Movimientos
sociales y sociología comunitaria en la costa ecuatoriana: resistencias,
prácticas y desafíos actuales y entorno legal
Social Movements and Community Sociology on the Ecuadorian Coast: Resistances, Practices, Current Challenges, and Legal Environment
Susana Cedeño Solórzano
John Herrera Rivera
César Garcés Miranda
Derecho Crítico: Revista
Jurídica Ciencias Sociales y Políticas
Fecha de
recepción: 15/01/2026
Fecha de aceptación: 29/04/2026
Social Movements
and Community Sociology on the Ecuadorian Coast: Resistances, Practices, Current Challenges, and Legal Environment
Susana Cedeño Solórzano, MSc[1]
John Herrera Rivera, MSc[2]
César Garcés Miranda, MSc[3]
|
Como
citar:
Cedeño Solorzano, S., Herrera Rivera, J., Garces Miranda, C. (2026). Movimientos
sociales y sociología comunitaria en la costa ecuatoriana: resistencias,
prácticas y desafíos actuales y entorno legal. Derecho Crítico: Revista
Jurídica, Ciencias Sociales y Políticas. 9(9) 1-26. DOI: 10.53591/dcjcsp.V9I9.3465 |
Resumen: El artículo tiene como objetivo general analizar el
papel de los movimientos sociales en la costa ecuatoriana desde la sociología
comunitaria, identificando sus trayectorias, prácticas, desafíos actuales y su
relación con el entorno jurídico. La investigación emplea una metodología
cualitativa basada en entrevistas en profundidad, grupos focales e
investigación-acción participativa, promoviendo el diálogo de saberes y la
construcción colectiva del conocimiento con actores comunitarios. Los
resultados evidencian que los movimientos sociales han fortalecido procesos de
resistencia, organización y formación política, incidiendo en la agenda
pública, la defensa territorial y la participación democrática. Asimismo, se
destaca el reconocimiento constitucional de derechos colectivos y de la
naturaleza como avances relevantes. Se concluye que, pese a logros
significativos, persisten desafíos como la exclusión urbana, la criminalización
de la protesta y la cooptación de liderazgos.
Palabras
claves: Movimientos sociales; Sociología comunitaria; Derechos
colectivos; Costa ecuatoriana
Abstract:
The general objective of this
article is to analyze the
role of social movements on the Ecuadorian coast from the perspective of community sociology, identifying their trajectories, practices, current challenges, and
relationship with the legal framework.
The research employs a qualitative methodology based on in-depth
interviews, focus groups,
and participatory action-research,
promoting the dialogue of knowledges and the collective construction of knowledge alongside community actors. The results demonstrate that social movements have strengthened processes of resistance,
organization, and political
education, influencing the
public agenda, territorial defense, and democratic participation. Furthermore, the constitutional recognition of collective rights
and the rights of nature is highlighted as significant progress. It is concluded that, despite significant
achievements, challenges such as urban exclusion,
the criminalization of protest, and the co-optation of leadership persist.
Keywords:
Social movements; Community
sociology; Collective rights; Ecuadorian coast.
Existe
una necesidad urgente de comprender las transformaciones sociales, políticas y
culturales que atraviesa el país, especialmente en un contexto de creciente
desigualdad, inseguridad y debilitamiento de la democracia. La costa
ecuatoriana se presenta como un escenario donde convergen diversas
problemáticas estructurales, tales como la pobreza, el desempleo, la violencia,
exclusión política, marginación, discriminación, entre otras; lo cual afecta
directamente el tejido social y la vida comunitaria.
Como
resultado, los grupos sociales se han consolidado sobre la base a sus
características e intereses comunes, los cuales han buscado alternativas frente
a los problemas mencionados. Ya lo menciona Ponce Lara et al
A
través de este enfoque, es posible identificar cómo las comunidades de la costa
desarrollan estrategias de resistencia, cooperación y autogestión frente a los
desafíos del contexto nacional, reivindicando su derecho a la participación, a
la tierra, al ambiente y a una vida digna.
Asimismo,
existe una justificación desde la academia y la relevancia social.
Académicamente se contribuye a ampliar el conocimiento sobre los movimientos
sociales contemporáneos en Ecuador, integrando experiencias locales con debates
globales sobre ciudadanía, democracia y justicia social. Desde el plano social,
su importancia radica en la posibilidad de visibilizar las voces y experiencias
de comunidades históricamente relegadas, reconociendo su papel activo en la
construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva. El análisis se
profundiza al comprender como los movimientos sociales de la costa han sido
participes de modelos de desarrollo donde predomina un grupo étnico, y esas
políticas de Estado que deberían garantizar su derecho y su identidad, desde
una forma de participación ciudadana, en diversas ocasiones no se termina por
focalizar en las comunidades.
El
Ecuador atraviesa una compleja coyuntura social y política marcada por el
incremento de la inseguridad, la profundización de las desigualdades y una
crisis democrática que ha debilitado la confianza ciudadana en las
instituciones del Estado. Las brechas económicas y sociales entre los distintos
sectores del país se han ampliado, afectando de manera particular a las
comunidades de la costa ecuatoriana, donde los procesos de exclusión,
precarización laboral y vulnerabilidad social se expresan con mayor intensidad.
Tal como indica Macías
Desde
esta perspectiva, emergen los movimientos sociales como actores en la defensa
de los derechos, la justicia social y la participación democrática, y la
defensa de la identidad cultural. Sin embargo, sus dinámicas, estrategias y
discursos requieren ser comprendidos desde una perspectiva sociológica que
reconozca las particularidades territoriales y culturales de la región del
litoral ecuatoriano. La sociología comunitaria, en este sentido, ofrece
herramientas teóricas y metodológicas que permiten analizar las luchas
colectivas desde la base social, visibilizando las experiencias locales, los
liderazgos comunitarios y las redes de resistencia que enfrentan los efectos
del modelo extractivista, las desigualdades de género y la exclusión política.
Por otra parte, existe un aporte a la región latinoamericana, según lo
ejemplifica Giraldo
Ante
esta problemática se presentan las preguntas que sirven en el desarrollo de este
artículo, tales como: ¿De qué manera la sociología comunitaria permite
interpretar estos movimientos sociales? ¿Cuál ha sido el rol que estos
movimientos han asumido en la realidad social ecuatoriana? ¿Cuáles son los
desafíos actuales y futuros para los movimientos sociales de la costa?
Es
necesario enfatizar las características comunes de los movimientos sociales. Se
parte del hecho que el ser humano, desde la concepción filosófica aristotélica,
es un ente viviente cuya característica elemental es la capacidad de
razonamiento; un “animal racional” como lo denominaría el filosofó helénico.
Desde esta perspectiva, se enfatiza en el aspecto común de la persona va
encauzado a construir relaciones sociales con sus pares. De tal manera que
naturalmente se van constituyendo las sociedades. según Ariza
Ahora
bien, se comprende que los individuos naturalmente interactúan en agrupaciones;
con ello cada ser posee un sentido de criterio y percepción distinto al otro.
Lo cual puede interpretarse como una razón individual que lo incita a manejar
una postura autónoma y propia. Sin embargo, pese a esa condición, goza de
aspectos comunes entre sus pares. Estos suelen estar asociados a condiciones
culturales, lingüísticas, étnicas, intereses comunes; entre otros aspectos que
le permiten distinguirse ya no solo por autodeterminación, sino además por
compartir estos aspectos con otros individuos. De esta manera se crean los
movimientos sociales, y su persistencia conlleva implícito una característica
de autenticidad, e ideas asociadas de la agrupación que les permite considerarse
como un movimiento. Páez Ochoa
En
principio, hay que afirmar que las sociedades y las civilizaciones en el
tiempo, se han edificado a fuerza de los lazos culturales y la interacción
únicamente, es una tesis incompleta, pues toda representación colectiva en
términos de lo religioso, lo económico o lo político proviene en principio de
unas necesidades de tipo personal e individual
Ya
en este punto en necesario definir los movimientos sociales como agrupaciones
de individuos que comparten un aspecto común. Este aspecto, puede ser cualquier
circunstancia que delimita la percepción del grupo. Mario Silvio Gerlero
Cabe
plantear una diferencia, para garantizar una contextualización plena a lo largo
de la lectura. Si bien, la definición objetiva de los movimientos sociales
aplica para aquellos grupos con finalidades comunes, para esta obra se tomará
en consideración únicamente los movimientos sociales de la región costa del
Ecuador.
Compréndase que la sociedad ya aparece como el
resultado de la interacción de individuos, en el cual convergen por fines y
propósitos comunes. Las pre-civilizaciones tenían
como objetivo básico el de supervivencia. Ya en la edad antigua los contextos
evolucionaron, y a medida creció la población, las necesidades que surgieron
fueron más organizativas. Siendo de este modo, que la interacción de individuos
se mantuvo como la base de la estructura social, pero a raíz del aumento de
población. La posterior distribución de los recursos, y la diversificación de
los fines, surgen la distribución de clases sociales. Lo que se puede denominar
la primera segmentación de grupos sociales.
Esto generó un proceso natural de organización
colectiva con el fin de manifestar necesidades. Parte de las nociones de Cantú
Sanders
En la antigüedad, los movimientos sociales no
se concebían como tales en un sentido moderno, pero existieron manifestaciones
colectivas que anticiparon las características de lo que posteriormente se
reconocería como acción social organizada. En las civilizaciones egipcia,
griega y romana, los sectores subalternos protagonizaron resistencias contra
los abusos de poder y la desigualdad social. Existe investigación académica que
ampara los hechos de manifestaciones sociales en la civilización egipcia.
Castañeda Reyes profundizó sobre las revoluciones sociales que hubo en el
Egipto Antiguo[6],
como una respuesta a un sistema de clases sociales que desfavorecía a los
obreros. El autor expresa que este tipo de manifestación buscaba alterar las
estructuras establecidas dentro de la sociedad incidiendo en los conceptos de
propiedad y producción. Por lo que, demuestra un aspecto de conciencia
colectiva que responde a un interés común.
En la antigua Grecia, aunque se reconoce
principalmente la tradición filosófica y democrática, también existieron
conflictos sociales asociados a la desigual distribución de tierras y al poder
oligárquico. Sin embargo, es necesario acotar que autores como Finley[7]
plantean que los esquemas de división de clases tal como la conocemos hoy en
día, no puede trasladarse a la interpretación del funcionamiento de clases de
la edad antigua. Pues se debe tomar en consideración otros aspectos para
determinar cómo se manejaban esas estructuras sociales; tales como el orden, la
clase y el status a que pertenecen.
En el escenario de la antigua Roma destacaron
conflictos entre las dos clases marcadas[8],
que eran patricios y plebeyos. El enfrentamiento se dio origen por las
profundas desigualdades sociales y políticas existentes entre ambos grupos.
Aquello conllevo al grupo menos favorecido, en este caso los plebeyos; a
ejecutar una rebelión en el año 494 a.C. La importancia y consecuencia de esta
secesión fue la creación de instituciones cuya finalidad se centró en la
defensa de derechos y atención a los reclamos de los plebeyos dentro de la
sociedad. Es decir, existió una respuesta por parte del Estado primitivo romano
ante la atención de las necesidades de este grupo social. En este punto, se
puede indicar que si bien hasta ahora, se ha tomado en cuenta que los
movimientos sociales de la edad antigua surgieron de una clase bien delimitada,
a su vez comparten las características que deben tener, tales como una
organización interna, intereses comunes, entre otros.
Comprender
el rol de la sociología comunitaria para el aporte de esta obra, implica
definir la configuración de esta como una propuesta teórica, metodológica y
ética, la cual permite entender las dinámicas sociales desde las experiencias
concretas de las comunidades y su interacción con los procesos estructurales
que condicionan su existencia. En este sentido, la sociología comunitaria actúa
como un puente entre la teoría y la práctica, pues su objetivo no es únicamente
describir los fenómenos sociales, sino acompañar los procesos de transformación
que las comunidades impulsan desde sus propios territorios. Para Maroto y Muñoz
Por
otra parte, en el escenario epistemológico, esta rama de la sociología
cuestiona las lógicas positivistas y tecnocráticas que han dominado la
producción del conocimiento social. Para Montoya
Las
comunidades son entendidas como espacios vivos, atravesados por conflictos,
resistencias y relaciones de cooperación que revelan la complejidad del tejido
social. En ellas se materializan las disputas por el territorio, la identidad,
la soberanía cultural y la justicia social, convirtiéndose en escenarios para
comprender las transformaciones sociales contemporáneas.
A
lo largo de los siglos XX y XXI, estos movimientos han transitado por distintas
fases históricas marcadas por contextos de desigualdad, autoritarismo, reformas
neoliberales y procesos de democratización. Su evolución ha estado ligada a la
defensa de los derechos sociales, la reivindicación de la justicia, la
participación política y la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo y
convivencia. Este enfoque relacionado al empoderamiento cívico y promoción de
la descentralización lo plantea además Tamayo y Agartan
quienes expresan:
Este
cambio de paradigma, impulsado por la capacidad creativa y productiva de las
personas para constituir su vida política, pretende trastocar los órdenes
sociales existentes que perpetúan la desigualdad y la marginación, permitiendo
que las voces excluidas reclamen su parte en el panorama político
Durante
el siglo XX, América Latina vivió una serie de transformaciones políticas y
sociales que propiciaron el surgimiento de movimientos obreros, campesinos y
estudiantiles, los cuales cuestionaron las estructuras de poder heredadas del
colonialismo y el modelo económico dependiente. En las primeras décadas, los
movimientos sociales se vincularon estrechamente a las luchas laborales y
sindicales, que se consolidaron como respuesta a las condiciones de explotación
impuestas por las economías agroexportadoras. En paralelo, el proceso de
industrialización sustitutiva y la expansión urbana de mediados del siglo XX
dieron origen a nuevos sujetos sociales, como los trabajadores urbanos, los
estudiantes y las clases medias emergentes. En ese contexto de mediados del
siglo existió una tendencia en plena guerra fría, e influenciada por la
Revolución Cubana que provocó un clima de efervescencia política de inspiración
para una generación comprometida con la transformación social y la resistencia
frente al imperialismo. Esta era producto de la falta de conexión entre los gobiernos
y las realidades de estos grupos sociales, mismos que comenzaron a actuar como
grupos de presión. Svampa
Padilla
Durante
los primeros años del siglo XXI, la región experimentó un cambio significativo
con el ascenso de gobiernos progresistas de tendencia de izquierda, como los de
Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Luiz Inácio Lula da Silva en
Brasil. Desde la óptica de Betancourt
En
el contexto más amplio de América Latina, los movimientos sociales del siglo
XXI se han caracterizado por su diversidad, transversalidad y uso de nuevas
tecnologías. Las redes sociales, las plataformas digitales y la comunicación
comunitaria han transformado las formas de organización y protesta. Movimientos
feministas, las luchas por el matrimonio igualitario y los colectivos
ambientalistas transnacionales han renovado las agendas políticas y discursivas
de la región. Asimismo, los movimientos indígenas y montubios continúan
desempeñando un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes y la
soberanía territorial frente a las amenazas del extractivismo,
la globalización y gobiernos autoritarios[11].
En
la historia reciente se ha estado profundamente marcada por la acción de
diversos movimientos sociales que, desde sus particularidades y luchas, han
incidido en la transformación política, económica y cultural del país. Los
movimientos no solo han demandado derechos y justicia social, sino que también
han aportado a la construcción de una democracia más participativa e inclusiva,
reivindicando el papel de los sectores históricamente marginados.
El
movimiento indígena desde su génesis puede rastrearse a través de las luchas
comunitarias de resistencia, estas con un enfoque contra el colonialismo y el
sistema de haciendas durante los siglos XIX y XX según lo plantea Zibechi
Los
obreros por su parte han sido un movimiento cuyo interés común es la
reivindicación de los derechos laborales. Puesto que la noción previa se
fundamentaba en un derecho de contratación, donde prevalecía la propiedad.
Dicho en palabras de Gamonal Contreras:
Dichas
concepciones implicaron que el sujeto económicamente más fuerte disponía de las
cosas y de los hombres (…) Esto permitió abusos, como la utilización del
trabajo de niños de hasta cinco años de edad, de mujeres embarazadas, de
hombres de todas las edades, con jornadas laborales de hasta 16 horas diarias,
de lunes a domingo, sin vacaciones, y con una paga miserable si es que no se
les remuneraba solo con un plato de comida
A
su vez, se conforma en un movimiento universal, con una voz activa en
diferentes partes de mundo. En el contexto ecuatoriano su origen se remonta a
las primeras décadas del siglo XX, cuando la expansión del liberalismo
económico y la consolidación de una economía agroexportadora generaron
condiciones laborales precarias y desiguales. Producto de esas explotaciones en
las haciendas, los talleres y las incipientes industrias urbanas impulsó la
organización de los trabajadores en sindicatos y federaciones. Una situación
similar atravesó el movimiento montubio, desde la perspectiva de trabajadores
del campo.
A
diferencia de otros territorios donde la movilización ha estado fuertemente
marcada por reivindicaciones étnicas o campesinas, en la Costa las luchas
sociales han tenido una impronta diversa, vinculada a problemáticas urbanas,
laborales, ambientales y comunitarias. Provincias como Guayas, Manabí,
Esmeraldas y Los Ríos han sido escenarios de procesos organizativos que,
partiendo de la resistencia local, han evolucionado hacia formas más complejas
de incidencia política. En el escenario público sustenta Yumisaca
y Mendoza
Este
proceso de resistencia implica la articulación de demandas concretas y la
construcción de espacios de deliberación colectiva. En una primera etapa, las
comunidades recurren al diálogo institucional, a través de peticiones formales,
mesas técnicas o reuniones con autoridades locales. No obstante, ante la falta
de respuestas efectivas, la movilización puede escalar hacia manifestaciones
públicas, paralizaciones de actividades productivas y protestas masivas.
En
la Costa también han emergido movimientos ambientales y comunitarios que se
oponen a proyectos extractivos o a actividades que generan contaminación en
manglares y zonas marinas. Cárdenas
De
esta manera, los movimientos sociales costeros se han convertido en grupos de
presión cuya fuerza radica, como lo plantea León et al
Los
métodos cualitativos se emplean para comprender los significados, motivaciones
y experiencias subjetivas de los actores sociales involucrados. Hernández
Sampieri plantea que la entrevista en profundidad permite explorar las
narrativas individuales[12], las percepciones sobre
la injusticia, los procesos de construcción identitaria y las estrategias de
movilización. Asimismo, los grupos focales facilitan la identificación de
consensos y divergencias dentro del colectivo, evidenciando los marcos
interpretativos compartidos que sostienen la acción colectiva.
Producto
de la aplicación de estos instrumentos de investigación, se logró crear una
convivencia con los actores y representantes pertenecientes a estos movimientos
del litoral. Esta región, conformada por provincias como Esmeraldas, Manabí,
Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro, se caracteriza por su diversidad
cultural, étnica y productiva, así como por la presencia de comunidades
afroecuatorianas, montubias y campesinas que han desarrollado procesos propios
de organización y gestión del conocimiento. En este contexto, la investigación
comunitaria ha superado el enfoque tradicional extractivista, en el cual los
investigadores externos recopilan información sin generar procesos de
retroalimentación o incidencia real en las comunidades. Por el contrario, las
experiencias contemporáneas en la costa ecuatoriana se sustentan en principios
de participación activa, diálogo de saberes y construcción colectiva del
conocimiento. La metodología más empleada, aplicada también por Gueledel y Borja
Sobre
la dimensión pedagógica, los movimientos sociales se constituyen en escenarios
de formación política y ciudadana. A través de la discusión colectiva de
problemáticas sociales, como la desigualdad, la discriminación o la exclusión,
se genera un proceso de concienciación que permite a las personas reconocer las
estructuras de poder que condicionan su vida cotidiana. Este proceso formativo
no ocurre en espacios formales institucionalizados, sino en ámbitos
comunitarios donde la experiencia vivida se convierte en fuente legítima de
conocimiento. De este modo, se produce una resignificación del saber, que deja
de ser patrimonio exclusivo de instituciones académicas y pasa a construirse
desde la praxis social.
Desde
una perspectiva metodológica, la pedagogía de los movimientos sociales se
caracteriza por su carácter participativo, horizontal y reflexivo. Se
privilegia el aprendizaje colectivo, el intercambio de experiencias y la acción
como medio para consolidar conocimientos. La práctica se convierte en un
espacio de experimentación donde se evalúan estrategias, se corrigen errores y
se fortalecen capacidades organizativas. En consecuencia, la acción colectiva
no es únicamente un medio para alcanzar demandas específicas, sino también un
proceso continuo de formación y transformación social.
La
evolución del constitucionalismo en el Ecuador posee una trayectoria en la cual
se diversifica la naturaleza de éste. Compréndase naturaleza, como aquel
impulso sobre el cual se establece una nueva Constitución. El caso ecuatoriano
en particular, su historia constitucional es a través de etapas[13]. La primera se
caracterizó por la preservación de un dominio elitista, asentando una base
pseudo colonial. Si bien los procesos de independencia conllevaron el
desconocimiento de la corona como fuente legítima de poder y gobierno; distante
estuvo de generar trasformaciones en las estructuras sociales. Se mantuvo una
especie de sistema “pseudo colonial”, si bien la corona ya no tenía dominio
político, fueron los criollos y terratenientes quienes ejercieron el poder.
Desde allí la naturaleza constitucional de los inicios de la república, se
caracterizó principalmente por la limitación de acceso a los derechos, eran
reconocidos, pero no todos tenían acceso a ellos.
Entre
mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el constitucionalismo
se caracterizó por una marcada dualidad ideológica entre corrientes
conservadoras y liberales, cuya confrontación incidió decisivamente en la
organización del poder político y en la orientación de las políticas públicas. El conservadurismo defendía la preservación
del orden tradicional, el fortalecimiento de la autoridad central, la estrecha
relación entre Iglesia y Estado y una participación política restringida. En
contraste, el liberalismo promovía la separación Iglesia-Estado, la ampliación
de derechos y libertades individuales, el laicismo, la educación pública y la
modernización económica. Esta tensión se materializó en reformas
constitucionales y conflictos políticos, dando lugar a un proceso evolutivo
caracterizado por avances y retrocesos que configuró sistemas políticos
híbridos, integradores de elementos de ambas corrientes y precursores de los
Estados contemporáneos. No obstante, una parte sustancial de las reformas
liberales respondió a la participación activa de los movimientos sociales.
En
este contexto, la transición desde un conservadurismo predominante hacia un
Estado de orientación liberal se consolidó a través de las revoluciones
montoneras lideradas por el general Eloy Alfaro. Estos grupos, vinculados al
movimiento social campesino, actuaron como una fuerza paralela al ejército
oficial que respaldaba al gobierno conservador. Su intervención evidencia la relevancia
histórica del movimiento campesino en la lucha por el reconocimiento de
derechos y la mejora de sus condiciones de vida.
La
etapa denominada “constitucionalismo social” comprende aproximadamente desde
1929 hasta 1978, abarcando una parte significativa del siglo XX y marcando una
transformación profunda en la concepción del Estado y del derecho. Durante este
periodo, las constituciones dejaron de limitarse a la organización del poder
político para incorporar de manera expresa derechos económicos, sociales y
culturales. En particular, desde la historia constitucional ecuatoriana
recabada por López y Aguirre
En
1998 se promulga una nueva Constitución en Ecuador que se inscribe dentro del
contexto regional marcado por la consolidación de políticas de corte neoliberal
en América Latina. Este texto constitucional se desarrolló en un escenario de
reformas orientadas a la tendencia neoliberal, lo que generó amplios debates
sobre el rol del Estado en la economía, la reducción de su intervención y la
redefinición de sus funciones sociales. Si bien estas orientaciones económicas
suscitaron críticas y posiciones contrapuestas, el verdadero hito histórico de
esta Constitución no se limitó al ámbito económico. Su contribución más
trascendental al constitucionalismo ecuatoriano fue el reconocimiento expreso
del pluralismo jurídico, que implicó un cambio profundo en la concepción del
sistema de justicia. Por primera vez se aceptó formalmente la coexistencia de
la justicia ordinaria estatal con los sistemas de justicia indígena basados en
normas, costumbres y tradiciones ancestrales. Este reconocimiento otorgó
legitimidad jurídica a prácticas históricas de resolución de conflictos, además
para Garáte et al
La
Constitución vigente del Ecuador, promulgada en 2008 y posteriormente ratificada
de manera informal en 2025[14], se inserta dentro de la
corriente del neoconstitucionalismo o constitucionalismo posmoderno, tendencia
que redefine el papel de la norma suprema como un instrumento dinámico de
transformación social. Este enfoque surgió en un contexto histórico marcado por
el auge del denominado socialismo del siglo XXI, fenómeno político que obtuvo
un amplio respaldo popular, especialmente entre los sectores históricamente
excluidos de América Latina. En este escenario, la Constitución del Ecuador
asumió una función garantista robusta, orientada a la ampliación y protección
integral de los derechos fundamentales. Sobre este contexto Walsh menciona:
Es
esta insurgencia que ha impulsado el repensar/refundar reflejado en las
recientes constituciones de Ecuador y Bolivia, las que apuntan a la
construcción de sociedades, Estados y modos de con-vivir radicalmente
distintos. Es esta resurgencia e insurgencia puestas en las coyunturas actuales
de no sólo estos dos países sino también a nivel continental, que provocan e
inspiran nuevas reflexiones y consideraciones pedagógicas y, a la vez, nuevas
relecturas en torno a la problemática histórica de la (des)humanización y
(des)colonización.
Uno
de los rasgos más distintivos de este texto constitucional es el reconocimiento
del garantismo como eje estructural del ordenamiento jurídico, lo que implica
que el Estado no solo debe respetar los derechos, sino también promoverlos y
asegurar su cumplimiento efectivo mediante políticas públicas, mecanismos de
participación ciudadana y control constitucional. Asimismo, se incorporan los
llamados derechos de cuarta generación, vinculados con el acceso a la
tecnología, la información, la diversidad cultural y la protección de
colectivos históricamente vulnerables. Un elemento innovador es la consagración
de la naturaleza como sujeto de derechos, superando la visión tradicional que
la concebía únicamente como objeto de explotación y extractivismo,
representando un logro para los movimientos sociales ambientales.
Las
ciudades, tradicionalmente concebidas como territorios de oportunidades, se han
convertido también en escenarios donde convergen múltiples formas de
discriminación estructural y nuevas desigualdades que afectan de manera
diferenciada a diversos grupos sociales. Para García et al
Asimismo,
los procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria constituyen
fenómenos que generan desplazamientos forzados de poblaciones históricamente
asentadas en determinados barrios. La revalorización del suelo urbano,
impulsada por proyectos de renovación y desarrollo, incrementa los costos de
vivienda y expulsa a sectores de bajos ingresos hacia zonas periféricas. Esta
dinámica no solo afecta el derecho a la vivienda adecuada, sino también el
tejido comunitario y las redes de apoyo social construidas a lo largo del
tiempo. Frente a estas realidades, los movimientos sociales urbanos han asumido
un rol protagónico en la reivindicación del derecho a la ciudad, entendido como
la posibilidad de habitar, usar, transformar y participar activamente en la
gestión de los espacios urbanos. Sus luchas se orientan hacia la exigencia de
políticas inclusivas, presupuestos participativos, planificación territorial
con enfoque de derechos y mecanismos efectivos de no discriminación. No
obstante, estos movimientos enfrentan desafíos significativos, como la
criminalización de la protesta, la fragmentación interna y la dificultad de
articular agendas comunes en contextos de alta diversidad social.
La
criminalización de la protesta se manifiesta cuando el Estado, a través de sus
instituciones policiales, judiciales o administrativas, utiliza el aparato
normativo para deslegitimar y sancionar la movilización social. Fabra Parra
La
criminalización no solo opera mediante la sanción directa, sino también a
través de mecanismos simbólicos. La estigmatización mediática, la vigilancia
digital y la elaboración de discursos oficiales que califican a los movimientos
como desestabilizadores generan un efecto inhibidor en la participación
ciudadana. Este fenómeno produce autocensura y fragmentación organizativa,
debilitando el tejido social que sostiene las demandas colectivas. En el
contexto ecuatoriano de los últimos años, han existido movilizaciones por parte
de estos grupos, especialmente en la Sierra. Sin embargo, en la Costa también
se ha percibido la resistencia, sobre todo por parte de los movimientos
campesinos y montubios, contra políticas de gobierno que afectan su sector.
Paralelamente,
la cooptación de liderazgos constituye una estrategia más sutil pero igualmente
eficaz para neutralizar la capacidad transformadora de los movimientos
sociales. Esta práctica consiste en integrar a líderes o voceros en estructuras
estatales o partidistas, ofreciéndoles cargos, recursos o reconocimiento
institucional a cambio de moderar o abandonar posturas críticas. Si bien la
participación de líderes sociales en espacios de poder puede interpretarse como
un avance democrático, la cooptación se configura cuando dicha incorporación
implica la desarticulación de la base social o la pérdida de autonomía del
movimiento. La cooptación genera divisiones internas, disputas por legitimidad
y pérdida de confianza entre las bases y sus representantes. Además, transforma
la dinámica del liderazgo colectivo en una lógica individualizada, donde el
protagonismo personal reemplaza la construcción horizontal y comunitaria. En
muchos casos, los movimientos terminan fragmentados, debilitando su capacidad
de movilización y negociación.
Desafíos futuros: articulación transnacional, interseccionalidad,
luchas por el derecho a la ciudad.
La
articulación transnacional se ha convertido en una necesidad frente a la
globalización económica, tecnológica y política. Las problemáticas que motivan
la acción colectiva, como el cambio climático, la migración, la desigualdad
económica o la violencia estructural, poseen un carácter global que exige
respuestas coordinadas más allá del ámbito estatal. En este contexto, los
movimientos han encontrado en los espacios de convergencia internacional; sin embargo,
sigue siendo un reto el acceso a estos espacios internacionales, más aún si los
movimientos sociales carecen de una estructura organizativa.
Asimismo, la interseccionalidad teoría
propuesta por Crenshaw[15], constituye un desafío
teórico y práctico. Esta perspectiva sostiene que las opresiones no actúan de
manera aislada, sino que se entrecruzan produciendo experiencias diferenciadas
de discriminación y exclusión. Para los movimientos sociales, asumir la
interseccionalidad implica reconocer que las luchas de género, clase, etnia,
orientación sexual, discapacidad o territorio no pueden abordarse de forma
fragmentada. López Carrillo
Las
luchas por el derecho a la ciudad emergen como un eje central en la agenda de
los movimientos urbanos. Rodríguez et al
Conclusiones
generales
En
primer término, la investigación evidencia que las dinámicas organizativas en
provincias costeras como Esmeraldas, Manabí, Guayas y Los Ríos han evolucionado
desde formas locales de resistencia comunitaria hacia estrategias más complejas
de incidencia institucional y articulación multiescalar. Las demandas
vinculadas a la defensa del territorio, la pesca artesanal, el trabajo digno,
la protección de ecosistemas estratégicos y el derecho a la ciudad revelan una
comprensión amplia de los derechos colectivos, en la cual confluyen dimensiones
económicas, culturales y ambientales. Se constató que la activación de la
movilización social responde, en numerosos casos, a la implementación de
políticas públicas percibidas como excluyentes o impuestas sin mecanismos
adecuados de consulta y participación. Reformas económicas, concesiones
extractivas, proyectos de infraestructura y procesos de reordenamiento urbano
han operado como catalizadores de la acción colectiva. No obstante, el estudio
demuestra que estos movimientos trascienden la lógica reivindicativa inmediata,
al constituirse también en espacios de formación política, producción de
saberes y fortalecimiento del tejido comunitario.
Desde
el punto de vista teórico y metodológico, la sociología comunitaria se
consolida como un marco interpretativo idóneo para el análisis de los
movimientos sociales en la costa ecuatoriana. Este enfoque permite superar
aproximaciones estructuralistas o institucionalistas que reducen la acción
colectiva a variables macroeconómicas o a dinámicas exclusivamente políticas,
incorporando la centralidad del territorio, la cultura y la experiencia vivida.
La sociología comunitaria revaloriza el territorio como espacio de producción
de sentido y como escenario de disputa simbólica y material. Las luchas no
pueden comprenderse al margen de las prácticas cotidianas, las economías
locales y las memorias históricas que configuran cada comunidad.
El
enfoque reconoce a los actores sociales como sujetos epistémicos. A través de
metodologías participativas se evidencia que el conocimiento no es patrimonio
exclusivo de la academia, sino resultado de procesos dialógicos y colaborativos.
Esta perspectiva redefine el rol del investigador, quien asume una posición
ética y políticamente comprometida con la transformación social. La sociología
comunitaria aporta una comprensión integral de la acción colectiva como proceso
formativo. Los movimientos sociales no solo persiguen objetivos
reivindicativos, sino que constituyen espacios pedagógicos donde se construyen
subjetividades políticas, se desarrollan capacidades organizativas y se ensayan
prácticas democráticas horizontales.
Las
conclusiones del estudio tienen implicaciones sustantivas para el diseño de
políticas públicas orientadas a la inclusión y la profundización democrática.
Se reafirma la necesidad de fortalecer mecanismos efectivos de participación
ciudadana, superando modelos meramente consultivos y promoviendo instancias
vinculantes en la planificación territorial, la gestión de recursos naturales y
la formulación presupuestaria. Se requiere la adopción de un enfoque
interseccional que reconozca la convergencia de desigualdades estructurales
asociadas a clase, género, etnia y territorio. Las luchas por el derecho a la
ciudad demandan políticas urbanas que garanticen acceso equitativo a vivienda,
servicios básicos, movilidad y espacios públicos, evitando procesos de segregación
socioespacial y desplazamiento forzado.
Por
otra parte, resulta imprescindible consolidar un marco institucional que
garantice la protección del derecho a la protesta y prevenga su
criminalización. Una democracia sustantiva exige reconocer la movilización
social como expresión legítima de participación política y como mecanismo de
control ciudadano frente al poder público.
Se
llega a la conclusión que los movimientos sociales de la costa ecuatoriana
representan un componente esencial para la revitalización democrática. Su
capacidad de articulación territorial, producción de conocimiento y defensa de
derechos colectivos no solo interpela al Estado, sino que contribuye
activamente a la construcción de un modelo de desarrollo más equitativo,
intercultural y participativo.
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[1] Licenciada en comunicación social y abogada por Universidad de Guayaquil.
orcid.org/0009-0001-5191-6153; susana.cedenos@ug.edu.ec
[2] Ingeniero en Estadística Informática por ESPOL, Máster en Administración
por Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEG. orcid.org/0000-0003-3689-9006;
john.herrerar@ug.edu.ec
[3] Sociólogo por Universidad de Guayaquil, Máster en Diseño Curricular por
Universidad de Guayaquil. orcid.org/0009-0001-1978-834X;
cesar.garcesm@ug.edu.ec
[4] Ariza Goenaga Miguel. La noción
aristotélica de ciudadano: una realización ético-política. tesis de maestría en
filosofía, Universidad del Norte. Pág. 61-62
[5] Gerlero,
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[7] Finley, La economía de la
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[8] Alonso Alejandro, Josu. 2020,
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[12] Hernández Sampieri (2003).
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[13] Sánchez Pazmiño, Felipe (2026).
Considerando la recopilación de resultados mediante entrevistas, Sánchez
clasifica la historia constitucional del Ecuador a través de etapas
delimitadas, que responden a los contextos históricos de cada proceso
constituyente. Estas etapas son el constitucionalismo pseudo colonial, el
dualista conservador-liberal, el social, el neoliberal, y finalmente el
posmoderno que responde a la corriente de neoconstitucionalismo, la cual
influyó en el proceso constituyente del 2008. Además, considera que el
Referéndum y Consulta Popular 2025 llevada a cabo en noviembre de ese año en
Ecuador, significó en la práctica y de una manera informal, una ratificación de
la Constitución promulgada en el 2008. Lo cual da como efecto que el Ecuador se
mantenga aún en la etapa posmoderna a la que ha hecho referencia; hasta que
otro proceso constituyente, o de reformas de impacto trascendental pueda
responder a nuevas corrientes iusfilosóficas.
[14] Ibidem
[15] Crenshaw,
Kimberlé (1991). Extraído de Desigualdades complejas
e Interseccionalidad: Una revisión crítica.