nuevos empleos.
Apoyar las iniciativas de producción y
de servicio de carácter asociativo y
comunitario con mecanismos
específicos de acceso al crédito y a
otros factores productivos, compras y
contratación pública con
condicionalidades positivas para
promover la asociatividad.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
101
Impulsar el
reconocimiento del
trabajo autónomo, de
cuidado humano, de
ciudad familiar y de
autoconsumo.
Incrementar la cobertura de seguridad
social y la capacitación a quienes cuiden
a personas con discapacidad que
requieran atención permanente.
Vicepresidencia
de la República
Ecuador sin Barreras
(Empleo sin barreras)
Desarrollar destrezas y capacidades para
fomentar las oportunidades de empleo.
Agenda
Nacional para
la Igualdad de
Discapacidades
2013-2017
Salvaguardar y promover
el derecho al trabajo de
las personas con
discapacidad, sin
discriminación, en
igualdad de derechos
laborales y considerando
las condiciones
específicas de la persona
con discapacidad.
Ampliar la probabilidad de inserción y
reinserción laboral de personas con
discapacidad con bajos niveles de
educación formal
Incrementar oportunidades de empleo y
mejorar los ingresos de las personas
con discapacidad
Asegurar condiciones que garanticen el
desempeño laboral de las personas con
discapacidad mediante la equiparación
de oportunidades.
Incrementar posibilidades de
autoempleo, microemprendimientos y
trabajo protegido para personas con
discapacidad y sus familias.
Fortalecer la institucionalidad de los
organismos públicos y privados,
comprometidos con el trabajo y empleo
para personas con discapacidad.
Información adaptada de los planes de desarrollo (2007-2010), (2019-13) y la Agenda Nacional para
la Igualdad de Discapacidades (2013-2017). Elaboración propia.
Los lineamientos de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) se encaminan a instaurar
acciones para reducir las falencias que corresponden a las restricciones en la formación y
capacitación profesional que influyen en la inserción laboral de las personas con discapacidad. El
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 potencia la inserción en el área laboral de este grupo de
personas con una política que fomenta las capacitaciones, estimulando de esta manera el
emprendimiento de las familias. La influencia que tiene el nivel de educación de las personas en
la sociedad es fundamental en la oportunidad de acceder a un trabajo, pues las personas deben
adquirir habilidades y conocimientos prácticos dentro de un área específica garantizando su
crecimiento profesional y laboral. Por otro lado, la Agenda Nacional para la Igualdad de
Discapacidades 2013-2017 promueve el derecho al trabajo de las personas con discapacidad sin
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
102
discriminación y en igualdad de derechos laborales considerando las condiciones específicas de
cada persona. Así mismo la Vicepresidencia de la República lanzó el programa Ecuador sin
Barreras, la cual se encaminó en crear las oportunidades necesarias para una correcta
incorporación laboral. En efecto, la selección de las políticas y lineamientos detallados en la Tabla
5 obedece a criterios que pretenden mostrar las acciones que el Estado ecuatoriano ha llevado a
cabo durante el periodo 2007-2017.
Incidencia de las políticas sociales en la inserción e inclusión laboral de las personas con
discapacidad
Los acuerdos, tratados, convenciones y entidades dedicadas a garantizar los derechos de los
ciudadanos han sentado su trabajo en base a los principios que promueven la igualdad de
condiciones y oportunidades para todas las personas, incluso las personas en situación de
vulnerabilidad como las personas con discapacidad cuyos estereotipos impiden un correcto
desarrollo tanto en el ámbito económico, social, cultural y laboral. En este mismo sentido,
Jiménez (2014) sostiene que:
La desigualdad en los patrones de inserción laboral y la discriminación que sufren las personas con
discapacidad en el mercado laboral contribuye a reproducir la desigualdad social, la pobreza y la
exclusión social. Al no poder acceder a un trabajo, no hacerlo en igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos o hacerlos en espacios diferenciados o protegidos, las personas con
discapacidad corren el riesgo de convertirse en ciudadanos de segunda categoría. (pág. 17)
Por esta razón es necesaria la realización de políticas sociales por parte de los gobiernos para
mitigar la discriminación de las personas con discapacidad. Según Yépez (2017) y considerando
la investigación realizada por el CONADIS en el año 2004 se pudo evidenciar que el 50 % de las
personas con discapacidad se encuentran dentro de los quintiles 1 y 2 lo que significa que 789.998
personas con discapacidad reciben los menores ingresos en el país lo equivalente entre 0 a 30
dólares mensuales.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
103
Figura 4. Número de personas insertadas en el mercado laboral periodo (2000-2017). Información
adaptada del CONADIS. Elaboración propia.
La Figura 4, presenta el número de personas discapacitadas insertadas en el mercado laboral de
acuerdo con datos proporcionados por el CONADIS durante dos periodos de estudio 2000-
2006 y 2007-2017. A partir del año 2000 se evidencia un escaso número de personas insertadas
en el mercado laboral, sin embargo, esta coyuntura se explica por razones que van desde la falta
de políticas sociales enfocadas a las personas con discapacidad hasta la inexistencia de
información disponible a través de los registros oficiales llevados a cabo por instituciones
públicas, lo cual limita las estadísticas que presenten el nivel de inserción.
Por otro lado, a partir del periodo 2007-2017, instituciones públicas como el CONADIS, la
Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Trabajo otorgaron un especial énfasis al
seguimiento y estudio de la inserción laboral de las personas con discapacidad, lo cual se refleja
en una base de datos más amplia acerca del registro de las personas discapacitadas que han sido
insertada laboralmente. Desde esta perspectiva, se evidencia una tendencia creciente impulsada
por las políticas de bienestar social del Expresidente Rafael Correa cuya ideología basada en la
construcción de una agenda política enfocada en un mayor gasto público priorizando
principalmente la inversión social que contribuyeron a que las instituciones públicas y entidades
privadas incluyan dentro de sus plazas de trabajo a las personas con discapacidad.
11504
446650
0
100000
200000
300000
400000
500000
2000-2006 2008-2017
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
104
Figura 5. Evolución de las personas insertadas laboralmente. Información adaptada del CONADIS.
Elaboración propia.
Adicionalmente, se dio un mayor seguimiento a las empresas públicas y privadas en el
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes con el fin de garantizar la correcta inserción
laboral de las personas con discapacidad. En este mismo sentido, la Vicepresidencia de la
República (2011) “investigó a 3.640 empresas privadas en las 24 provincias del país, en las cuales
determinó que únicamente el 23,5 % cumple con la ley (4 %)” (pág. 1). Sin embargo, en los
últimos años se evidencia un gran avance en políticas sociales de inserción laboral, esto se
evidencia en la Figura 5 donde existe un aumento significativo de personas con discapacidad en
el ámbito laboral desde el año 2011 con un total de 9.701 personas. A partir de ahí se presenta
un alto crecimiento de inserción laboral sin distinción del sector alcanzando su pico más alto en
el año 2014 con un total de 88.565 personas. Así mismo durante este periodo se fomentó la
generación de microemprendimientos y se inspeccionaron 22.320 empresas, por lo que la cifra
durante esos años creció significativamente. Se evidencia durante el 2014 diversos cambios que
se han presentado para que las personas con discapacidad logren encontrar empleo, a su vez
también se incluye a aquellas personas que son artesanas y que manejan su línea de producción.
No obstante, en los próximos años disminuye la inserción de este grupo en el mercado laboral,
esta situación se justifica por la desaceleración del crecimiento económico del país, lo que influyó
constituyó la pérdida de empleo de gran parte de la población. Otra situación que marcó una
disminución de inserción laboral fue la eliminación de la Secretaría Técnica de Discapacidades
(SETEDIS) en el año 2016.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
105
Por otro lado, en la Tabla 6 se pone en manifiesto los ingresos percibidos por el número de
personas discapacitadas insertadas en el ámbito laboral, en función del salario básico unificado
(SBU) vigente para cada año. Durante los primeros años las limitaciones de laborales deterioraron
la calidad de vida de las personas, sin embargo, esto cambia a partir del año 2007 donde los
ingresos crecieron sustancialmente al pasar de 322.830 dólares en el año antes mencionado hasta
24’676.500 dólares en el año 2017. La mejora de los ingresos de las personas con discapacidad
permitió insertarlas formalmente en el mercado laboral y garantizar el acceso a prestaciones de
seguridad social para ellos y toda su familia, lo cual mejora la calidad de vida de este grupo de
atención prioritaria.
Tabla 6. Ingresos netos de personas insertadas laboralmente de acuerdo con el Salario Básico
Unificado (2000-2017)
Años
SBU
Personas
insertadas
laboralmente
Total
2000
$ 57,00
1
$ 57,00
2001
$ 86,00
1
$ 86,00
2002
$ 105,00
77
$ 8.085,00
2003
$ 122,00
1339
$ 163.358,00
2004
$ 136,00
4116
$ 559.776,00
2005
$ 150,00
4023
$ 603.450,00
2006
$ 160,00
1947
$ 311.520,00
2007
$ 170,00
1899
$ 322.830,00
2008
$ 200,00
4591
$ 918.200,00
2009
$ 218,00
4343
$ 946.774,00
2010
$ 240,00
13664
$ 3.279.360,00
2011
$ 264,00
9701
$ 2.561.064,00
2012
$ 292,00
38317
$ 11.188.564,00
2013
$ 318,00
51273
$ 16.304.814,00
2014
$ 340,00
88565
$ 30.112.100,00
2015
$ 354,00
81463
$ 28.837.902,00
2016
$ 366,00
87030
$ 31.852.980,00
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
106
2017
$ 375,00
65804
$ 24.676.500,00
Información adaptada del CONADIS y el Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración propia.
Un estudio realizado en el 2010 por la Misión Manuela Espejo pudo constatar la presencia de
entornos caracterizados por la extrema pobreza. Bajo este contexto y en base al decreto ejecutivo
N.º 422 se “establece la transferencia monetaria condicionada de 240 dólares, a un responsable
que es encargado del cuidado de personas con discapacidad severa, enfermedad catastrófica, rara
o huérfana” (Guerra & Valencia, 2015, pág. 24). Esta postura del Estado evidencia las acciones
que se están tomando como respuesta a las personas con discapacidad física, intelectual o con
multidiscapacidades.
La Figura 6 muestra el número de personas beneficiadas con el Bono Joaquín Gallegos Lara
durante los periodos 2013-2017. En el año 2013, 19.959 personas tienen acceso a este subsidio
otorgado por el Estado, posteriormente se evidencia una tendencia ascendente hasta su punto
máximo en el año 2015 con un total de 22.849 personas, esto se debe a una mayor cobertura por
parte del gobierno para la entrega de este bono, adicionalmente, otro de los factores que
contribuyó al incremento de beneficiarios fue el afán del gobierno en mejorar las estadísticas en
materia de discapacidad lo cual facilita la identificación de personas en condiciones de
vulnerabilidad.
Figura 6. Número de personas beneficiadas con el Bono Joaquín Gallegos Lara (2013-2017).
Información adaptada de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SICES). Elaboración
propia.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
107
En este mismo sentido, en la Figura 7 se presenta el presupuesto invertido para atender el pago
del Bono Joaquín Gallegos Lara durante los periodos 2013-2017. En efecto, se evidencia que en
el año 2013 el monto asignado al cumplimiento de este subsidio alcanzó los 25,1 millones de
dólares, seguido del 2014 cuya tendencia se mantiene un incremento relativamente estable hasta
el año 2017, el mismo que se ubicó en 62,9 millones de dólares.
Figura 7. Presupuesto asignado para el Bono Joaquín Gallegos Lara (2013-2017). Información
adaptada de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SICES). Elaboración propia.
Qué se ha hecho en el periodo 2018-2023.
En este periodo vuelven a primar las políticas neoliberales, aun así, se conservan muchos de los
avances que sobre todo en materia social se alcanzaron en el periodo anterior, si bien no se
desarrollan nuevas y más medidas se mantienen las preexistentes lo que garantiza a las personas
con discapacidad la continuidad en materia de inserción laboral, bonos, aunque existe una fuerte
crisis en el principal instrumento de su condición, la emisión del certificado CONADIS, que es
el medio que verifica su condición y garantiza que se les concedan los derechos respectivos.
En el período 2018-2023, Ecuador avanzó en la inclusión laboral de personas con discapacidad,
pero los resultados han sido mixtos debido a limitaciones estructurales y económicas. Las
acciones implementadas estuvieron enmarcadas principalmente en la Ley Orgánica de
Discapacidades (LOD), que establece el derecho al empleo digno para este grupo y obliga tanto
al sector público como privado a contratar al menos un 4% de personas con discapacidad en sus
nóminas.
El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades (CONADIS), ejecutó programas de inserción laboral, enfocándose en
auditorías para verificar el cumplimiento de las cuotas de contratación y promoviendo alianzas
con empresas privadas. Estas iniciativas también se complementaron con campañas de
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
108
sensibilización para empleadores, orientadas a derribar estigmas asociados a las capacidades
productivas de las personas con discapacidad.
En cuanto a capacitación, se promovieron talleres técnicos en áreas como tecnología digital,
habilidades blandas y oficios especializados, muchas veces en colaboración con universidades y
centros de formación profesional. Estas capacitaciones buscaban empoderar a las personas con
discapacidad para competir en el mercado laboral. Asimismo, durante este período, se
desarrollaron programas para fomentar el emprendimiento, ofreciendo créditos con tasas
preferenciales y asistencia técnica para garantizar la sostenibilidad de los negocios liderados por
personas con discapacidad.
Sin embargo, el impacto de estas políticas fue limitado por varios factores. En primer lugar,
aunque la ley establece cuotas obligatorias, las auditorías revelaron un incumplimiento
generalizado, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que enfrentan dificultades
económicas para adaptar sus instalaciones o cubrir los costos relacionados con la contratación.
Además, la falta de infraestructura accesible y transporte adecuado sigue siendo un obstáculo
significativo para la participación plena en el mercado laboral, particularmente en zonas rurales.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
109
Figura 8. Cobertura del servicio para personas con discapacidad. Tomado de la web del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Elaboración Dirección
de Gestión de Información y Datos.
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
110
Por otro lado, durante la pandemia de COVID-19, se presentaron oportunidades y desafíos
adicionales. La expansión del teletrabajo benefició a algunas personas con discapacidad al
eliminar barreras de movilidad, pero también puso de manifiesto la desigualdad en el acceso a
tecnologías y habilidades digitales.
En términos de resultados, aunque se observaron incrementos marginales en las tasas de empleo
formal para personas con discapacidad, el mercado laboral ecuatoriano continuó
caracterizándose por altos niveles de informalidad, que afectan particularmente a este grupo
vulnerable. Además, las tasas de desempleo y subempleo en personas con discapacidad
permanecen superiores al promedio nacional, lo que refleja la persistencia de barreras
estructurales.
En el período 2018-2023, Ecuador implementó diversas políticas para promover la inclusión
laboral de personas con discapacidad, con resultados moderados. El contexto económico,
marcado por crisis fiscales y el impacto de la pandemia de COVID-19, limitó el alcance de estas
iniciativas. Sin embargo, se mantuvo un marco normativo enfocado en los derechos de las
personas con discapacidad, como lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD).
A continuación, se presenta un análisis por gobierno de turno, incluyendo cifras relevantes y un
resumen de las principales políticas.
Tabla 7. Principales políticas, estadísticas y desaciertos del 2018-2023
Gobierno
Principales políticas o
logros
Estadísticas clave
Mayores errores
Lenín Moreno
(2018-2021)
- Refuerzo de la aplicación
de la Ley Orgánica de
Discapacidades (LOD).
- En 2020, cerca de
21,000 personas con
discapacidad fueron
empleadas
formalmente
(Ministerio de
Trabajo).
- Baja fiscalización del
cumplimiento de la cuota del
4% en empresas.
- Implementación de
programas de capacitación
técnica en colaboración
con empresas privadas.
- Incremento del
empleo formal de
personas con
discapacidad al 2.5%
del total nacional.
- Débil seguimiento a los
programas de inclusión
laboral.
- Fomento del teletrabajo,
especialmente durante la
pandemia de COVID-19.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, vol. 6, núm. 8, 2024
111
Guillermo
Lasso (2021-
2023)
- Promoción de campañas
de sensibilización para
empleadores.
- En 2022, 24,500
personas con
discapacidad
empleadas
formalmente, un
aumento del 16.6%
respecto a 2021.
- Falta de programas de
capacitación tecnológica
adecuados para teletrabajo.
- Créditos preferenciales y
asesoramiento para
fomentar el
emprendimiento inclusivo.
- Incremento de
actividades de
emprendimiento
lideradas por
personas con
discapacidad.
- Enfoque limitado en zonas
rurales y sectores
vulnerables.
- Mayor rigor en auditorías
para verificar el
cumplimiento de las
cuotas laborales.
Información adaptada del CONADIS y el Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración propia.
CONCLUSIONES
Hay una clara diferenciación del enfoque de la política pública en el Ecuador, del 2000 al 2006
priman las políticas neoliberales en detrimento de las políticas sociales, situación que tiene un
giro de gran importancia para el siguiente periodo 2007-2017, sin embargo, en el siguiente
periodo 2018-2021 no se dieron mayores cambios ni beneficios, prácticamente se recibió los
resultados que se gestaron en el periodo anterior.
Las características de las políticas sociales para las personas con discapacidad en el periodo 2000-
2017, se concluye que durante los años 2000-2006 a pesar de que los gobiernos de turno no
fomentaron proyectos cuya finalidad sea la inserción laboral de las personas con discapacidad, la
reforma al Código del Trabajo en el año 2006, marcó un hito histórico en este tema, debido a
que permitió que tanto las empresas públicas como privadas incluyan obligatoriamente el 4% de
personas con discapacidad respecto al total de trabajadores, lo cual dio un paso importante a una
nueva etapa en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad en el Ecuador.
Respecto al segundo periodo 2007-2017, el gobierno a través de la Vicepresidencia de la
República, el Ministerio de Relaciones Laborales actualmente llamado Ministerio del Trabajo y el
SECAP, impulsaron la creación de políticas públicas orientadas a dar seguimiento y control de
las personas con discapacidad, esto con la finalidad de garantizar los derechos de estas personas,
a través de procesos de capacitación, talleres de sensibilización y rehabilitación. Por otro lado, se
reforzó el marco legal y se creó la Ley Orgánica de Discapacidad en el año 2012 con el afán de
garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria, además, de programas como la
Breve descripción contemporánea de las políticas Poaquiza-Cornejo, García, Sánchez y Alejandro
sociales de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad en el Ecuador, periodo 2000-
2021
112
Misión solidaria Manuela Espejo, el proyecto Misión solidaria Joaquín Gallegos Lara, proyecto
Ortesis y Prótesis, mientras que en materia de inserción laboral se establecieron políticas públicas
y lineamientos en los planes Nacionales de desarrollo con el objeto de generar un vínculo entre
las empresas y las personas con discapacidad.
En el período 2018-2023, Ecuador mostró avances importantes en la inclusión laboral de
personas con discapacidad, respaldados por la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) y
programas específicos de capacitación, emprendimiento y teletrabajo. Sin embargo, los resultados
evidenciaron limitaciones significativas, como el bajo cumplimiento de la cuota del 4% en
empresas, la débil fiscalización y el enfoque limitado en zonas rurales y sectores más vulnerables.
A pesar del aumento gradual en la formalidad laboral, que alcanzó a 24,500 personas en 2022,
persisten barreras estructurales como la falta de infraestructura accesible y programas de largo
alcance. Para consolidar los logros y superar los desafíos, es crucial fortalecer la fiscalización,
diversificar las iniciativas de capacitación tecnológica y fomentar una cultura empresarial inclusiva
que permita el desarrollo pleno de este grupo vulnerable.
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