La necesidad de uniformidad en las Jurisprudencias Erga Omnes en Ecuador: Análisis doctrinal y consecuencias jurídicas

The need for uniformity in the Erga Omnes Jurisprudence in Ecuador: Doctrinal analysis and legal consequences

Oscar Ayala Endara[1]
Verónica Carrera García[2]
Karla Calle Burgos[3]

Como citar: Ayala Endara, O. A Carrera García, V. F., Calle Burgos, K. P. (2024) La necesidad de uniformidad en las Jurisprudencias Erga Omnes en Ecuador: Análisis doctrinal y consecuencias jurídicas. Derecho Crítico: Revista Jurídica, Ciencias Sociales y Políticas. 5(5) 1-23. DOI: https://doi.org/10.53591/dcjcsp.v5i5.599

Resumen: Esta investigación tuvo como objetivo principal examinar la importancia que tiene la uniformidad en la aplicación de las decisiones judiciales erga omnes en el sistema legal ecuatoriano. El estudio se basó en un enfoque metodológico descriptivo y documental para analizar la uniformidad de las decisiones judiciales erga omnes en Ecuador. Además, se emplearon métodos analíticos y críticos para descomponer la información y evaluar las limitaciones y áreas de mejora del sistema judicial. El análisis se estructuró utilizando métodos inductivo-deductivos y el método exegético para una interpretación detallada de textos legales, considerando su contexto histórico y social. Los resultados permitieron comprobar que, a pesar de las bases legales existentes dentro del Ecuador, se siguen presentando casos donde la falta de uniformidad en jurisprudencias erga omnes, lo cual compromete la seguridad jurídica y socava la confianza pública debido a interpretaciones divergentes y decisiones variables entre los jueces. Por lo que se concluye, que es evidente la necesidad de garantizar procesos uniformes tal como lo establece la Corte Constitucional, lo que refleja la importancia de fortalecer el sistema de precedentes vinculantes y mejorar la formación judicial para garantizar una aplicación más consistente de la ley, impulsando reformas legislativas y mayor transparencia en las decisiones judiciales.

Palabras claves:

Jurisprudencia erga omnes, uniformidad jurisprudencial, decisiones judiciales, jurisprudencia constitucional.

ABSTRACT: The main objective of this research was to examine the importance of uniformity in the application of erga omnes judicial decisions in the Ecuadorian legal system. The study was based on a descriptive and documentary methodological approach to analyze the uniformity of erga omnes judicial decisions in Ecuador. In addition, analytical and critical methods were used to break down the information and evaluate the limitations and areas for improvement of the judicial system. The analysis was structured using inductive-deductive methods and the exegetical method for a detailed interpretation of legal texts, considering their historical and social context. The results allowed us to verify that, despite the existing legal bases within Ecuador, cases continue to arise where the lack of uniformity in erga omnes jurisprudence, which compromises legal security and undermines public trust due to divergent interpretations and variable decisions between the judges. Therefore, it is concluded that the need to guarantee uniform processes as established by the Constitutional Court is evident, which reflects the importance of strengthening the system of binding precedents and improving judicial training to guarantee a more consistent application of the law, promoting legislative reforms and greater transparency in judicial decisions.

Keywords: Jurisprudence erga omnes, jurisprudential uniformity, judicial decisions, constitutional jurisprudence.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el análisis, desarrollo y aplicación de la jurisprudencia se basa en procesos que aplican un control de legalidad o constitucionalidad, sustentados por el marco normativo vigente. Este marco permite a las altas cortes, según sus competencias, aclarar, ampliar, suplir o invalidar normas. Las decisiones jurídicas de estas cortes tienen un carácter general y obligatorio, con efectos erga omnes, incluyendo aquellas normas relacionadas con la modificada o invalidada (Quituisaca-Zhuno & Zamora-Vázquez, 2022).

Es así como, las decisiones de los tribunales constitucionales funcionan como una auténtica casación. Reflejan la esencia jurídica de estas acciones, a través de la uniformidad de los criterios interpretativos o en la garantía del principio de igualdad y seguridad jurídica. Este es el significado de la efectividad erga omnes y que destaca la formación de los aspectos legislativos a través de la interpretación constitucional.

Según los planteamientos de Cevallos (2023) en Ecuador, la constitución establece un marco claro para el desarrollo jurisprudencial dentro de sus garantías, permitiendo que a través de dicha línea jurisprudencial se amplíe el desarrollo doctrinario aplicable al caso concreto. Este proceso cumple con los elementos esenciales del constitucionalismo actual, donde la uniformidad jurisprudencial se confía principalmente a la Corte Constitucional, encargada de garantizar este valor. Todo esto, con la finalidad de que se “desarrollen y garanticen la uniformidad de interpretaciones y de criterios de aplicación, a fin de evitar actuaciones judiciales arbitrarias, injustificadas o desiguales que lesionen la seguridad jurídica, la certeza y la igualdad en la aplicación del Derecho” (Cevallos, 2023, p. 65).

Sin embargo, señala Aguirre Castro (2019) que al examinar las jurisprudencias erga omnes en Ecuador, se observa que, aunque las sentencias del Pleno de la Corte Constitucional tienen efectos vinculantes erga omnes desde su adopción, en muchos casos no hay uniformidad en la coerción para su aplicación. Esta falta de uniformidad genera un desequilibrio en la justicia, ya que la ciudadanía percibe una visión desarticulada de los hechos, lo que conduce a la presentación de interposiciones ante la jurisdicción internacional.

La falta de coercitividad en estos procedimientos trae consigo consecuencias significativas para la reputación, imagen y economía del Estado, reflejando el incumplimiento de los lineamientos establecidos en la constitución ecuatoriana, el bloque constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos (Villegas Paredes, 2020). La ausencia de uniformidad en la aplicación de la justicia genera conflictos que resultan en inseguridad jurídica en el país. Las discrepancias en la aplicación de precedentes jurisprudenciales por parte de algunos jueces dan lugar a interposiciones de acciones extraordinarias de inconstitucionalidad, lo que congestiona los procesos ante la Corte Constitucional. Este represamiento vulnera otros derechos, como el principio de celeridad.

De esta manera, esta falta de uniformidad en la aplicación de las jurisprudencias tiene un gran impacto en la sociedad, inmersa en determinadas disputas jurídicas. Estas falencias generan inconformidad con el manejo de la justicia, afectando gravemente la credibilidad del sistema judicial y disminuyendo la confianza en el órgano judicial.

El presente estudio tiene como objetivo principal examinar la importancia que tiene la uniformidad en la aplicación de las decisiones judiciales erga omnes en el sistema legal ecuatoriano. Este análisis buscaría identificar los problemas y las consecuencias jurídicas que surgen de la falta de coherencia y consistencia en la aplicación de estas jurisprudencias, así como proponer posibles soluciones para mejorar esta problemática.

Por lo tanto, en la justificación de esta investigación se fundamenta un tema crucial en el ámbito jurídico ecuatoriano. La falta de uniformidad en las decisiones judiciales erga omnes representa un desafío significativo para el sistema legal del país, afectando la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la coherencia en la aplicación de normativas.

Además, se hace necesario desarrollar un análisis doctrinal exhaustivo, explorando las raíces teóricas y prácticas de la jurisprudencia erga omnes en el contexto ecuatoriano, tratando de identificar los factores que contribuyen a la falta de uniformidad y proponer posibles soluciones que promuevan una mayor coherencia y consistencia en las decisiones judiciales de carácter erga omnes.

En este sentido, la importancia de este estudio radica en su capacidad para llenar un vacío académico y práctico al proporcionar una perspectiva crítica y constructiva sobre cómo fortalecer el sistema judicial ecuatoriano. Se espera que los resultados de este análisis no solo enriquezcan el debate académico sobre la jurisprudencia erga omnes, sino que también ofrezcan orientación práctica para mejorar la eficacia y equidad del sistema legal en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se centra en describir la uniformidad de la jurisprudencia erga omnes en el contexto jurídico ecuatoriano y explorar sus implicaciones tanto prácticas como teóricas. Para lograr este objetivo, se adoptará un enfoque metodológico descriptivo, el cual no sólo buscó describir el estado actual de la jurisprudencia, sino también identificar patrones y tendencias que puedan ofrecer una visión más profunda de su evolución y sus efectos en la práctica jurídica.

Igualmente, se fundamenta en una investigación documental, ya que se basa en la recopilación y el estudio detallado de diversos documentos para entender y analizar el fenómeno jurídico en cuestión. Este enfoque permite acceder a una variedad de fuentes textuales, como legislación, doctrina académica y sentencias judiciales, que son esenciales para construir una base sólida de conocimiento sobre la jurisprudencia erga omnes.

En combinación, el enfoque analítico y crítico juega un papel importante en la investigación. El análisis analítico descompone la información en sus componentes básicos para entender cómo se interrelacionan y estructuran las normas jurídicas. Por otro lado, el análisis crítico evalúa y cuestiona las fuentes y datos recopilados, buscando identificar limitaciones, inconsistencias y áreas de mejora. Este enfoque permite una reflexión profunda sobre la efectividad del sistema jurídico y ofrece una oportunidad para proponer recomendaciones que puedan fortalecer la coherencia y la predictibilidad en la aplicación del derecho.

Además, se utilizan los métodos inductivo-deductivo para estructurar el análisis de los datos recopilados. El método inductivo comienza con la observación de casos específicos y particulares de jurisprudencia para llegar a conclusiones generales sobre la uniformidad de los criterios interpretativos. Por otro lado, el método deductivo se basa en premisas generales y teorías del derecho para analizar su aplicación en situaciones específicas. Este enfoque permite aplicar principios jurídicos generales a casos particulares, facilitando una comprensión más sistemática de cómo estos principios influyen en la jurisprudencia.

De la misma manera, se hace énfasis en el método exegético, que se centra en la interpretación detallada de los textos legales. Este método busca desentrañar el significado preciso de las normas y sentencias, considerando el contexto histórico y social en el que se desarrollaron.

Con respecto a la población de estudio esta se encuentra conformada por documentos relevantes como textos bibliográficos, doctrinales y legislativos que ofrecen información clave para el análisis de la jurisprudencia.

La técnica principal de adquisición y recopilación de datos ha sido el análisis de información jurídica, que se enfocará en una revisión exhaustiva de artículos científicos, trabajos académicos y documentos disponibles Este proceso garantizará que se aborden una amplia gama de perspectivas y se obtengan datos completos y actualizados para el análisis.

DESARROLLO

1. El efecto Erga Omnes

Los efectos erga omnes se refieren a la capacidad de ciertas decisiones judiciales o normativas de tener un impacto obligatorio y vinculante para todas las personas, entidades y autoridades, independientemente de si participaron directamente en el caso o procedimiento que dio lugar a dichas decisiones. Este concepto es fundamental para garantizar la coherencia y la uniformidad en la aplicación del derecho y la protección de los derechos fundamentales (Undurraga, 2024).

Según el autor, las acciones que se someten a control abstracto incluyen, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad, el control constitucional de enmiendas, reformas y modificaciones constitucionales, el control de los estados de excepción y el control de las omisiones normativas.

Esta característica convierte a los precedentes erga omnes en instrumentos poderosos para la coherencia en el sistema legal, asegurando que las mismas normas se apliquen de manera uniforme a todos los casos similares en el futuro.

Uno de los contextos más claros donde se pueden observar los efectos erga omnes es en el ámbito de las decisiones de los tribunales constitucionales. Estas cortes, encargadas de interpretar y garantizar la supremacía de la constitución, emiten sentencias que a menudo tienen efectos erga omnes. Cuando un tribunal constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley, esa decisión no solo afecta al caso específico que se encontraba bajo su revisión, sino que también invalida la ley para todos, haciendo que deje de ser aplicable en el futuro. Este tipo de decisiones tiene un impacto significativo en el orden jurídico, ya que redefine el marco normativo dentro del cual deben operar todos los ciudadanos y entidades.

Para Castañeda et al. (2021) los efectos erga omnes de un precedente judicial también pueden observarse en sistemas legales con una fuerte tradición de precedentes vinculantes, como el common law. En estos sistemas, las decisiones de los tribunales superiores son obligatorias para los tribunales inferiores en casos posteriores que presenten hechos y cuestiones legales similares. Esto crea una cadena de decisiones consistentes y previsibles, facilitando que las personas y las instituciones comprendan las normas que rigen sus conductas y ajusten sus comportamientos en consecuencia. La predictibilidad y estabilidad que ofrecen los precedentes erga omnes son fundamentales para la seguridad jurídica, ya que permiten a los individuos y a las empresas planificar sus acciones sabiendo cómo se aplicarán las leyes.

Además, los precedentes erga omnes contribuyen a la igualdad ante la ley. Al establecer reglas de aplicación general, estos precedentes aseguran que todas las personas sean tratadas de la misma manera en situaciones similares. Esto refuerza el principio de no discriminación, ya que no se permite que diferentes tribunales apliquen diferentes normas a casos iguales, lo que podría generar desigualdades e injusticias (Castañeda et al., 2021). La igualdad de trato es un pilar fundamental de cualquier sistema legal democrático, y los precedentes erga omnes juegan un papel crucial en su preservación.

Por estas razones, los precedentes erga omnes son una herramienta esencial en muchos sistemas legales para garantizar la coherencia, la estabilidad y la igualdad en la aplicación de la ley. Al proporcionar una guía clara y autoritaria sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las normas legales, estos precedentes ayudan a mantener un sistema legal predecible y justo. La capacidad de los tribunales superiores para emitir decisiones que se apliquen a todos asegura que las leyes evolucionen de manera coherente y respondan a las necesidades y valores de la sociedad en su conjunto.

1.1. El efecto Erga Omnes en Ecuador

La Constitución del 2008 en el artículo 436 implícitamente otorga a la Corte Constitucional del Ecuador la competencia para emitir sentencias que establezcan jurisprudencia vinculante en varios ámbitos cruciales, como las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y otros procesos constitucionales, así como en casos seleccionados para revisión. En este contexto, la Corte Constitucional se erige como la máxima instancia interpretativa de la Carta Magna y de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador. Sus dictámenes y sentencias tienen carácter vinculante, ejerciendo control de constitucionalidad sobre actos administrativos y normativos de carácter general mediante acciones como la inconstitucionalidad, protección y cumplimiento, incluso disponiendo de un control de oficio (Asamblea Nacional, Constitución del Ecuador, 2008).

En el sistema jurídico ecuatoriano, coexisten dos instituciones que dictan jurisprudencia vinculante: la Corte Nacional, encargada de interpretar normas infraconstitucionales, y la Corte Constitucional, responsable de la interpretación y aplicación de la Constitución. A pesar de su coexistencia, la viabilidad de la situación planteada resulta cuestionable. No obstante, en el marco de nuestro orden jurídico, no existe contradicción desde la promulgación de la Ley de Casación y, más aún, con la Constitución vigente desde 2008, que reconoce la jurisprudencia como fuente de derecho debido a su obligatoriedad (Lojano, 2024).

Aunque existe debate sobre la categorización de la sentencia como fuente de derecho, varios tratadistas argumentan que constituye un juicio razonado que determina el derecho aplicable a casos concretos que llegan a su conocimiento, siendo una fuente de derechos subjetivos más que abstracta. Con su máxima facultad, la Corte Constitucional estructura su competencia mediante la creación de un sistema de precedentes vinculantes y obligatorios, a través de los cuales establece reglas con efectos erga omnes al conocer acciones extraordinarias de protección o revisar sentencias en garantías jurisdiccionales.

En este sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) regula el efecto erga omnes en su artículo 96, numeral 4, estableciendo que:

Las sentencias sobre acciones públicas de inconstitucionalidad tienen efectos de cosa juzgada. Esto implica que ninguna autoridad puede aplicar disposiciones jurídicas declaradas inconstitucionales por razones de fondo mientras subsista el fundamento de la sentencia. Además, cuando la sentencia desestima una demanda de inconstitucionalidad tras un control integral, no pueden presentarse nuevas demandas contra el mismo precepto acusado mientras perdure el fundamento de la sentencia. Las sentencias también producen efectos generales hacia el futuro, aunque de manera excepcional pueden diferirse o retrotraerse los efectos para preservar la fuerza normativa y jerárquica de las normas constitucionales y la plena vigencia de los derechos constitucionales (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, p. 29).

Asimismo, la LOGJCC en su artículo 143 referido a los efectos de los fallos de la Corte Constitucional resalta los efectos erga omnes, destacando:

1. Cuando se pronuncie sobre la compatibilidad de la disposición jurídica en cuestión con las normas constitucionales, el fallo tendrá los mismos efectos de las sentencias en el control abstracto de constitucionalidad. 2. Cuando se pronuncie únicamente sobre la constitucionalidad de la aplicación de la disposición jurídica, el fallo tendrá efectos entre las partes y para casos análogos. Para tal efecto, se deberá definir con precisión el supuesto fáctico objeto de la decisión, para que hacia el futuro las mismas hipótesis de hecho tengan la misma solución jurídica, sin perjuicio de que otras hipótesis produzcan el mismo resultado. (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, p. 39).

Este marco normativo y judicial subraya la importancia de los precedentes vinculantes para garantizar la coherencia, estabilidad y certeza en la aplicación del derecho en Ecuador. La capacidad de la Corte Constitucional para establecer decisiones con efectos erga omnes no solo asegura la uniformidad en la interpretación constitucional, sino que también fortalece el Estado de derecho al proporcionar directrices claras y consistentes para la acción legal y administrativa en el país.

2. Importancia de la uniformidad en las jurisprudencias

De acuerdo a los planteamientos de Bruzón Viltres et al. (2023) el desarrollo de las libertades individuales en un sistema jurídico específico se sustenta en la medida en que se protejan los derechos y deberes reconocidos a los ciudadanos, lo cual asegura su legitimación activa dentro del Estado, como se ha señalado anteriormente en este estudio. Esta relación implica que el Estado tiene la responsabilidad de reconocer los derechos y, al mismo tiempo, establecer garantías que faciliten su efectivo ejercicio.

La búsqueda de uniformidad en la jurisprudencia ha sido durante mucho tiempo un objetivo fundamental en prácticamente todos los sistemas jurídicos, siendo considerado incluso como un objetivo deseable. Esta aspiración se fundamenta en diversas justificaciones, entre las cuales destacan la necesidad de asegurar la certeza del derecho, evitando así la incertidumbre y las disparidades en las decisiones judiciales. Asimismo, se garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley, aplicando el principio del stare decisis, característico de los sistemas angloamericanos, que establece que casos similares deben ser decididos de manera consistente (Morales Tello & Suncion Atoche, 2019).

Otra justificación crucial es la previsibilidad de las decisiones futuras, lo cual implica que las partes deben confiar en que los jueces futuros aplicarán el derecho de la misma manera que sus predecesores. Estas razones no entran en conflicto entre sí, sino que convergen en la necesidad de mantener la jurisprudencia lo más uniforme posible. Subyace en ellas una concepción ideal del ordenamiento jurídico que debería ser completo, coherente sincrónicamente, y establecer un marco normativo que resuelva de manera uniforme todas las controversias que puedan surgir.

Así, señala Faggioli et al (2019):

La uniformidad de la ley se deriva de la igualdad procesal consagrada en las constituciones, la cual persigue proteger a cada una de las personas, cuyo fin es garantizar que la ley no ha sido vulnerada por sentencia de un tribunal inferior o distinto. (p. 547):

Esta visión ideal del derecho refleja la aspiración de mantener un sistema jurídico que ofrezca certeza, igualdad y previsibilidad, aspectos esenciales para la seguridad jurídica y la confianza pública en la administración de justicia.

Lo anteriormente expuesto se fundamenta en la libertad conferida al juez, quien encuentra en las normas mismas los límites que regulan su actividad (recordando que libertad no implica arbitrariedad; por lo tanto, esta libertad siempre está sujeta a reglas). Esta libertad engloba las oportunidades para interpretar o aplicar el Derecho. Es apropiado que en este ejercicio se combine una evaluación racional, donde se consideren los principios generales del Derecho y otras fuentes legales o extralegales, junto con una contextualización histórica de las circunstancias y una búsqueda de coherencia en las decisiones previas del juez. Esto enriquece la uniformidad deseada en la jurisprudencia, la cual defendemos como crucial para garantizar la protección de los derechos. (Bruzón Viltres et al., 2023, p. 235)

De esta manera, la implementación de la uniformidad complementa el cumplimiento de derechos, en como los referidos a los de naturaleza jurisdiccional. Ante la posibilidad de variabilidad en las posiciones adoptadas por los jueces, influenciada por la diversidad de métodos interpretativos, el compromiso con el principio de universalidad, que requiere consistencia con las decisiones previas— ayuda a corregir fluctuaciones en la resolución de casos que deberían recibir un tratamiento similar. Esto no impide al juez establecer una nueva línea de actuación cuando las circunstancias lo demanden, siempre que lo haga bajo criterios estrictos de motivación y argumentación, asegurando así la validez del cambio jurisprudencial, como se discutió anteriormente.

Las sentencias judiciales deben perseguir la defensa del derecho objetivo. Esto implica no solo la interpretación de disposiciones que surgen en los tribunales de diferentes instancias, sino también un enfoque coherente, social y racional por parte de los tribunales supremos al desempeñar sus funciones de casación. Esto implica una aplicación meticulosa del debido proceso, así como el respeto a las normas y principios generales del derecho, acompañado de un análisis exhaustivo de la norma jurídica sin rebasar el marco estructural que les corresponde. De este modo, cumplen con su función ante comunidades y sociedades que demandan y merecen una administración de justicia expedita y justa (Faggioli et al., 2019).

En el caso del Ecuador, la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia No. 204-14-SEP-CC:

La aplicación del derecho se logra mediante la aplicación uniforme de las normas que regulan una situación jurídica específica. Esto implica que, cuando se presenta ante una autoridad un caso similar en sus aspectos fácticos relevantes a otro ya decidido, dicha autoridad debería tomar la misma decisión que en el caso anterior. Este enfoque proporciona coherencia interna al sistema jurídico y asegura un nivel adecuado de previsibilidad respecto al resultado de las decisiones judiciales para aquellos sujetos a ellas. Sin embargo, cualquier decisión diferente debe estar debidamente justificada.

Objetivos de la uniformidad

Según los preceptos planteados por Faggioli et al. (2019):

La interpretación uniforme de la ley se basa en la configuración de una unidad jurídica y en la garantía del principio de igualdad ante la ley, lo cual requiere un estudio preciso, una exégesis adecuada y una aplicación coherente de la norma jurídica en el contexto nacional. Esto asegura una interpretación unificada que pueda ser obligatoria para todos los tribunales. Este enfoque busca mantener una visión coherente, social y racional de las decisiones emanadas de los Tribunales o Cortes Supremas de Justicia, responsables de revisar y decidir sobre los recursos de casación. Estos tribunales se orientan hacia la protección del debido proceso, el respeto a las normas y principios generales del Derecho, así como el derecho a la defensa, sin comprometer la estructura jurídica que les compete. De este modo, cumplen sus funciones ante una sociedad que demanda y merece una administración de justicia eficiente, justa y conforme a derecho. (p. 593)

A partir de estas afirmaciones podemos destacar que la búsqueda de uniformidad no es un objetivo trivial. Se orienta hacia la consecución de importantes metas, tales como: garantizar la efectividad de los derechos y contribuir así a la realización de la justicia material; promover la precisión en la aplicación del derecho; fomentar la confianza y la credibilidad de la sociedad en el Estado, basándose en el principio de la buena fe de los jueces; unificar la interpretación de manera razonable y reducir la arbitrariedad en las decisiones judiciales; proporcionar estabilidad en la aplicación y desarrollo del derecho; ofrecer seguridad jurídica que sea materialmente justa y equitativa y suplir la falta de mecanismos de protección contra decisiones judiciales erróneas.

Por lo tanto, asegurar la uniformidad del orden jurídico es crucial para garantizar la efectividad de las normas emitidas por los tribunales constitucionales. “Todo ello se traduce en el nexo que debe existir entre el recurso de casación y la función interpretativa de las normas jurídicas acorde a las formas que la propia ley establece, de manera que la actividad jurisdiccional conduzca a la uniformidad en las decisiones jurisdiccionales”(Faggioli et al., 2019, p. 594).

En términos fundamentales, los sistemas jurídicos deben asegurar la uniformidad en la aplicación del derecho por varias razones esenciales. Esto se deriva principalmente del respeto al principio de igualdad ante la ley, como lo establece el artículo 66, numeral 4 de la Constitución del Ecuador. Este principio garantiza que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria por la ley, lo cual es esencial para mantener la cohesión social y prevenir cualquier forma de discriminación injusta.

Además, la uniformidad en la aplicación del derecho también está vinculada a la seguridad jurídica, como se dispone en el Artículo 28 de la Constitución del Ecuador. Este principio asegura que los individuos puedan prever cómo se aplicarán las leyes en sus situaciones particulares, promoviendo así la estabilidad y la confianza en el sistema legal. Estos fundamentos son pilares cruciales para garantizar que la justicia sea equitativa y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera efectiva dentro del marco legal establecido.

3. La uniformidad de la jurisprudencia en Ecuador

RESULTADOS

La falta de uniformidad en la jurisprudencia Erga Omnes en Ecuador

En la actualidad en Ecuador se lleva a cabo un mecanismo de control concentrado para asegurar que los fallos judiciales en casos constitucionales sean consistentes y eviten la disparidad entre los jueces de instancia. Este proceso asegura la uniformidad de las decisiones en casos similares y tiene carácter vinculante y erga omnes, es decir, aplica universalmente a casos análogos. La Corte Constitucional, a través de la Sentencia Nº 001-13-SCN-CC, ha establecido de manera explícita la implementación del control concentrado de constitucionalidad en el país buscado garantizar decisiones uniformes (Amancha Chiluisa, 2022).

Dentro de este contexto, Jiménez Torres (2024) señala que:

La Corte Nacional de Justicia por su parte define a la jurisprudencia como “la interpretación uniforme de la ley y su aplicación oportuna a los casos concretos sometidos a la Litis judicial, por parte de los Jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta interpretación uniforme de la ley es lo que se denomina Jurisprudencia, la que, a diferencia de la doctrina, tiene casi siempre efectos legales. En concordancia el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley: desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentando en los fallos de triple reiteración. (p. 106)

En concordancia con estos planteamientos, Arroba Salazar (2020) haciendo mención a la Sentencia N0. 139-15-SEP-CC, señala que “las decisiones adoptadas por la misma Corte Constitucional, como regla, obliga a respetar sus propios precedentes para mantener la coherencia en las argumentaciones y soluciones enunciadas en aras de la uniformidad” (p. 25).

Sin embargo, en el sistema jurídico ecuatoriano, la doctrina del precedente y la unificación de la jurisprudencia han sido temas de debate y preocupación debido a las inconsistencias y falta de uniformidad en las decisiones judiciales. Aunque el sistema legal reconoce la autoridad de las decisiones judiciales anteriores para guiar casos similares, la falta de obligatoriedad legal del precedente ha contribuido a un escenario donde los jueces tienen un amplio margen de discrecionalidad para interpretar y decidir sobre cuestiones legales.

Desde nuestra interpretación personal, la falta de uniformidad en las sentencias erga omnes se refiere a la inconsistencia en las decisiones judiciales que, por su naturaleza, deberían tener efectos vinculantes y generales para todos, no solo para las partes involucradas en un caso específico. En un sistema jurídico ideal, las sentencias erga omnes garantizan que las normas legales se apliquen de manera uniforme y coherente en todos los casos similares, asegurando la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Este problema se evidencia claramente en casos donde un juez considera constitucional una ley, mientras que otro llega a una conclusión opuesta en circunstancias similares. Sin una obligatoriedad clara del precedente, estas decisiones pueden quedar firmes incluso si no se interponen recursos adecuados en contra de ellas. Esto no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también puede llevar a respuestas contradictorias por parte del sistema judicial, afectando la coherencia y la predictibilidad que son fundamentales para la administración de justicia.

Es importante mencionar que esta situación se ha presentado en diversas áreas jurídicas. Según la investigación realizada por Quinde Quizhpi (2024):

El sistema judicial de Ecuador enfrenta desafíos significativos a pesar de los avances en legislación y constitucionalismo. Uno de los problemas más preocupantes señalados por expertos es la falta de uniformidad en los criterios judiciales, lo cual resulta en una aplicación dispar de la ley y en decisiones judiciales variables entre diferentes casos. Esta falta de coherencia no solo mina la confianza en el sistema legal, sino que también contribuye al aumento de la impunidad y la corrupción. Las brechas en el sistema pueden ser aprovechadas para eludir la justicia, exacerbando así la impunidad. (p. 176)

La falta de uniformidad en las decisiones judiciales no solo tiene implicaciones para las partes involucradas en los casos específicos, sino que también impacta de manera más amplia en la sociedad ecuatoriana. La inseguridad jurídica derivada de este escenario puede desincentivar la inversión y el desarrollo económico, ya que las empresas y los individuos pueden enfrentar dificultades para planificar sus acciones legales con certeza. Además, afecta la confianza en el sistema judicial, socavando la legitimidad de las instituciones y debilitando el estado de derecho.

Un ejemplo concreto en el contexto ecuatoriano es el debate en torno a las sentencias de la Corte Constitucional, donde se ha discutido la necesidad de que estas sentencias tengan efectos erga omnes, es decir, que se apliquen universalmente y obliguen a todos los tribunales inferiores a seguir su interpretación. Sin embargo, esta práctica no siempre se cumple de manera consistente, lo que refleja las limitaciones actuales en la implementación efectiva de la doctrina del precedente.

Además, las consecuencias de la falta de uniformidad en las decisiones judiciales también se reflejan en la percepción pública de la justicia y en la capacidad del sistema legal para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto plantea desafíos significativos para el desarrollo estructural del sistema judicial ecuatoriano y subraya la necesidad urgente de abordar estas deficiencias para mejorar la calidad y la equidad de la administración de justicia en el país.

Tal y como establece Calderón Medrano, (2020):

El riesgo que podría emerger de la omisión de la uniformidad de las sentencias, en tanto Fuente del Derecho, puede devenir en una impredictibilidad en las decisiones de los Tribunales de cierre, dado que se podría generar Jurisprudencia contradictoria, dispersa o aislada, lo que puede generar una mayor complejidad en el ordenamiento jurídico, en la administración de justicia y en la aplicación normativa.

Otro estudio que concuerda con esta problemática es el realizado por Paredes Rosero (2023), donde luego del análisis de los casos jurisprudenciales 24281-2023-00827 y 11282-2022-04580 llegó a la siguiente conclusión:

El análisis revela la complejidad que rodea el sistema jurídico de Ecuador. La ausencia de precedentes horizontales vinculantes y la falta de base en la referencia a casos similares plantean desafíos significativos para mantener una jurisprudencia uniforme en el país. Se requiere un análisis más detallado y una mayor claridad normativa para abordar este problema y garantizar la aplicación correcta de la ley en situaciones similares en el futuro. (p. 49)

Dentro de este escenario, también se presenta la investigación de Bruguera & Águila (2023) quienes destacan que:

Aunque la jurisdicción debería asegurar que las personas accedan a los tribunales en condiciones equitativas para recibir resoluciones imparciales y en tiempos razonables, esta idealidad no siempre se cumple. En Ecuador existe una falta de uniformidad en los criterios que afecta la calidad de la justicia, ya que hay diferentes interpretaciones sobre las instituciones responsables de juzgar y ejecutar las sentencias, lo que pone en crisis el derecho a una tutela judicial efectiva. Actualmente, la politización mediática representa uno de los mayores problemas para la justicia en Ecuador, dado que la influencia política ha permeado el ámbito judicial, corrompiéndolo y distorsionándolo cada vez más. (p. 623)

Por su parte, León Rodríguez, et al.(2023) afirma que en el Ecuador, la falta de un criterio uniforme entre los jueces respecto a las jurisprudencias es una realidad que afecta la coherencia y consistencia en la aplicación de la ley. Esto significa que diferentes jueces pueden interpretar y aplicar la ley de manera diferente en casos similares, lo que genera inconsistencias en las decisiones judiciales. Esta falta de uniformidad puede deberse a varios factores, como la interpretación personal de las normas legales, la ausencia de precedentes horizontales vinculantes que guían las decisiones judiciales, y también puede influir en la carga de trabajo de los jueces, sus experiencias previas y hasta incluso influencias. externas.

Por consiguiente:

Estos desafíos resaltan la urgente necesidad de reformas en el sistema judicial de Ecuador. No solo es necesario abordar y corregir la falta de uniformidad en la aplicación de la ley o la lucha contra la impunidad y la corrupción, además, es urgente simplificar los procedimientos y reducir la burocracia para que el sistema sea más accesible y eficiente. La ejecución de sentencias, un componente crítico para una tutela judicial efectiva requiere centrarse en la velocidad, la coherencia y la transparencia que garanticen el acceso a los derechos y protecciones garantizados por la ley, y su aplicación efectiva, en la práctica. (Quinde Quizhpi, L., 2024, p. 177)

Para abordar la falta de uniformidad en las jurisprudencias erga omnes en Ecuador, es esencial establecer un sistema de precedentes vinculantes. Esto implica la implementación de decisiones judiciales que deben ser seguidas como estándar para casos similares en el futuro, facilitando así una interpretación más coherente y uniforme de la ley.

Además, resulta fundamental proporcionar formación continua a los jueces mediante programas educativos y seminarios que los mantengan actualizados sobre nuevas leyes y jurisprudenciales relevantes. Esto garantiza que todos los jueces estén equipados con el conocimiento necesario para aplicar la ley de manera consistente.

Una medida adicional sería la instauración de tribunales superiores o de casación con la capacidad de revisar decisiones judiciales. Estos tribunales podrían asegurar la coherencia y equidad en las decisiones judiciales a nivel nacional, ofreciendo un mecanismo imparcial y objetivo de revisión.

Promover la investigación jurídica también desempeña un papel crucial. Incentivar estudios que analicen los desafíos de la uniformidad en la jurisprudencia y propongan soluciones viables puede proporcionar orientación valiosa para mejorar la consistencia judicial.

Finalmente, mejorar la transparencia y el acceso a la información judicial puede fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. Publicar decisiones judiciales junto con los fundamentos legales subyacentes. Promueve una mayor comprensión y evaluación crítica por parte de la comunidad y los actores involucrados.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La falta de uniformidad en las jurisprudencias erga omnes en Ecuador plantea un desafío significativo para la coherencia y la equidad en la administración de justicia, contrariamente a lo que establece la legislación y la Constitución nacional. Según la Sentencia No. 204-14-SEP-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, la aplicación del derecho debe lograrse mediante la aplicación uniforme de las normas en situaciones jurídicas similares. Esto implica que, cuando se presenta un caso ante una autoridad con aspectos fácticos relevantes similares a otro caso previamente decidido, la autoridad debería tomar la misma decisión. Este enfoque busca proporcionar coherencia interna al sistema jurídico y asegurar un nivel adecuado de previsibilidad en las decisiones judiciales.

Sin embargo, el concepto de jurisprudencia, que debería garantizar una interpretación uniforme de la ley por parte de la Corte Nacional de Justicia, se ve limitado por la falta de precedentes vinculantes. Esto significa que los jueces no están legalmente obligados a seguir las decisiones previas de tribunales superiores, lo cual resulta en interpretaciones divergentes y decisiones variables incluso en casos similares.

La realidad documentada por diversas investigaciones indica que esta uniformidad no siempre se cumple. A pesar de los esfuerzos de la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia por establecer precedentes jurisprudenciales, la falta de obligatoriedad legal del precedente y la discrecionalidad judicial contribuyen a interpretaciones divergentes y decisiones variables entre los jueces. Esta situación no solo afecta la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, sino que también socava la confianza pública en el sistema judicial ecuatoriano.

La Constitución Nacional de Ecuador, en su artículo 184, establece claramente las funciones de la Corte Nacional de Justicia, incluyendo el desarrollo del sistema de precedentes jurisprudenciales basados en fallos de triple reiteración. Esto debería proporcionar un marco legal sólido para la uniformidad de las decisiones judiciales. Sin embargo, la falta de implementación efectiva de esta disposición constitucional y las deficiencias en la aplicación práctica de los precedentes destacan la necesidad urgente de reformas.

Para abordar estos desafíos, es crucial fortalecer el sistema de precedentes vinculantes en el Ecuador. Esto requeriría reformas legislativas que establezcan claramente la obligatoriedad de seguir los precedentes establecidos por los tribunales superiores y fortalezcan la autoridad de la jurisprudencia como fuente de derecho. Además, es fundamental proporcionar formación continua a los jueces para asegurar que estén actualizados sobre nuevas leyes y jurisprudencias relevantes, promoviendo así una interpretación más consistente de la ley.

Mejorar la transparencia y el acceso a la información judicial también jugaría un papel crucial en fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. Publicar decisiones judiciales junto con los fundamentos legales subyacentes no solo promovería una mayor comprensión de las decisiones judiciales, sino que también facilitaría una evaluación crítica por parte de la comunidad y otros actores involucrados, promoviendo así una administración de justicia más transparente y democrática en Ecuador.

CONCLUSIONES

Los hallazgos alcanzados a través del análisis desarrollado enfatizan que la falta de coherencia en las jurisprudencias erga omnes representa un desafío significativo para el Ecuador, contraviniendo los principios establecidos por la legislación y la Constitución nacional. Este problema no solo afecta la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, sino que también socava la confianza pública en el sistema judicial ecuatoriano. La discrepancia en las interpretaciones judiciales y las decisiones variables entre los jueces, a pesar de los esfuerzos por establecer precedentes jurisprudenciales, subraya la urgente necesidad de reformas para fortalecer la consistencia y la predictibilidad en la administración de justicia.

Es esencial que los jueces en Ecuador, en cumplimiento con su vinculación constitucional, eviten adoptar decisiones contradictorias o incoherentes entre sí. Esta coherencia no solo asegura que las normas y las interpretaciones judiciales proporcionen certeza y consistencia, sino que también preserva los principios fundamentales de seguridad jurídica y equidad.

Solo a través de la implementación efectiva de un sistema que garantice la uniformidad en las decisiones judiciales, los ciudadanos pueden confiar plenamente en los mecanismos legales para la protección de sus derechos. Esto les permite comprender claramente sus derechos y obligaciones bajo el ordenamiento jurídico, así como tener expectativas claras sobre cómo se resolverán los asuntos que presenten ante la justicia. Estas medidas fortalecen significativamente la confianza en el sistema judicial, promoviendo la igualdad de trato y la certeza jurídica, elementos esenciales para el desarrollo de un Estado de derecho robusto y el respeto pleno de los derechos humanos en Ecuador.

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