El descubrimiento
probatorio: prueba ilícita
Discovery: Exclusionary Rule and Illicit Evidence
Ruth Quevedo Perez
El descubrimiento probatorio: prueba ilícita
Discovery: Exclusionary
Rule and Illicit Evidence
Ruth Quevedo Perez, MSc[1]
|
Como citar: Quevedo
Perez, R. (2026). El descubrimiento probatorio:
prueba ilícita. Derecho Crítico: Revista Jurídica, Ciencias Sociales y
Políticas. 9(9) 1-25. DOI: 10.53591/dcjcsp.V9I9.3467 |
Resumen: La presente
investigación analiza la relación entre el descubrimiento probatorio y la
prueba ilícita dentro del proceso penal, con énfasis en la protección de los
derechos fundamentales y el debido proceso. Se empleó una metodología
cualitativa basada en la revisión bibliográfica y documental de diecinueve estudios
científicos publicados entre 2021 y 2026, complementados con normativa,
doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. Los resultados evidencian
que la exclusión de la prueba ilícita constituye una garantía esencial para
preservar la legalidad, la transparencia y la legitimidad de las decisiones
judiciales. Asimismo, se identificó que la incorporación de pruebas obtenidas
con vulneración de derechos fundamentales afecta el debido proceso, incrementa
el riesgo de errores judiciales y genera inseguridad jurídica. También se
reconocieron excepciones como la fuente independiente, el descubrimiento
inevitable y la buena fe, cuya aplicación debe ser restrictiva. Se concluye que
el principal desafío consiste en equilibrar la eficacia investigativa con la
tutela efectiva de las garantías constitucionales.
Palabras clave: Prueba
ilícita, descubrimiento probatorio, debido proceso, exclusión probatoria,
derechos fundamentales.
Abstract: This research analyzes the relationship
between evidentiary discovery
and illicit evidence within criminal proceedings, with an emphasis on the protection of fundamental rights and due process. A qualitative methodology was employed, based
on a literature and documentary review of nineteen scientific
studies published between
2021 and 2026, complemented by
national and international regulations, doctrine, and case law. The results demonstrate that the exclusion of illicit evidence
constitutes an essential guarantee for preserving
the legality, transparency,
and legitimacy of judicial decisions. Furthermore, it was identified
that the incorporation of evidence obtained
in violation of fundamental
rights compromises due process, increases
the risk of judicial errors, and generates legal uncertainty. Exceptions such as the independent source, inevitable discovery, and
good faith were also recognized,
though their application must be restrictive. It is concluded that the main challenge
lies in balancing
investigative efficacy with
the effective protection of constitutional guarantees.
Keywords: Illicit evidence, evidentiary discovery, due process, exclusionary
rule, fundamental rights.
Introducción
En el ámbito internacional, las investigaciones de Weigend
También, Al-Shamari
En términos de investigación relacionada con América Latina,
Barrios et al.
Finalmente, Viera
Gómez
Estos trabajos describen la variación de los criterios judiciales, los problemas para distinguir las pruebas ilícitas de las ilegales y las lagunas en la interpretación de las excepciones al principio de exclusión. Como resultado, estos trabajos utilizaron la ley y la doctrina para proporcionar las pruebas y la base que contribuyen a la presente investigación sobre las pruebas ilícitas, su incorporación y el impacto en las actividades procesales y los derechos garantizados en el sistema legal ecuatoriano.
El problema de investigación surge de los conflictos legales
causados por la inclusión y evaluación de pruebas ilegales en el descubrimiento
de evidencias del procedimiento penal. Even cuando la
legislación de Ecuador reconoce la importancia de salvaguardar el derecho a un
juicio justo y otros derechos fundamentales, en la práctica, es muy difícil
saber dónde residen los límites de la búsqueda de la verdad material y la
exclusión de pruebas obtenidas mediante la violación de derechos. Este caso
debe ser examinado en el contexto de la Constitución de la República del
Ecuador
El problema proviene de la evolución de los criterios sobre
la aceptación, exclusión y valoración de las pruebas ilegales encontradas
durante el proceso de investigación. Esto genera problemas con la seguridad
jurídica, la eficiencia del sistema de protección judicial y los derechos de
defensa de los participantes en el proceso. Gómez
Este estudio contribuye tanto a las áreas sociales como jurídicas de la investigación, ya que estudia la relación entre la búsqueda de evidencia y la evidencia ilegal, un pilar fundamental para entender el proceso penal moderno. Este estudio determina los límites de los operadores judiciales para evitar, incorporar y evaluar la evidencia en el contexto de mecanismos específicos para apoyar la mejora del debido proceso, el derecho de defensa, la certeza jurídica y la protección judicial efectiva. Dado que la evidencia es significativa en cualquier decisión judicial y la irregularidad de la evidencia pervierte el proceso y el juicio, esta investigación se centra en Ecuador y presenta un marco legal y teórico para comprender la implementación del principio de exclusión de la evidencia y el derecho a su protección, facilitando así la mejora de los derechos constitucionales de los ciudadanos y del sistema de justicia.
Marco
teórico
Proceso penal y
actividad probatoria
El proceso penal es el medio del Estado para investigar,
juzgar y sancionar los hechos delictivos, protegiendo al mismo tiempo los
derechos fundamentales de las personas involucradas
La actividad probatoria abarca más que la defensa de
derechos de los investigados o acusados. Esto también muestra los hechos
examinados y mejora las decisiones judiciales
El descubrimiento
probatorio
La obtención de pruebas probatorias es fundamental en el
proceso penal, ya que otorga a las partes acceso a las pruebas presentadas en
el juicio con anticipación
La obtención de pruebas probatorias respeta los derechos a
la defensa y a la contradicción protegidos por la Constitución de la República
del Ecuador
La
prueba en el proceso penal
La evidencia juega un papel fundamental en el
proceso penal. Ayuda a apoyar o negar las pretensiones y la culpabilidad de las
personas implicadas en el proceso. El papel de la evidencia es suministrar al
juez la información necesaria para fundamentar sus conclusiones de manera
objetiva y en cumplimiento de la ley. También debe respetar los derechos del
individuo y las garantías del debido proceso en el marco legal.
El debido proceso y el derecho a una protección
judicial efectiva en la Constitución ecuatoriana
La
prueba ilícita
La evidencia
ilícita es la evidencia que se obtiene y/o utiliza de manera que contraviene
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en la ley
El artículo 76 de
la Constitución de Ecuador
Regla
de exclusión probatoria
La regla de exclusión de la evidencia es una
protección legal que salvaguarda la integridad del proceso penal al prohibir el
uso de pruebas obtenidas mediante violaciones de derechos fundamentales. Su
principal objetivo es garantizar el respeto debido al proceso y evitar que las
autoridades obtengan beneficios procesales mediante acciones ilegales. Por esta
razón, la regla de exclusión de la evidencia ayuda a mantener la integridad del
sistema de justicia y la confianza de los ciudadanos en el poder judicial
En el sistema legal de Ecuador, la evidencia que es
nula y sin efecto es aquella que no puede ser obtenida legalmente. La evidencia
obtenida legalmente no puede ser negada. Según la Constitución de la República
del Ecuador, artículo 76, párrafo 4
Teoría
de los frutos del árbol envenenado
El fruto del árbol envenenado es un principio
ramificado de la regla de exclusión. Establece que no solo deben excluirse las
pruebas obtenidas mediante medios ilegales, sino también todas las pruebas que
provengan de ellas
El objetivo de esta teoría era evitar que los funcionarios
se beneficiaran de su propia conducta ilegal y ahora se usa también en otras
jurisdicciones
Excepciones
a la exclusión de la prueba ilícita
Mientras que la
regla sobre la exclusión de la evidencia ilegal es generalmente aceptada, los tratados
y la jurisprudencia han creado una serie de circunstancias para la inclusión
justificable en casos especiales
Según la teoría de
la fuente independiente, es posible utilizar pruebas legalmente obtenidas que
fueron adquiridas por medios completamente independientes del acto ilegal
original. La doctrina del descubrimiento inevitable se aplica en casos donde la
evidencia habría sido obtenida legalmente independientemente del acto ilegal.
La excepción de buena fe se aplica cuando los agentes actúan de buena fe y
creen justificadamente que su conducta es legal. La aplicación de esta
excepción también requiere una revisión exhaustiva para garantizar que la
protección de los derechos fundamentales sea el principio guía del trabajo
probatorio
Derechos
fundamentales vinculados a la prueba ilícita
La evidencia ilícita
viola numerosos derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido
proceso. El debido proceso garantiza la protección de las preferencias legales
a lo largo de los procesos judiciales, incluido el derecho a un juicio justo
Bernales y Mendes
Metodología
Enfoque y tipo de
investigación
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, debido
a que se orientó al análisis e interpretación de información doctrinal,
normativa y jurisprudencial relacionada con el descubrimiento probatorio y la
prueba ilícita en el proceso penal. Asimismo, correspondió a una investigación
de tipo documental y bibliográfica, ya que se fundamentó en la revisión
sistemática de literatura científica y fuentes jurídicas especializadas que
permitieron comprender los criterios existentes sobre la admisibilidad,
exclusión y valoración de la prueba ilícita.
Fuentes de información
Para la recopilación de información se seleccionaron diecinueve (19)
artículos científicos publicados entre los años 2021 y 2026, recuperados de
bases de datos indexadas de reconocido prestigio académico, entre ellas Scopus, SciELO y Redalyc. Adicionalmente, se consultaron
fuentes doctrinales, legislación nacional e internacional, así como
jurisprudencia relacionada con la prueba ilícita, la regla de exclusión
probatoria, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.
Criterios de selección
documental
Los documentos fueron seleccionados considerando su pertinencia temática,
actualidad, relevancia jurídica y relación directa con el objeto de estudio. Se
incluyeron investigaciones que abordaran el descubrimiento probatorio, la
admisibilidad de la prueba, la exclusión probatoria, la teoría de los frutos
del árbol envenenado y las excepciones reconocidas por la doctrina y la
jurisprudencia. Se excluyeron documentos que no guardaban relación directa con
el proceso penal o que carecían de sustento académico verificable.
Preguntas de investigación
El estudio se estructuró a partir de tres preguntas orientadoras: ¿Cuáles
son los principales criterios jurídicos y doctrinarios que regulan el
descubrimiento probatorio y la admisibilidad de la prueba ilícita en el proceso
penal? ¿Cuáles son los efectos de la incorporación de pruebas obtenidas con
vulneración de derechos fundamentales y del debido proceso sobre las garantías
constitucionales? ¿Qué excepciones reconoce la doctrina, la legislación y la
jurisprudencia respecto de la regla de exclusión probatoria y cuáles son sus
implicaciones dentro del proceso penal?
Técnica de análisis de la
información
La información recopilada fue sometida a un análisis documental de carácter
descriptivo y comparativo. Este procedimiento permitió identificar
coincidencias, diferencias y tendencias presentes en la literatura científica,
la doctrina jurídica y los criterios jurisprudenciales. De igual manera, se
examinaron los efectos derivados de la utilización de pruebas ilícitas en los
procesos penales y las distintas posiciones existentes respecto a las
excepciones aplicables a la regla de exclusión probatoria.
Procedimiento de
investigación
El proceso investigativo se desarrolló en cuatro etapas. En primer lugar,
se realizó la búsqueda y recopilación de fuentes científicas y jurídicas
relevantes. En segundo lugar, se efectuó la selección de documentos conforme a
los criterios establecidos. Posteriormente, se organizó la información según
las categorías de análisis definidas: descubrimiento probatorio, prueba
ilícita, regla de exclusión, derechos fundamentales y excepciones probatorias.
Finalmente, se efectuó la interpretación y comparación de los hallazgos con el
propósito de responder las preguntas de investigación y establecer conclusiones
fundamentadas sobre la problemática estudiada.
Resultados
Figura 1 Frecuencia de estudios
según año de publicación
Nota. Elaboración propia a partir de la
revisión documental.
Se observa una mayor producción científica durante el año 2024, con 7
investigaciones (36,8%), seguido de 2025 con 4 estudios (21,1%). Esto evidencia
un creciente interés académico reciente en torno a la prueba ilícita, la exclusión
y el descubrimiento probatorios dentro del proceso penal.
Figura 2 Distribución
de los estudios según país de procedencia
Nota.
Elaboración propia a partir de la revisión documental.
Ecuador y Perú presentan la mayor participación con tres estudios cada
uno (15,8%), seguidos por Colombia, Chile y España con dos investigaciones
respectivamente. Esto muestra una importante producción latinoamericana en
pruebas ilícitas, exclusión de pruebas y garantías procesales.
Figura 3 Frecuencia de estudios
según base de datos científica
Nota. Elaboración propia a partir de la
revisión documental.
La mayoría de los
estudios provinieron de Scopus (52,6%) y mostraron
que los documentos se registraron principalmente en índices de investigación de
alto impacto. En cuanto a presencia, Redalyc aportó el 26,3% de los documentos
y SciELO el 21,1%, y permitió incluir estudios latinoamericanos importantes
sobre la regulación legal del descubrimiento ilícito y la evidencia.
Tabla 1 Comparación de los criterios jurídicos y
doctrinarios sobre la admisibilidad y exclusión de la prueba ilícita dentro del
descubrimiento probatorio
|
Tendencia
identificada |
Autores |
Hallazgos
principales |
Comparación
entre países |
|
Protección de los derechos
fundamentales como fundamento de la exclusión probatoria |
Al-Shamari
(2024), Gómez-Salcedo (2023), Barrios et al. (2021), Bordalí
Salamanca (2024), Herrera y Risco (2025) |
Los estudios coinciden en que
la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales debe excluirse del
proceso penal para garantizar el debido proceso, la legalidad y la tutela
judicial efectiva. |
Ecuador, Colombia y Chile
mantienen una posición más garantista orientada a la exclusión de la prueba
ilícita, mientras que sistemas comparados como Estados Unidos y Qatar
analizan mecanismos que buscan equilibrar la protección de derechos con la
eficacia de la persecución penal. |
|
El descubrimiento probatorio
como mecanismo de control de legalidad |
Weigend
(2021), Velandia Montes et al. (2022), Carreyó
(2024), Barrios et al. (2021) |
El descubrimiento probatorio
permite que las partes conozcan, revelen y controviertan oportunamente la
evidencia antes del juicio, fortaleciendo el derecho de defensa y la contradicción. |
Colombia y Panamá desarrollan
de manera más específica el descubrimiento probatorio como mecanismo de
transparencia procesal, mientras que en otros sistemas se analiza
principalmente desde la perspectiva del control de admisibilidad de la
prueba. |
|
Control temprano de la prueba
durante la investigación penal |
Xianan
(2023), Stippel y Medina (2025), Viera (2026) |
La revisión de la legalidad de
la evidencia desde las primeras etapas reduce errores judiciales y evita la
incorporación de pruebas obtenidas irregularmente. |
China enfatiza la exclusión
temprana como mecanismo de protección de derechos humanos; Chile centra su
análisis en las irregularidades de las diligencias investigativas; Perú
destaca la necesidad de uniformar criterios para determinar la validez de la
evidencia obtenida irregularmente. |
|
Aplicación de la teoría de los
frutos del árbol envenenado |
Herrera y Risco (2025),
Martínez Martínez (2024), Al-Shamari
(2024) |
Se reconoce que la exclusión
puede extenderse a las pruebas derivadas de una actuación ilícita inicial
para evitar beneficios procesales obtenidos mediante vulneraciones de
derechos. |
España y Perú desarrollan
ampliamente los efectos de la prueba derivada, mientras que el estudio
comparado entre Qatar y Estados Unidos analiza cómo las excepciones pueden
limitar el alcance de esta teoría. |
|
Reconocimiento de excepciones a
la exclusión probatoria |
Villalba Bernie
(2024), Herrera y Risco (2025), Martínez Martínez
(2024), Al-Shamari (2024), Gómez-Salcedo (2023) |
Se identifican excepciones como
la buena fe, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y la
proporcionalidad. |
España, Paraguay y Estados
Unidos muestran una mayor tendencia a flexibilizar la exclusión mediante
excepciones jurisprudenciales; Ecuador mantiene una postura más restrictiva
enfocada en la protección de derechos fundamentales. |
|
Necesidad de uniformidad
jurisprudencial y seguridad jurídica |
Astudillo-Bermeo et al. (2025),
Viera (2026), Barrios et al. (2021) |
Los estudios evidencian
criterios judiciales divergentes respecto a la admisibilidad de la prueba
ilícita y la aplicación de la regla de exclusión. |
Ecuador, Perú y Colombia
presentan problemáticas similares relacionadas con la falta de uniformidad
interpretativa, lo que genera inseguridad jurídica y diferencias en la
aplicación práctica de la exclusión probatoria. |
Nota.
Elaboración propia con base en la literatura analizada.
La literatura muestra un acuerdo global sobre la importancia de proteger
los derechos fundamentales al no permitir pruebas ilegales. Sin embargo, los
países difieren en cuanto a cuáles son sus excepciones y qué procedimientos
tienen para determinar la legalidad de las pruebas. Los estudios de América
Latina muestran un enfoque garantista, mientras que algunos sistemas europeos y
otros comparativos muestran una flexibilización moderada de la regla de
exclusión y muestran algunas circunstancias específicas en las que la regla
puede ser dejada de lado. Esto demuestra que el descubrimiento probatorio
continúa siendo una herramienta fundamental para garantizar la transparencia,
la contradicción y la legalidad dentro del proceso penal.
Tabla 2
Posturas identificadas en la literatura sobre los efectos de la prueba ilícita
en el debido proceso y las garantías constitucionales
|
Postura
identificada en la literatura |
Autores |
Evidencia
encontrada |
|
La prueba ilícita invalida la
legitimidad del proceso penal |
Gómez-Salcedo (2023), Barrios
et al. (2021), Astudillo-Bermeo et al. (2025), Weigend
(2021) |
Los autores sostienen que
cuando una decisión judicial se fundamenta en evidencia obtenida con
vulneración de derechos fundamentales, se afecta la validez del proceso, la
legalidad de las actuaciones y la legitimidad de la sentencia. |
|
La prueba ilícita vulnera
directamente derechos constitucionales |
Xianan
(2023), Viera (2026), Bordalí Salamanca (2024),
Herrera y Risco (2025) |
Los estudios asocian la prueba
ilícita con afectaciones a la intimidad, integridad personal, dignidad
humana, libertad individual y debido proceso, especialmente cuando la
evidencia se obtiene mediante coerción o procedimientos irregulares. |
|
La falta de control probatorio
favorece errores judiciales |
Xianan
(2023), Stippel y Medina (2025), Herrera y Risco
(2025) |
La literatura advierte que la
incorporación de evidencia irregular incrementa el riesgo de condenas
injustas, decisiones arbitrarias y utilización de información obtenida sin
garantías legales suficientes. |
|
La ausencia de criterios
uniformes genera inseguridad jurídica |
Astudillo-Bermeo et al. (2025),
Viera (2026), Barrios et al. (2021) |
Se identifican discrepancias
entre jueces y operadores jurídicos respecto a la admisibilidad de la prueba
ilícita, provocando decisiones contradictorias y dificultades para aplicar de
manera uniforme la regla de exclusión. |
|
La protección del debido
proceso prevalece sobre la búsqueda de resultados procesales |
Al-Shamari
(2024), Weigend (2021), Herrera y Risco (2025),
Gómez-Salcedo (2023) |
Los autores coinciden en que la
obtención de una condena o el esclarecimiento de los hechos no justifican la
utilización de pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales, pues ello
compromete la integridad del sistema de justicia. |
Nota.
Elaboración propia con base en la literatura analizada.
Los estudios
muestran un consenso general de que incluir pruebas obtenidas mediante la
violación de derechos fundamentales socava la credibilidad del proceso penal,
así como los derechos de las partes del proceso garantizados por la
Constitución, lo que resulta en un impacto negativo. La literatura en cuestión
indica que el uso de pruebas ilegales viola derechos fundamentales y el debido
proceso, aumenta el margen de error en el tribunal y causa inseguridad jurídica
por la falta de criterios unificados para su valoración.
Asimismo, los
autores sostienen que la protección de las garantías constitucionales debe
prevalecer sobre cualquier interés relacionado con la obtención de resultados
procesales, consolidando la exclusión probatoria como una herramienta indispensable
para preservar la legalidad, la transparencia y la confianza en la
administración de justicia.
Tabla 3 Principales
efectos de la prueba ilícita identificados en la literatura científica
Nota. Elaboración propia a partir de la
revisión documental.
Los resultados
evidencian que la vulneración del debido proceso constituye el efecto más
recurrente asociado a la incorporación de pruebas ilícitas, al ser identificado
en doce de los estudios analizados. Mientras que los estudios confirman que la
principal preocupación del sistema legal es el control del sistema legal y la
observancia de las garantías procesales, la doctrina legal está dirigida hacia
las restricciones más allá del sistema legal y la observancia de las garantías
procesales. Asimismo, diez estudios reportan un efecto directo en derechos
humanos fundamentales: el derecho a la privacidad, la dignidad y la integridad,
todo lo cual muestra que hay un problema más allá del marco procesal y del
derecho a la protección de los derechos humanos fundamentales
Tabla 4
Excepciones a la regla de exclusión probatoria identificadas en la doctrina,
legislación y jurisprudencia
|
Excepción
identificada |
Autores |
Evidencia
encontrada |
|
Fuente independiente |
Al-Shamari
(2024), Herrera y Risco (2025), Villalba Bernie
(2024) |
Los estudios señalan que una
prueba puede ser admitida cuando proviene de una fuente autónoma e
independiente de la actuación ilícita original, evitando que toda la
actividad investigativa quede invalidada por una irregularidad previa. |
|
Descubrimiento inevitable |
Herrera y Risco (2025), Al-Shamari (2024), Martínez Martínez
(2024) |
Esta excepción permite la
admisión de evidencia cuando se demuestra que habría sido obtenida
legítimamente por otros medios, aun cuando exista una actuación irregular
previa vinculada al hallazgo inicial. |
|
Buena fe de la autoridad |
Al-Shamari
(2024), Herrera y Risco (2025), Villalba Bernie
(2024) |
Algunos sistemas jurídicos
reconocen la admisión excepcional de pruebas cuando los agentes actuaron bajo
la creencia razonable de que su actuación era legal, aunque posteriormente se
determine la existencia de una irregularidad. |
|
Proporcionalidad y ponderación
de derechos |
Villalba Bernie
(2024), Martínez Martínez (2024), Bordalí Salamanca (2024) |
La literatura identifica una
tendencia a valorar la gravedad de la vulneración y los intereses jurídicos
en conflicto antes de decidir la exclusión automática de la prueba
cuestionada. |
|
Limitación de los efectos del
fruto del árbol envenenado |
Martínez Martínez
(2024), Herrera y Risco (2025), Al-Shamari (2024) |
Algunos criterios
jurisprudenciales sostienen que no toda prueba derivada debe excluirse
automáticamente, especialmente cuando existe ruptura del nexo causal entre la
actuación ilícita inicial y la evidencia posterior. |
|
Posturas restrictivas frente a
las excepciones |
Gómez-Salcedo (2023),
Astudillo-Bermeo et al. (2025), Barrios et al. (2021) |
Los autores advierten que una
aplicación excesiva de excepciones puede debilitar la protección de los
derechos fundamentales y reducir la eficacia de la regla de exclusión
probatoria. |
Nota.
Elaboración propia con base en la literatura analizada.
La literatura
describe las excepciones más frecuentes a la regla sobre la exclusión de
pruebas como fuente independiente, descubrimiento inevitable, buena fe y
proporcionalidad. Aunque la literatura es algo inconsistente en cuanto al
alcance y la aplicación de estas excepciones, en algunos estudios, estas
excepciones se defienden como necesarias para la preservación de las pruebas,
mientras que, en otros, se señala que la aplicación frecuente de las
excepciones puede poner en peligro la protección de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, la literatura está de acuerdo en que las excepciones deben
aplicarse de manera restrictiva y bajo un control intenso de los tribunales,
para garantizar el equilibrio entre la eficiencia del enjuiciamiento penal y la
protección de los derechos y garantías constitucionales.
Discusión
Las discusiones derivadas de la presente revisión bibliográfica
evidencian que existe un amplio consenso respecto a la necesidad de excluir las
pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales como mecanismo de
protección del debido proceso. Según Gómez-Salcedo
Como otros, los hallazgos muestran que el descubrimiento de pruebas es
clave para el control previo de la legalidad de las pruebas. Esta evaluación
está en línea con lo que afirman Velandia et al.
Por otra parte, uno de los aspectos más debatidos dentro de la
literatura especializada se relaciona con las excepciones a la regla de
exclusión probatoria. Al respecto, Al-Shamari
Conclusión
La revisión
bibliográfica permitió determinar que los principales criterios jurídicos y
doctrinarios que regulan la admisibilidad y exclusión de la prueba ilícita
dentro del descubrimiento probatorio se fundamentan en la protección de los
derechos fundamentales, la aplicación de la regla de exclusión probatoria y el
respeto al debido proceso. Los estudios analizados coinciden en que el
descubrimiento probatorio constituye una garantía esencial para el ejercicio
del derecho de defensa y la contradicción, al permitir que las partes conozcan
y cuestionen oportunamente la legalidad de los elementos de convicción. La
literatura también demuestra que la admisibilidad de la prueba debe someterse
al cumplimiento de principios constitucionales y procesales. Esto significa que
la prueba recabada mediante conductas ilegales no puede producir efectos
legales en el proceso penal.
Respecto a la
incorporación de pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales, la
incorporación de dichas pruebas afecta negativamente al debido proceso, al
derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y a la legitimidad de las
decisiones judiciales. La literatura también muestra un aumento en el riesgo de
errores judiciales, violaciones de derechos fundamentales y una disminución en
la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Por lo tanto,
la exclusión de las pruebas ilícitas se consolida como una garantía fundamental
para la integridad del proceso penal y que las decisiones judiciales se dicten
en base a pruebas obtenidas en cumplimiento de la Constitución y la ley.
La última cosa
que necesitamos discutir sobre la exclusión de pruebas son las principales
excepciones que establece un inventario bibliográfico. Estas incluyen fuente
independiente, descubrimiento inevitable, buena fe y proporcionalidad. La
mayoría de los casos que estudiamos operaban bajo la creencia de que un enfoque
de control judicial estricto significaría que las excepciones se aplicarían de
manera restrictiva. El objetivo de esto era asegurar que menos pruebas fueran
excluidas sin que ello implicara una debilidad en las protecciones de los
derechos fundamentales. Por ello, el principal desafío contemporáneo consiste en
mantener un equilibrio adecuado entre la eficacia de la investigación penal y
la tutela efectiva de las garantías constitucionales que caracterizan a un
Estado de derecho.
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[1] Abogada por Universidad de
Guayaquil. Máster en
Derecho Constitutional, Derechos Humanos y Derecho Penal por
Universidad de Salamanca. orcid.org/0009-0009-5846-7459; ruth.quevedo@hotmail.com